La defensa del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ante las causas que todavía mantiene activas en España ha solicitado el sobreseimiento de las querellas presentadas contra su cliente por contar con una finalidad "política" y "aprovecharse de criterios oportunistas", según expresa en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia al que ha tenido acceso El Independiente. El abogado que ejerce la defensa, Manuel Ollé, se refiere a la presentada en 2007 y a la más actual de abril de este año. El letrado basa su solicitud en la "inexistencia de indicios" de que su cliente haya cometido los delitos que se le achacan en la querella interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) por haber cometido supuestamente graves delitos como torturas o genocidio.

Según la defensa, las acusaciones, tanto las particulares como las populares, "están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la justicia", dado que tratan de "evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario y la la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)", de la que Ghali es presidente. Asimismo, Manuel Ollé asegura que se han instrumentalizado las querellas contra el líder polisario con el objetivo de atacarle "ferozmente" por haberse convertido en "una figura
histórica en la lucha por del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui", así como en "un referente de este pueblo por su trabajo durante más de 50 años".

En los años en los que Ghali supuestamente habría cometido estos graves delitos, el cargo que ocupaba era el de ministro de Defensa y se dedicaba "en exclusiva a la guerra, que duró 14 años", tal y como expresó el 1 de junio durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz desde el Hospital San Pedro de Logroño, en el que estaba ingresado "por razones humanitarias", como alegó el Ministerio de Exteriores, desde el 18 de abril.

Los delitos habrían prescrito

En la querella inicial interpuesta por Asadedh el 19 de diciembre de 2007 se describen 57 hechos que presuntamente describen la comisión de los delitos de los que se acusa al presidente de la autoproclamada RASD. Ollé destaca que en los 28 primeros puntos, en los que la asociación narra el contexto en el que se produjeron supuestamente esas infracciones, "no se menciona a mi representado". Posteriormente, se cita el nombre de Ghali en 11 supuestos "en boca de cuatro de personas, de las cuales dos ni son querellantes particulares ni han ratificado la querella de la acusación popular".

El escrito carga contra dos de los testigos que sí ejercen la acusación particular: Hosein Baida y Dahi Aguai, que denuncian haber recibido torturas en los campos de refugiados saharauis situados en Tinduf (Argelia). Dice de ellos que las imputaciones que formulan en sus relatos son "genéricas e inconsistentes", puesto que no aportan detalles sobre las formas de tortura con las que aseguran haber sido castigados, el día, lugar o momento concreto en el que se cometieron estos supuestos delitos ni rasgos personales de los presuntos torturadores que permitan su identificación, como rasgos físicos o vestimenta.

El abogado de Ghali refleja que la fecha de inicio de los hechos que se le imputan a su cliente se situaría en el caso de Aguai en 1980 y el de Baida en 1985. Por ello, señala, los delitos que pudiese haber cometido su cliente en esa época habrían prescrito, como cualquier otra acción penal que hubiese tenido lugar, en el peor de los casos, en 1992. En la misma línea, ha incidido en que la querella contra el líder polisario "atenta a la inteligencia humana, aún a efectos
dialécticos", dado que sitúa al entonces ministro de Defensa "tres escalones por
debajo de los responsables del centro de detención" y él "era ajeno a cualquier centro de detención" en el que se hubiesen consumado las torturas.

Por su parte, Asadedh ha enfatizado en otro escrito dirigido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso este periódico, que una de las funciones más importantes de Brahim Ghali como ministro de Defensa era la de gestionar la "temida Dirección de la Seguridad militar que dependía directamente de él y las cárceles clandestinas donde se torturaba y se sometía a los detenidos a las más salvajes torturas dependían exclusivamente de esta Dirección". Entienden, por tanto, que "su involucración directa en los hechos que se investigan está totalmente demostrada".

Breica declarará el 29 de junio

El activista Fadel Mihdi Breica, ciudadano español de origen saharaui que se querelló contra Ghali y otros miembros del Polisario por presuntas torturas en Tinduf, ha sido llamado este miércoles por Santiago Pedraz para declarar el 29 de junio, en el marco de la investigación desarrollada por el Juzgado Central de Instrucción Número 1 sobre las presuntas violaciones de derechos humanos que cometió el líder del Polisario.

De esta forma, Pedraz ha accedido a la petición formulada por los abogados del activista, donde le planteaban que escuchara su relato y el de otros testigos, la mujer de Breica y dos personas detenidas y liberadas junto a él, que habrían presenciado los abusos denunciados, según informa Europa Press.