Algo se ha movido en la ley de vivienda pero no parece suficiente, o no al menos para Podemos, que haga pensar en un acuerdo a corto plazo. La propuesta pasa por congelar los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, que en principios sólo iba a ser de aplicación para las prórrogas de los contratos y Podemos ha logrado extenderlo también a los contratos nuevos.

En el Ministerio de José Luis Ábalos explican que dicha propuesta la pusieron sobre la mesa "hace dos meses" y estaban a la espera de respuesta por parte de los socios de Gobierno. En Podemos arguyen que "es un pequeño avance conseguido hace semanas", con la novedad de que se extiende también, como antes se ha dicho, a los contratos nuevos.

Pero todavía falta, subrayan, otorgar capacidad a los ayuntamientos, no para congelar los precios, sino para rebajarlos, que es el objetivo de Podemos "y lo que se pactó hacer con el PSOE", apostillan. "Esto todavía no cumple lo que se ha firmado, pero pone la primera piedra", insisten desde el momento en que se apunta ya a una intervención de los precios.

El Ministerio de Belarra no parece estar por la labor de aceptar un texto que no cumpla todos y cada uno de los requisitos que exigen, aunque eso sea a costa de que no prospere la congelación de los alquileres y otras medidas sobre las que sí hay acuerdo como los desahucios o la vivienda vacía. Ábalos insiste por actuar sobre la oferta a base de incentivos fiscales.

Conversación Ábalos entre Rufián

El titular de Agenda Urbana fue interrogado al respecto durante la sesión de control al Gobierno y posteriormente mantuvo una conversación con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, según ha podido saber El Independiente. Estas formación quiere una ley estatal que dé cobertura a la ley catalana, hoy recurrida, que no suspendida, ante el Constitucional. Para los republicanos independentistas se trata de un texto fundamental sobre el que condicionaron, entre otras cosas, su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para este año. La congelación de los alquileres no supondría un paraguas legal para el texto catalán.