El indulto a los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo anulará los años de prisión que les queda por cumplir tanto por el delito de sedición como por el de malversación en el caso de quienes fueron castigados por los dos.

La medida de gracia comunicada ayer por el presidente Pedro Sánchez abarca las penas por los dos delitos, pero eso no afecta a la responsabilidad civil derivada del primero. Se podrá seguir reclamando a los condenados el daño a las arcas públicas que provocaron al impulsar el proceso de independencia de Cataluña en 2017 desde el Govern.

La Ley del Indulto de 1870 especifica en el artículo 6 que "el indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la Autoridad, las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho mención especial en la concesión. Tampoco se comprenderá nunca en ésta la indemnización civil".

Precisamente el Ejecutivo de Sánchez ha hecho mención específica a la inhabilitación y por eso se mantendrá para los políticos independentistas. Así se ha materializado el indulto parcial -el total no era posible puesto que el tribunal sentenciador se opuso a la medida- y se impide en la práctica que los indultados puedan reincidir puesto que durante años no podrán acceder a puestos de responsabilidad pública como los que tuvieron cuando organizaron el referéndum ilegal de independencia.

Cita con el Tribunal de Cuentas la próxima semana

La Abogacía del Estado dio por reparado el daño económico de la parte del proceso independentista juzgado en su informe sobre los indultos. Pero el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, igual que los expresidentes Carles Puigdemont, Artur Más y otros más de 30 ex altos cargos catalanes tienen una cita la próxima semana con el Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador les ha citado el próximo martes para comunicarles la cuantía que presuntamente habrían desviado con la acción exterior a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), consorcio dedicado a la proyección internacional de Cataluña, y las denominadas 'embajadas catalanas'. Según adelantó este martes El País, la cifra defraudada conjuntamente podría alcanzar los 10 millones de euros.

En el trámite de liquidación provisional de la próxima semana se comunicará a los citados la fianza que se impondrá para responder a una posible condena por estos hechos, que se sumará a la fianza de 4,1 millones de euros por lo que costó poner en marcha el referéndum del 1 de octubre de 2017.