Cuando el PP registró una moción en el Congreso reclamando al Gobierno que deniegue los indultos a los presos del 'procés', el principal partido de la oposición sabía perfectamente que no había oportunidad para que saliese adelante, que estaban en minoría y que los dos partidos de Gobierno, aupados por independentistas catalanes y nacionalistas vascos -además de otras fuerzas minoritarias- tumbarían la iniciativa en el hemiciclo. Pero los populares, en el marco de la ofensiva parlamentaria que prometieron contra el Ejecutivo por su pretendida "traición" al "Estado de Derecho", buscaban con esta moción "retratar" al PSOE de Pedro Sánchez en sede parlamentaria en una votación que ya han forzado en otros plenos autonómicos, como en el de Castilla y León o en el de Andalucía. Allí, los socialistas se han posicionado definitivamente a favor de los indultos. Y hoy, en el Congreso, también.

La mayoría de grupos parlamentarios -salvo PP, Vox y Cs, que han votado a favor de la iniciativa de los de Pablo Casado- han cerrado filas con el Ejecutivo y han apoyado, votación mediante, la tramitación de los indultos que el Gobierno llevará previsiblemente a Consejo de Ministros, como máximo, el próximo 6 de julio. Pedro Sánchez explicará la medida de gracia en una comparecencia en el Congreso de los Diputados previsiblemente un día después, el 7 de julio. Es decir, dará cuentas de la aprobación de los indultos a sus señorías a posteriori y en sesión extraordinaria, ya que el mes de julio es inhábil en el Congreso de los Diputados. Con este movimiento, Moncloa pondrá el verano de por medio para calmar las aguas políticas, y la oposición no tendrá oportunidad de interpelar al presidente del Gobierno por la cuestión en sede parlamentaria hasta el fin del período estival.

El encargado de defender la moción, consecuencia de una interpelación dirigida la pasada semana al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la defendió ayer el diputado del PP, Carlos Rojas, en un debate en la Cámara Baja que se alargó hasta la noche del martes y que se produjo tan sólo dos días después de la multitudinaria manifestación contra los indultos que se celebró en Colón el pasado domingo. El portavoz popular advirtió que los indultos suponen "un fraude de ley porque son un cambalache de votos por principios", y su ejecución iría en contra además de lo dictado por la Justicia, con el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo en contra de la medida.

Retrató Rojas "la soledad" de Sánchez frente al "clamor ciudadano", y lamentó que la decisión de Sánchez, que ha dado "la vuelta" a sus propios argumentos, han "consternado a todo el país". Lejos de allanar el camino hacia la convivencia entre Cataluña y el resto de España, como justifica el Ejecutivo, el PP considera que esta decisión implica "un paso atrás" y sembrará "la semilla del rupturismo" en la región, ya que se trata de excarcelar a aquellos que fueron autores de "un golpe abyecto contra nuestra Constitución y la unidad nacional" y que enfrentaron a "amigos, familias e instituciones" en Cataluña. Lo peor, aseguran en el PP, es la ausencia de arrepentimiento por parte de los líderes independentistas encarcelados, y recuerdan que la única vía que por la que transitará el nacionalismo catalán será la de la "amnistía", la "autodeterminación" y la ruptura de la "unidad y la igualdad de los españoles".

El PSOE ya avanzó el martes su posición respecto a la moción del PP que esgrimía diversos motivos para denegar la medida de gracia. Felipe Sicilia, diputado socialista, pidió al principal partido de la oposición que dejase al Gobierno "iniciar el camino hacia el entendimiento y del diálogo desde la ley" y defendió veladamente la concesión de los indultos como un "gesto" para "facilitar ese diálogo" y dar una "solución" al conflicto catalán. "Sin diálogo no se puede recuperar la convivencia", repetía.

Este miércoles, en sesión de control, tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, han dibujado la línea discursiva que mantendrá Moncloa para justificar la concesión de los indultos en contra del criterio jurídico: reparar el daño a la convivencia que el PP infringió a Cataluña, recordando en todo momento que fue el Gobierno de Rajoy el responsable de la "ruptura de la legalidad" en la región. El Ejecutivo incidirá en que, frente a los ataques de la oposición, es Sánchez quien intenta poner una "solución" al conflicto catalán y tender puentes, y que el PP no está legitimado en la cuestión porque "han perdido todo el apoyo electoral que tenían en Cataluña", como recordaba hoy mismo Carmen Calvo. "¿Qué clase de proyecto tienen para España si no tienen proyecto ni en País Vasco ni en Cataluña?", cuestionaba.