22 de junio. Esa es la jornada que ERC tiene marcada en rojo en el calendario como el día en que el Consejo de Ministros aprobará los indultos a los presos del procés. Así al menos les han transmitido desde el Gobierno a los independentistas republicanos, según ha podido saber El Independiente.

La fecha viene condicionada por la entrevista en Moncloa entre el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, respectivamente, también comprometida para el presente junio. Este martes, la ministra portavoz, María Jesús Montero, explicó que dicho encuentro se producirá tras la concesión de los indultos, por lo que no quedan demasiadas fechas en el calendario para encajar ambos asuntos.

Quizá lo más sencillo para Sánchez sería retrasar la aprobación de la medida de gracia al martes 29 y reunirse con Aragonès el miércoles 30, aprovechando que esa semana no hay sesión de control al Gobierno y se ahorraría otra sesión del control al Gobierno a cara de perro a cuenta de las medidas de gracia. Luego ya podría comparecer el 7 de julio en el Parlamento para explicar su política de hechos consumados.

Lo más sencillo para Sánchez sería retrasar los indultos al 29 porque el 30 no hay sesión de control

La idea es, como adelantó este medio, que los indultos vayan rápido tras el rubicón del pasado domingo, cuando se celebraron las elecciones primarias en el PSOE andaluz. No es que una cosa condicionara otra, pero Moncloa y Ferraz tenían todas sus energías volcadas en una consulta en la que Sánchez se jugaba un pedazo de su liderazgo en caso de triunfo de su otrora adversaria, Susana Díaz. Lo cierto es que el secretario general del PSOE alcanzó su objetivo holgadamente, al ganar su candidato, Juan Espadas, con 17 puntos de ventaja, aunque aún no han conseguido que la ex presidenta autonómica dimita de todos su cargos.

Despejado este asunto, el Gobierno no tiene más impedimento que un criterio de oportunidad política amén de sus compromisos con ERC, por mucho que digan que la medida poco o nada tiene que ver con su dependencia parlamentaria. El PSOE alardea ahora que no les necesita para mantenerse en el poder con unos Presupuestos ya aprobados, pero sí requieren de sus votos para poder legislar.

También queda pendiente la mesa bilateral Gobierno-Generalitat. No está tan claro que se reúna antes de las vacaciones de agosto. De hecho, Presidencia no parece tener mucha prisa y de la parte catalana no es descartable que vuelvan a ponerse de manifiesto las discrepancias internas entre los socios, las mismas que hicieron imposible que ésta se reuniera en julio y en septiembre del año pasado.

El espectáculo ofrecido en torno a la representación del Govern en el acto de anoche del Círculo de Empresarios que presidió Felipe VI y la posterior cena de Estrado, da una idea de la falta de "seriedad institucional" de la Generalitat, tal y como denunció el socialista Salvador Illa. Moncloa justifica las escaramuzas bajo el argumento del que ERC se está "amoldando" a las nuevas circunstancias a pesar de que su socio, en alusión a Junts, "tampoco se lo pone fácil".

Entrevista con Juan Manuel Moreno

Es evidente que el Gobierno está cuidando con especial mimo la entrevista con Aragonès por mucho que la encuadren dentro de una ronda de contactos con aquellos presidentes autonómicos aún no recibidos en Moncloa desde su elección. Es el caso del andaluz Juan Manuel Moreno, que, a pesar de haber tomado posesión en enero de 2019, celebrará este jueves su primera reunión con el jefe del Ejecutivo. Una cita que, según el entorno del barón popular, no tuvo fecha hasta que expresaron sus quejas una vez que Moncloa anunció la intención de Sánchez de reunirse cuanto antes con el presidente de la Generalitat.

Tras Moreno y Aragonès, le tocará el turno a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuya sesión de investidura arranca este jueves y se someterá a votación de la Asamblea de Madrid mañana viernes.

Moncloa también tiene que encajar la Conferencia de Presidentes destinada a debatir sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia que ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea, según confirmó en su visita a Madrid su presidenta, la alemana Úrsula Von der Layen.