Los políticos condenados a penas de entre nueve y 13 años de prisión en la sentencia del procés tardarán pocos días en conseguir la libertad después de la concesión de los indultos por parte del Gobierno.

El procedimiento en los Juzgados después de que se acuerde la medida de gracia en Consejo de Ministros será rápido, según trasladan fuentes jurídicas. En primer lugar, los indultos deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Gobierno tendrá que explicar los términos. El perdón para los políticos independentistas no podrá ser total porque el Tribunal Supremo se opuso en su informe a la concesión, por lo que habrá que conocer qué parte de la condena anula y a quiénes. El indulto fue solicitado por terceras personas para los 12 condenados en la sentencia de la Sala Segunda por los delitos de sedición, malversación y desobediencia.

El pasado 11 de junio el alto tribunal declaró cumplida la pena de un año y ocho meses de inhabilitación especial de los tres exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila que fueron condenados por desobediencia, dando por extinguida su responsabilidad criminal. El Gobierno tendrá que especificar, por tanto, hasta dónde llega el perdón a los otros nueve condenados por sedición y malversación que sólo él puede otorgar según la Ley del Indulto de 1870.

Una vez publicada la medida de gracia en el BOE, la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgó a los líderes del procés tendrá que hacer un cálculo del tiempo de cumplimiento y la fecha de extinción de la pena teniendo en cuenta también el periodo de prisión preventiva. De acuerdo con eso, emitirá un auto de liquidación de condena para dar por extinguida la responsabilidad criminal y otro de excarcelación para cada uno de los indultados. Es posible, según trasladan fuentes del alto tribunal a este diario, que esos dos autos se publiquen unidos.

Posteriormente, los seis magistrados de la Sala remitirán un oficio a las cárceles del ex vicepresidente catalán y líder de ERC Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; los consejeros del Gobierno de Puigdemont Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa y los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria bajo cuya responsabilidad se encuentran las cárceles y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias serán las encargadas de emitir las últimas resoluciones para que las puertas de las prisiones se abran y los líderes independentistas queden en libertad, según explican expertos en Derecho Penitenciario consultados por este diario. Estiman que todos los trámites no deberían llevar más de una semana, como mucho 10 días, por lo que en julio los políticos ya podrían estar en la calle.