El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, sus siete hijos y otras 11 personas en el denominado caso Pujol en que se investigó al expresident, su esposa Marta Ferrusola, sus hijos y otros colaboradores como miembros de una "organización criminal enriquecida por la corrupción". El anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José De la Mata, les procesó por ocultar a la Hacienda española una fortuna en Andorra obtenida gracias a las relaciones de Pujol como máximo responsable de Cataluña, según se consideró probado en la instrucción.

El actual titular de dicho Juzgado ha acordado la apertura de juicio oral contra Jordi Pujol Soley, sus 7 hijos y otras 11 personas entre ellas la ex mujer del hijo mayor Jordi Pujol Ferrusola Mercé Gironés o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí por hechos tipificados como delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, siete delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución.

El juez requiere al primogénito de la familia Pujol que deposite una fianza de 7 millones y medio de euros y a su exmujer Gironés de 400.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse en este procedimiento por los delitos contra la Hacienda Pública que se les imputan. 

El juez ratifica la situación de libertad de los acusados, no ve necesario acordar medidas para asegurar su presencia en el juicio. Mantiene las que ya tenían, como dejar constancia del domicilio en España y comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.

Precisamente ayer la Abogacía del Estado dejó fuera de su escrito de acusación de la causa a Pujol Soley, introduciendo únicamente a sus hijos Jordi y Josep y a la exmujer del primero, así como a diez empresarios colaboradores de la familia. La Fiscalía sí que dirigió la acusación contra toda la familia Pujol a la que el juez lleva finalmente al banquillo, salvo a Marta Ferrusola, la esposa del expresident para la que la causa ya fue archivada por motivos de salud.

El auto concede un plazo de un mes a los acusados para que presenten sus escritos de defensa e incluye los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación representada por Grand Tibidabo SA  en los que se indican los delitos y las penas de prisión solicitadas.

El 16 de junio de 2020 el anterior instructor de esta causa propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

En este procedimiento también se ha investigado a empresarios que presuntamente realizaron pagos millonarios a la familia, según explicaba De la Mata en su auto, disimulados bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos esos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc.