La seguridad de Carles Puigdemont en Waterloo amenaza con convertirse en el próximo frente abierto entre JxCat y ERC, la enésima batalla abierta por los de Puigdemont para poner en entredicho el compromiso patriótico de los republicanos. El propio Pere Aragonès tuvo que dar cuentas, el viernes, en Waterloo, de la posición de su gobierno al respecto, tras una semana especulando sobre cómo debe articularse el servicio de escolta al que Puigdemont tendría derecho en su calidad de ex presidente, defienden desde Junts.

Un debate que abrió el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y que han alimentado después desde Jordi Sánchez a los principales agitadores en redes del partido. Aunque el trasfondo de la exigencia no está en esas declaraciones, sino en dos decisiones que hacen prácticamente imposible que Puigdemont recupere su escolta.

La primera, la decisión de la Fiscalía de pedir seis años de prisión y 15 de inhabilitación para cargo público para el ex consejero de Interior, Miquel Buch. El motivo, contratar como asesor especial, con un generoso sueldo de 52.712 euros anuales, a Lluís Escolà, mientras éste realizaba labores de escolta del ex president fugado en Waterloo. Para Escolà el ministerio público pide una condena de cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación especial por los mismos hechos.

La segunda, menos conocida, es la decisión de Aragonès de desarticular la unidad especial de escoltas de Presidencia creada por Quim Torra. En marzo, antes incluso de ser investido formalmente por el Parlament, el nuevo president ya comunicó al Departamento de Interior su intención de desmantelar la unidad y conservar su equipo de seguridad.

La "guardia pretoriana" de Torra

Daba así por finiquitada la Área de Seguridad Institucional creada en 2019 por Quim Torra, con 70 agentes de los mossos a cargo del intendente Marc Caparrós. JxCat la defendió amparándose en los modelos de seguridad presidencial de Moncloa o países como el Reino Unido.

Pero su objetivo declarado: dar protección a Torra y los ex presidentes Artur Mas y José Montilla, amparaba además la voluntad de sacar de la órbita de Mossos e Interior a un grupo de escoltas que, mejor pagados, podían viajar a Bruselas en sus días de asueto para escoltar a Puigdemont. Así lo denunciaron tanto la oposición como algunos sindicatos.

La unidad tampoco gustaba en ERC. Ni al Major Josep Lluís Trapero, incómodo con la idea de una unidad policial que escapa al control de los mandos del cuerpo.

La apertura de procesos judiciales contra Buch y tres de los agentes que han realizado tareas de seguridad en Waterloo obligó a desmantelar el operativo. Fuentes sindicales de los mossos aseguran que el ex presidente catalán no cuenta con escolta, como afirman también fuentes oficiales. "No, al menos, que nosotros sepamos" afirman los sindicatos.

Ofensiva política

En Junts son perfectamente conocedores de este contexto. Pero eso no impidió que Batet, primero, y Jordi Sánchez, después, anunciaran su intención de reclamar a Aragonès que "de manera inmediata se pueda restablecer algo a lo que todos los expresidentes de la Generalitat tienen derecho".

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, respondía a esta exigencia un día después, recordando que "los dos partidos que forman el Govern conocen" el acuerdo interno de "no poner en riesgo a los funcionarios públicos". En otras palabras, no pedirles acciones que puedan tener consecuencias judiciales, como hacer de escolta de una persona con orden de busca y captura en España. "Se seguirán los mismos criterios que han fijado los dos consellers anteriores" añadía Plaja. Esto es, se mantiene el criterio fijado por Buch y Miquel Sàmper, ambos de Junts.

Ahora, sin embargo, el Departamento de Interior lo ocupa Joan Ignasi Elena a propuesta de Esquerra, que asume por primera vez las responsabilidades de seguridad. Y tanto JxCat como la CUP han dejado claro que no se lo van a poner fácil.

La cuestión de la escolta sobrevoló también el primer encuentro de Aragonès y Puigdemont. Preguntado por esta cuestión, el actual inquilino del Palau de la Generalitat defendió que los presidentes de la Generalitat "lo son siempre", y "todos los presidentes de la Generalitat tienen derecho a tener su seguridad garantizada".

Sobre todo, añadía Aragonès, "si tiene un cargo tan relevante como el de eurodiputado". Sin embargo, argumentó, "las medidas tomadas por el Estado impiden todos los elementos de seguridad". Un reparto de culpas que no parecen dispuestos a aceptar los más acérrimos seguidores de Puigdemont, quien evitó comentar la cuestión mientras Aragonès esquivaba el dardo.