"Si flojeamos en esto, estamos muertos". La aprobación de los indultos a los políticos independentistas presos por el procés no sólo ha sido la decisión política más importante del mandato de Pedro Sánchez desde que éste se puso a los mandos de Moncloa. También es un momento clave para el principal partido de la oposición, que busca hacer de la "desgracia" una virtud, y que la excarcelación de los nueve condenados por sedición y malversación sirva para cargar a Sánchez con el desgaste de haber "fracturado al país" una vez quede demostrado que los indultos no sólo no han sellado las grietas abiertas entre el Estado y el nacionalismo catalán, sino que más bien las han ensanchado. No hay dudas en el PP de que la medida de gracia será "un gran fracaso" de la administración Sánchez, pero se recela sobre la posible existencia de un acuerdo para un referéndum pactado de antemano con el Govern catalán.

En esta tesitura, la dirección nacional del PP ha dado la orden a todas las estructuras territoriales de "apretar" en la cuestión de los indultos dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los populares han entendido que no valen medias tintas en la defensa de la "ley" y del "orden constitucional", y que su discurso no puede resultar descafeinado frente al que pronuncia Vox, que no dedica un calificativo más suave que el de "golpe de Estado" para referirse a la decisión de Moncloa. Y así lo ha dejado claro el propio Pablo Casado, que ha endurecido su discurso con el paso de los días. El líder de la oposición ha enmendado al Congreso -la mayoría aritmética de la Cámara se alinea con Sánchez-, a los empresarios e, incluso, a la Iglesia. "No representan a nadie", cargaba en una entrevista para Onda Cero este martes. "La soberanía nacional reside en el pueblo español (...). Mis únicos accionistas son los españoles", reivindicaba, deslizando que lo que también se han llevado por delante los indultos ha sido la sintonía histórica entre las élites económicas y el principal partido de la oposición. "Quien no quiera secesión, debe enfrentarse a los que la impulsan y no a quienes la combaten", arengan los argumentarios internos.

Pablo Casado no ha dudado en afirmar que el fin último de Sánchez es el de construir un "nuevo régimen" en España con tintes autoritarios, borrando al PP del mapa político. En todo caso, consideran en el 13 de la calle Génova que el presidente del Gobierno "ha quemado sus naves", y el objetivo pasa por intensificar el desgaste a nivel territorial y local para convencer al electorado de que el indulto no ha sido una decisión unilateral de Moncloa, sino que todo el PSOE "es culpable" del "daño irreparable" a la "convivencia" en Cataluña y al resto de España. Los populares tratarán de evitar a toda costa que el "fuego de artificio" que ha planteado el Gobierno con la bajada de la factura de la luz o con el fin de las mascarillas al aire libre para "tapar sus vergüenzas" termine opacando la "traición" del Ejecutivo en la cuestión catalana.

Génova seguirá apostando por la institucional como la vía predilecta para ejercer presión a Moncloa, pero deja claro que no se borrará de ninguna iniciativa o protesta que venga de la sociedad civil. Ayer mismo, miembros del PP catalán acudieron al pasacalles organizado en Barcelona, organizado por una veintena de organizaciones constitucionalistas. Lo que también alargarán en el tiempo será la recogida de firmas contra los indultos. Fuentes del partido confirmaban a El Independiente la pasada semana que la dirección se planteaba poner punto y final a la campaña el domingo 20 o el lunes 21 a más tardar, pero se decidió finalmente dar marcha atrás en este planteamiento. Las organizaciones territoriales del PP han recibido la orden de intensificar a lo largo de toda la semana la recogida de firmas y volcarse en este cometido para engordar una cifra que sigue siendo exigua si se compara con las cuatro millones de rúbricas que logró Mariano Rajoy contra el Estatut catalán hace 15 años. Los datos oficiales apuntan a que el montante de firmas acreditadas supera de largo las 300.000, aún lejos del medio millón necesario para llevar al Congreso el clamor de la calle mediante una iniciativa legislativa popular.

Batalla jurídica hasta el final de la legislatura

Casado anunció ayer que el PP presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo como "parte afectada" del procés, argumentando las amenazas que recibió el líder del PP y otros miembros del partido por parte de miembros del Comité de Defensa de la República (CDR), que reconocieron ante un juez que planeaban "atentar" contra algunos políticos populares. Los servicios jurídicos del principal partido de la oposición trabajan estos días a contrarreloj para que no le falte una sola coma a su ofensiva jurídica, por las dudas suscitadas en torno a la legitimidad del PP de presentar recurso ante el Alto Tribunal al no estar personado en la causa como acusación popular, un papel que sí desempeña Vox.

Fuentes del partido pronostican que la batalla jurídica que dará el PP se alargará hasta el final de la legislatura, aunque algunas voces de la formación reconocen la escasa confianza que existe en que el recurso tenga trayectoria alguna una vez se presente ante el Supremo, una vez que el Consejo de Ministros y el Rey hayan dado luz verde a un informe que se habrá cuidado al milímetro desde el punto de vista jurídico. La medida contempla un indulto reversible, es decir, que se anularán si en los próximos tres o seis años los excarcelados vuelven a cometer un delito grave.

'No' a una moción de censura

A propósito de los indultos, Vox volvió a echar ayer leña al fuego de la moción de censura que presentó en octubre de 2020 y que fracasó con el voto en contra de todo el arco parlamentario, incluido el PP. La portavoz parlamentaria de la formación, Macarena Olona, emplazó este martes al jefe de la oposición a presentar una segunda moción contra el Gobierno de Sánchez aunque se vea abocada al fracaso por pura aritmética parlamentaria, con el argumento de que "todo lo que hagamos en este momento será juzgado en la posteridad".

Consideran en Vox que es una "obligación constitucional" por parte del PP protestar de este modo contra el "golpe de Estado" ejercido "desde las instituciones con la medida de gracia, pero los populares se sacuden de antemano de este desafío de los de Santiago Abascal y niegan la mayor sobre la posibilidad de presentar una moción que "es ruido" y que, en todo caso, sólo sirve para "legitimar el fracaso" de la que presentó Vox hace meses. "Nuestra estrategia la definimos nosotros", contradicen en el principal partido de la oposición.