El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado citar como investigado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los presuntos delitos de cohecho activo, falsedad en documento mercantil y delito contra la intimidad por los contratos entre la compañía energética y la empresa Cenyt del comisario José Manuel Villarejo.
El instructor del caso Tándem ha admitido la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que Sánchez Galán y los otros tres directivos de la compañía Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo declarasen como investigados al considerar que todos conocieron los encargos que se realizaron al comisario -cuando aún estaba en activo en la Policía- para espiar supuestamente a empresarios de la competencia como el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, o el de ACS, Florentino Pérez.
En su auto, el juez detalla cómo el exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, que era el enlace con Villarejo, reconoció en su declaración judicial haber manipulado los conceptos de las facturas, ocultando así no solo el contenido concreto de los trabajos realizados sino también la intervención del entonces comisario en activo Jose Manuel Villarejo.
Proyecto 'Posy' sobre Florentino Pérez
El auto repasa los encargos que Iberdrola hizo entre 2004 y 2017 presuntamente a Villarejo a través de contratos con carácter "confidencial" con la mediación de Asenjo.
Entre esos encargos estaría el 'Proyecto Arrow', entre los años 2004 y 2006, que "tenía por objeto superar los obstáculos que estaban surgiendo en la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz)" por la oposición de concejales del Ayuntamiento (al menos una de ella objeto de seguimientos según los informes policiales) y asociaciones ecologistas.
En este caso, como en el de otros proyectos encargados a Cenyt, el juez aprecia "voluntad por parte de la compañía de ocultar estos trabajos como parece inferirse del hecho que las facturas correspondientes a los servicios prestados por CENYT no fueron emitidas esta -prestadora del servicio a Iberdrola- sino por otra compañía diferente -Castellana de Seguridad, S.A. (CASESA)".
Otro de los proyectos encargados a Villarejo recogido en la resolución es el denominado 'Black Board', desarrollado entre 2004 y 2005 y que, "según informe elaborado por Cenyt fechado el 2 de abril de 2005, tenía por objeto fundamental conocer información de naturaleza sensible referida a actividades de Manuel Pizarro, a la sazón presidente de Endesa, tanto presentes como anteriores, que pudieran incidir en sus actuaciones futuras".
El auto incluye otros presunto encargo de Iberdrola a Villarejo, proyecto 'Posy', "que se centró en investigar a Florentino Pérez, presidente de ACS, a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola, S.A.".
"Facturas sin pedido"
La resolución expone el indicio de que estos encargos se tramitaron "como facturas sin pedido pese a que no lo permitían los protocolos internos del Grupo Iberdrola, incumpliéndose de esta forma las normas internas detramitación de facturas", según los "informes de la unidad de cumplimiento" incorporados a la causa.
En este sentido, el instructor recuerda que "el investigado Antonio Asenjo Martín reconoció en su declaración judicial haber manipulado los conceptos de las facturas, ocultando así no solamente el contenido concreto de los trabajos ejecutados sino la intervención del investigado José Manuel Villarejo Pérez en los mismos, en la medida en que los trabajos ejecutados se centraron en la investigación de personas físicas realizada en España y nada tuvieron que ver,
pese a lo indicado en los conceptos de las facturas, con trabajos de seguridad realizados fuera de España".
Documentación intervenida
El juez señala que "pese a no ser localizada ni por la unidad de cumplimiento
del Grupo Iberdrola ni por Pricewaterhouse, de nuevo la ejecución de estos trabajos generó gran cantidad de documentos e informes que fueron intervenidos en el domicilio del investigado Rafael Redondo Rodríguez, vinculado al Grupo Cenyt junto al investigado José Manuel Villarejo" y que fueron recogidas en un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía sobre los registros.
En la contabilidad del grupo Iberdrola, según el auto, "figuran recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por Cenyt entre 2004 y 2012 por importe de 1.047.324 euros", algunas de ellas desveladas por El Independiente.
Se trataría, según el juez, "de facturas emitidas por servicios prestados por el investigado José Manuel Villarejo Pérez cuando se encontraba en situación de servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, ocultados mediante la manipulación de los conceptos que se hicieron figurar en las mismas y conocidos exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán, desde 2006 presidente de la compañía, y, cuando menos en alguno de los proyectos, también por Fernando Becker Zuazúa, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo
Guzmán, aparte de Antonio Asenjo Martín".
El auto se refiere también a una conversación mantenida entre Villarejo y su socio Redondo por parte de Cenyt y Asenjo por parte de Iberdrola en la que Asenjo pregunta cómo podrían establecer una relación comercial estable. "Este dato vendría a avalar, junto a todos los anteriores, el hecho de que los encargos y relaciones comerciales entre las partes no fueron esporádicos o puntuales sino que tuvieron continuidad en el tiempo, comentándose incluso en la conversación cómo podrían las partes camuflar tal continuidad", expone el juez.
"Asimismo, hay que tener en cuenta otros encargos que pudieron realizarse por parte de Iberdrola, S.A., a través del investigado Antonio Asenjo, como director de seguridad, con conocimiento de sus superiores, al investigado José Manuel Villarejo Pérez cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, a algunos de los cuales se vienen a referir las anotaciones recogidas por el propio investigado José Manuel Villarejo en sus agendas incorporadas a la causa a través del reciente y ya citado oficio de la Policía Nacional de 16 de junio de 2021", completa.
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