El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó esta semana el auto de apertura de juicio oral contra el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, siete de sus hijos, la exmujer del mayor de ellos y diez empresarios colaboradores por ocultar a Hacienda una fortuna que consiguieron supuestamente gracias a las relaciones políticas y empresariales del molt honorable y que ocultaron a Hacienda.

Cuando el anterior instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6 José De la Mata procesó al clan Pujol como una "organización criminal enriquecida por la corrupción", no se había podido cuantificar la fortuna que escondieron en el extranjero. Pedraz les envía al banquillo sin que los investigadores hayan conseguido hacerlo aún.

La Abogacía del Estado excluyó de su escrito de acusación a Jordi Pujol Soley, presentando como máximo responsable de la operativa para ocultar el dinero en el extranjero a través de sociedades a nombre de terceros al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Precisamente pide que pague a Hacienda 7,7 millones por el daño provocado a las arcas públicas junto con los otros diez empresarios contra quienes también dirige la acusación Francesc Robert Ribes, Bernardo Domínguez Cereceres, José Barrigón Lafita, Gustavo Buesa Ibáñez, Josep Mayola Comadira, Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol, Josep Cornado Mateu, Alejandro Guerrero Kandler y Carlos Villarrubí Carrió.

"No tiene más dinero que el de Andorra"

Las defensas de los acusados aprovecharán que no se ha dado con el dinero oculto en en el extranjero para defender que éste no existe a pesar de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cifró el presunto saqueo de la familia en 290 millones de euros.

Los Pujol sostienen que el único dinero que no declararon a Hacienda fue la herencia del padre del expresident, 'el abuelo Florensci', depositada en una cuenta en Andorra en el año 2000. También que el delito fiscal por aquellos hechos habría prescrito ya.

En 2019, las defensas de Pujol, su mujer y sus hijos solicitaron a la Audiencia Nacional que se dirigiera a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para que pidieran a distintos países la información que tuvieran sobre cuentas de éstos en base a las normas de colaboración internacionales.

Concretamente, en el escrito que recoge El Independiente pidieron "librar oficio a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a fin de que emita certificación con relación a la existencia o inexistencia de comunicaciones vinculadas a nuestros patrocinados conforme al denominado Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Tributaria, basado en los procedimientos que se definen en el Common Reporting Standard o CRS (Estándar Común de Declaración). Se pretende, así, la aportación a la causa de un elemento de convicción relativo a la ausencia de posiciones financieras o cuentas corrientes titularizadas por nuestros mandantes o como beneficiarios últimos en un conjunto de jurisdicciones, algunas señaladamente concernidas directamente en la presente causa, esto es, Andorra, Argentina, Dinamarca, Guernsey, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Panamá, estados todos ellos integrados en el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Tributaria".

"La Abogacía: 'Son ellos quienes pueden acreditarla'"

Consideraban con cierta ironía que con "esa petición, de sencilla y ágil ejecución, en tanto se colma con un oficio a nuestra AEAT que recepciona y custodia el Reporting Standard, enfila a la probanza o fijación de un hecho impeditivo o excluyente construido por la tesis acusatoria, esto es, la presunción de existencia de fondos millonarios en el extranjero titularizados directa o indirectamente por mis mandantes, y que se viene reiterando como conjetura con vocación de inferencia indiciaria en distintos informes UDEF".

En un duro escrito, la Abogacía del Estado contestó que "son los mismos investigados los que mejor pueden acreditar dicha información no habiéndolo hecho hasta ahora, pues a pesar de que resulte una obviedad, están pidiendo que se certifique su propia información o más propiamente, la información que los propios investigados saben que pueden disponer las autoridades fiscales de otros estados, cuando de lo actuado hasta ahora en el presente procedimiento lo que puede concluirse es que la información relevante no es la declarada, sino precisamente la que se ha ocultado bajo complejas estructuras. A mayor abundamiento, la certificación solicitada la pueden obtener y aportar, si así lo consideran oportuno en defensa de sus intereses, los propios interesados siendo por tanto innecesario que la solicite el Juzgado que instruye la causa".

Los abogados de los Pujol pidieron en 2020 a Hacienda la certificación de los datos comunicados a España a través del sistema CRS mencionado y el departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria contestó que constaban dos cuentas a nombre de Josep Pujol Ferrusola en la Banca Privada d'Andorra (BPA) con dos millones y otra de su hermana Mireia con menos de 200 euros en 2018. Que no existieran comunicaciones de otros países debilita para ellos la acusación de atesorar un "patrimonio desmedido" por la corrupción por la que irán a juicio.