El Ministerio de Sanidad no ha recuperado aún más de siete millones de euros que adelantó a proveedores en contratos de compra de material de protección contra la covid-19 adjudicados al inicio de la pandemia y que resultaron fallidos. La reclamación se encuentra en vía ejecutiva de apremio al no haber reintegrado los suministradores el dinero en el periodo voluntario.

La cantidad que está pendiente de devolución -7.053.185,29 euros- la acaba de revelar el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita formulada por los senadores del PP Teresa Ruiz-Sillero, Antonio Román Jasanada y Juan María Vázquez Rojas, que querían conocer cuántos reintegros se habían iniciado por la resolución o por el incumplimiento de los contratos firmados por Sanidad y qué importe sigue sin recuperarse.

De acuerdo con la información ofrecida por el Ejecutivo, fechada el 21 de junio y consultada por El Independiente, el departamento dirigido entonces por Salvador Illa abrió durante el primer semestre de 2020 seis expedientes para rescindir contratos que sumaban 50.245.168,30 euros. De esta cantidad no le han reembolsado el 12,34 % (sin incluir recargo ni intereses de demora) más de un año después de que se firmaran los contratos y se anticipara el dinero a los proveedores, condición impuesta entonces por la mayoría de los suministradores al dispararse la demanda en todo el mundo.

Una de las empresas a las que el Ministerio de Sanidad viene reclamando sin éxito el dinero es Hyperin Grupo Empresarial SL, con sede en Madrid y cuyo objeto social es la "fabricación de elementos de yeso para la construcción". En concreto, esta firma sigue sin devolver 1,81 millones de euros, casi el 55 % del importe del total.

El encargo se formalizó en la primera ola de la pandemia. El 24 de marzo de 2020, la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia -dependiente del Ministerio de Sanidad- adjudicó a Hyperin Grupo Empresarial con carácter de emergencia la compra de un lote de dispositivos de ventilación mecánica invasiva. El pedido se cerró en 3.310.560 euros (incluidos los 574.560 euros de IVA), cantidad que el ministerio adelantó en su totalidad justo al día siguiente. De este dinero sólo ha reembolsado un millón y medio, exactamente al día siguiente de que expirara el plazo de devolución en periodo voluntario (5 de julio de 2020).

Un lote de 144 respiradores

El encargo consistía en el suministro de 144 respiradores Vivo-65, versión que el fabricante estadounidense de origen sueco Breas lanzó en 2017. El 2 de abril de 2020, el administrador de Hyperin se dirigió a Sanidad para comunicarle que no podía suministrarle el modelo propuesto, al tiempo que planteaba como alternativa otro tipo de respirador: el Avante MVP, del fabricante estadounidense Avante Health Solutions.

La Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia rechazó esa alternativa por no reunir los dispositivos propuestos "las condiciones y requerimientos exigidos", lo que llevó a Hyperin el 7 de abril a renunciar al contrato y a solicitar que le facilitaran un número de cuenta para proceder a la devolución del dinero.

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La empresa achacó inicialmente el retraso en la restitución del dinero a la negociación que tuvo que abrir con el fabricante a fin de que éste corriera con los gastos financieros ocasionados por el cambio de divisa y le eximiera a ellos de sufragarlo, habida cuenta de que el contrato se rescindió exclusivamente por incumplimiento del productor. Hyperin actuaba como mero intermediario.

La reclamación se halla en vía ejecutiva de apremio al no haber devuelto los proveedores el dinero en la vía voluntaria

Desde hace un año, el administrador único de la empresa -Javier de Juan Roncero Martín, socio también de Materica SL- viene diciendo a El Independiente que la devolución era inminente. En noviembre pasado llegó a asegurar incluso que disponía ya de un certificado de Hacienda que acreditaba que se encontraba "al corriente de pago", afirmación desmentida por el Gobierno en la respuesta ofrecida ahora al PP: el plazo de pago en voluntaria expiró el 5 de julio y aún tiene "pendiente de ingresar 1.810.000 euros". El empresario ha rehuido las múltiples llamadas y los mensajes de Whatsaap enviados por este diario en los últimos meses para conocer los motivos de la demora y cuándo prevé reingresarlo.

Otros encargos fallidos han sido los firmados con la barcelonesa Member of the Tribe SLU, a la que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -uno de los dos organismos a través de los que el Ministerio de Sanidad canalizó las compras del material contra la covid-19- le adjudicó dos contratos de emergencia durante el primer semestre del pasado año por un importe conjunto de 9,44 millones de euros.

El primero se firmó el 14 de mayo de 2020 y consistió en el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo de varias tallas por 5.564.000 euros, lo que arrojaba un precio unitario de 0,107 euros. Como informó Abc, la empresa incumplió los plazos de entrega -10 días naturales- y Sanidad comenzó los trámites para resolver el contrato, del que había adelantado el 30 % del dinero (1.669.200 euros). Para ello ha requerido un dictamen al Consejo de Estado, despachado por la comisión permanente del supremo órgano consultivo del Gobierno en su sesión del pasado 6 de mayo.

El 1 de junio de 2020, el INGESA volvió a recurrir a esta empresa catalana -constituida en abril de 2019 y cuyo objeto social es el "diseño, fabricación, importación, exportación y comercialización de prendas de vestir y accesorios"- para que le proporcionara 40 millones de guantes por 3.880.000 euros (0,097 euros por unidad). El fiasco del primer encargo propició que se suspendiera este segundo contrato.