La Fiscalía ha ordenado a la Guardia Civil que localice a once menores inmigrantes fugados de los apartamentos Puerto Bello, en Mogán (Gran Canaria), donde estaban acogidos, en el marco de la investigación abierta para esclarecer la presunta comisión de delitos sexuales en este recurso de emergencia, como han denunciado trabajadores del mismo.

Según ha informado a Efe este miércoles la portavoz y fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, entre los fugados se presume que se encuentre una posible víctima de abusos, a la que alude la denuncia que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, entregó este martes al Ministerio Fiscal, un escrito anónimo de trabajadores de este centro provisional de acogida enviado a este Ayuntamiento el 10 de junio en un correo electrónico.

La Fiscalía ha dado orden también de localizar a todos los trabajadores y educadores que han pasado por el centro para tomarles declaración, después de que este martes lo hiciera el responsable de los menores inmigrantes alojados en Puerto Bello, quien aseguró "no saber nada" de los supuestos hechos ocurridos en marzo, ya que fue nombrado en el cargo el pasado lunes y lleva un mes trabajando en este recurso.

Sánchez ha insistido en que en la denuncia que hacen los trabajadores se relatan hechos que no se habían puesto con anterioridad en conocimiento de la Fiscalía, como son la presunta comisión de agresiones sexuales y el ejercicio de la prostitución.

En cualquier caso, ha recalcado que esta denuncia "hay que valorarla en su justa medida", ya que se ha presentado en el Ayuntamiento y en la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, en lugar de en un juzgado y en la Guardia Civil, como corresponde, si bien se investigará como todas las anónimas que llegan.

Ha reiterado que desde la Fiscalía se ha instado desde hace meses a la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia del Gobierno canario a que realoje a estos menores en unas instalaciones adecuadas, ya que habían tenido conocimiento de peleas entre ellos e insultos a los monitores, entre otros incidentes, pero no hechos tan graves como los revelados en la denuncia.

La alcaldesa de Mogán puso en conocimiento del Ministerio Público "los supuestos casos de agresión sexual, prostitución, violencia física y otras irregularidades que tendrían lugar" en estos apartamentos, ubicados en la localidad turística de Puerto Rico, que opera en la actualidad como recurso de emergencia para la acogida de menores extranjeros no acompañados.

El informe remitido por "un grupo de trabajadores anónimos de la Fundación Respuesta Social S.XXI relata de forma precisa cómo una auxiliar técnico educativo comunica que un grupo de menores le ha reportado las repetidas agresiones sexuales que ha sufrido un menor –identificado incluso por sus iniciales– por parte de otros dos usuarios alojados en el centro, ya certificados como mayores de edad", según afirmó este martes en un comunicado el Consistorio de Mogán.