La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que instruye el caso Villarejo que llame a declarar en calidad de investigado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para interrogarle sobre el conocimiento que tuvo de la contratación de la empresa del comisario ya jubilado (Cenyt) para que realizara labores de inteligencia o espionaje para la compañía.

Fuentes del Ministerio Público han confirmado a El Independiente que los fiscales asignados al caso han registrado ya el escrito pidiendo la citación como imputado de Sánchez Galán como posible autor de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tendrá que resolver ahora si los indicios reunidos por la instrucción son suficientes para que el ejecutivo comparezca acompañado de abogado.

A mediados del pasado mes mayo, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional presentó un informe al Juzgado Central de Instrucción 6 en el que recogió el contenido de distintas conversaciones entre el antiguo jefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo -ya investigado por presunto cohecho en la causa- y José Manuel Villarejo.

Se trató de unas conversaciones que éste último grabó entre 2004 y 2005, cuando desarrolló trabajos por encargo de Iberdrola. Uno de ellos, según la investigación de la Audiencia Nacional, habría consistido en la búsqueda de información para desprestigiar al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro. La compañía también le habría encargado -según la información de la causa- un informe de seguimiento sobre asociaciones y particulares, entre ellos una concejal del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) que se oponían a la puesta en marcha de una central de ciclo combinado de la compañía en el municipio.

En el citado informe, la Policía concluyó que hay evidencias de que, para realizar su informe, el comisario ya retirado rastreó llamadas de de los contrarios al proyecto de manera ilegal gracias a sus contactos en la Policía y las compañías telefónicas. Éste es uno de los motivos por los que Villarejo está investigado también por revelación de secretos.

Los fiscales ven indicios de que Sánchez Galán pudo cometer delitos de cohecho y revelación de secretos

En las conversaciones grabadas, Asenjo -enlace entre Villarejo e Iberdrola- y el comisario se refirieron en distintos momentos al "señorito" o "don Ignacio" en alusión, según consideran los investigadores, a Ignacio Sánchez Galán. En la Fiscalía Anticorrupción ven obligado que el juez cite al aludido a declarar para poder interrogarle acerca del conocimiento que tenía sobre Villarejo, es decir, si sabía que estaba tras la empresa Cenyt a la que se contrató y si conocía su condición de policía en activo.

A finales de mayo, Iberdrola emitió un Hecho Relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para manifestar su intención, tras las investigaciones realizadas en los juzgados y los controles internos en el informe forensic de PriceWaterHouseCoopers (PWC), de "poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº6" para "facilitar la investigación en curso".

La compañía del Ibex 35 asegura que durante este tiempo empresas competidoras han actuado "directa e indirectamente" para dañar la imagen de Iberdrola, lo que les ha obligado a tomar "acciones legales en defensa de su honor y de su reputación, protegiéndose de actos de denigración, y en reclamación de los daños producidos, incluso presentando, cuando ha sido necesario, denuncia por falsedad y querella por sustracción de documentos y revelación de secretos, ambas admitidas por los correspondientes órganos judiciales".

Fuentes de la compañía ya dijeron a este medio que Sánchez Galán tenía intención de acudir "sin ningún tipo de objeción" y "voluntariamente" en aras "de la transparencia que siempre ha mostrado Iberdrola". En el Hecho Relevante, Iberdrola afirma que "las declaraciones e informaciones que se han vertido durante todo el proceso del caso Villarejo contra la propia compañía y Sánchez Galán responden a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos ex directivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia empresa".