El discurso que pronunció Isabel Díaz Ayuso durante su investidura sirvió para dibujar las líneas maestras de una legislatura exprés, en la que se se desplegarán, o al menos se intentará, las 47 medidas que la presidenta madrileña se comprometió a llevar a cabo en la Cámara regional. Una de ellas fue un claro guiño a Vox que, aunque por la mínima, volverá a ser compañero de viaje de los populares los dos próximos años: el efectivo recorte en el número de consejerías, que pasan de 13 a nueve, y la desaparición de la figura de vicepresidente, que hasta hace unos meses ocupaba Ignacio Aguado, fruto del acuerdo de coalición que existía entre PP y Ciudadanos.

La supresión del 30% de las consejerías implica un ahorro para las arcas madrileñas de más de 406.000 euros en sueldos de consejeros, cuyo salario anual permanece fijado en 100.556 euros. El gesto gustó a Vox, y así lo expresó la propia líder de la formación en la Asamblea, Rocío Monasterio, pero no lo consideró suficiente: advirtió a Ayuso que siete consejerías ya eran bastantes, puesto que el Gobierno en funciones había operado "perfectamente" con ese número de departamentos en los meses que pasaron desde la disolución de la Cámara -el 10 de marzo- a la investidura -18 de junio-. Y apostó en todo caso por la necesidad de que el recorte de áreas de Gobierno llevase aparejado una reducción de altos cargos. "No sirve de nada decir que vas a recortar consejerías si luego aumentas el número de direcciones generales o de viceconsejerías", advierten fuentes del partido en Madrid.

El Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con los nueve consejeros al completo, tomó posesión el pasado lunes en la Puerta del Sol. Lo que está aún pendiente es la reestructuración de los altos cargos públicos de la región, dependientes de cada una de las áreas de Gobierno. El portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, avanzaba este miércoles en rueda de prensa que la organización de los distintos puestos -en los que entran viceconsejerías, direcciones generales, presidencias de entidades, secretarías, gerencia y comisionados- está aún "en estudio", pero avanzó la posibilidad de que una reducción de consejerías no conlleve necesariamente una reducción de altos cargos, porque "las competencias están ahí". Se comprometió, no obstante, a revisar caso por caso para "eliminar" aquellos puestos que se ha demostrado que no eran necesarios en la pasada legislatura, pero también deslizó que podían surgir necesidades que hubiese que cubrir.

Actualmente, según aparece en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, el número de altos cargos es de unos 135, divididos en las diferentes áreas de Gobierno y sin contar ni a la presidenta ni a los nueve consejeros. Los sueldos del conjunto de puestos de máxima responsabilidad en la administración madrileña oscilan entre algo más de 75.000 euros brutos anuales -que perciben los comisionados y otros miembros de rango menor dentro la estructura orgánica regional- y los 100.600. La media de esta horquilla multiplicado por el total de puestos de alto rango dejan una cifra que ronda los 12 millones de euros sólo en la partida de salarios de altos cargos, un número que en Vox ven "excesivo" y que exigen revisar a la baja. Como se puede leer en la propia página, la información que se especifica en el Portal de Transparencia está "en proceso de actualización", ya que esta fue la estructura que se pactó con Ciudadanos en 2019.

En la formación que en Madrid dirige Rocío Monasterio trasladan que no entenderían que la cifra de 135 altos cargos no se viese reducida al menos de forma proporcional al recorte en el número de consejerías, y aseguran que en la anterior legislatura ya se encargaron de constatar como muchos de esos puestos se encuadran dentro del "gasto político superfluo" que pretenden erradicar. Monasterio aseguró también durante la sesión de investidura que promoverían "una auditoría integral de las subvenciones para eliminar las ideológicas e inútiles", y el Gobierno de Ayuso ya accedió a una de las primeras condiciones de Vox a la que la formación vinculó todo acuerdo para la composición de la Mesa de la Asamblea, antes incluso de la sesión de investidura: el compromiso del PP a reformar el Estatuto de Autonomía y reducir el número de diputados de la Cámara madrileña, cuyo número creció en las últimas autonómicas a 136 por el incremento del censo.

"Ya dijimos que la investidura de Ayuso era gratis, pero cada ley que quiera aprobar la va a tener que pelear. Si quieren pactar con nosotros, van a tener que respetar a nuestros votantes", advierten desde Vox. La formación promete de este modo sacar rédito a los cuatro diputados que le hagan falta a Isabel Díaz Ayuso para sacar adelante sus proyectos legislativos. Las otras dos vías de presión, al margen de la reducción de gasto administrativo, ya están encima de la mesa: proceder al cierre de Telemadrid y derogar las leyes de género y LGTBI de Madrid. Por el momento, el Ejecutivo de Ayuso da tímidos pasos en busca de la complicidad de sus socios externos, y ya se ha abierto a "revisar" las mencionadas leyes, así como el presupuesto que se destina a la televisión pública, sobre la que el PP acometerá una reforma para renovar a la cúpula directiva. "Con los 78 millones de euros de Telemadrid, haría 20 colegios más todos los años", aseveraba Enrique Ossorio este miércoles, acercándose al argumentario de Vox, que no duda en tildar el ente público de "pozo sin fondo".