Son apenas una veintena en todo el país. Los técnicos en resonancia magnética nuclear requieren una cualificación de primer nivel. En sus manos está el manejo e interpretación de máquinas y sistemas de gran precisión necesarios para el análisis de materiales. Detrás de estas investigaciones, además de avances científicos, se mueven también millones de euros. En la Universidad del País Vasco cuentan con tres técnicos en resonancia nuclear integrados en sus Servicios Generales de Investigación (Sgiker). Recientemente, dos de ellos han decidido llevar a la UPV a los tribunales. Lo hacen ante la posibilidad de perder su trabajo por la elevada exigencia de euskera que se ha asignado a sus plazas –que pronto saldrán a concurso en una OPE- y por la negativa del centro académico a liberarles plenamente para obtener el requisito lingüístico que ella ha establecido.

Este departamento de excelencia investigadora ofrece apoyo del más alto nivel a los proyectos científicos de la propia institución docente pero también pone a disposición de otros centros de investigación y entidades privadas su moderno instrumental y equipos de alta tecnología. Servicios que le permiten ingresos significativos a la UPV.

En 2019 se aprobó una OPE, aún pendiente de celebrar, en la que se incluían las dos plazas de técnicos en resonancia nuclear. En ella se fijó como requisito tener que acreditar un Perfil Lingüístico 3 de euskera –equivalente a un C1-, un nivel previo al máximo reconocido y que acreditan intérpretes profesionales. Actualmente ambos investigadores cuentan con el perfil PL1 -equivalente a un B1- y tendrán que acreditar el PL3 antes de diciembre de 2022, para cuando se prevé que quede cerrado el plazo de presentación de aspirantes a la OPE. De no hacerlo, podrían perder la plaza que ahora ocupan de modo interino y la UPV a dos de los escasos técnicos en resonancia nuclear que existen en España.

El año pasado la UPV les concedió una liberación parcial de dos horas diarias para estudiar euskera, si bien se ha demostrado insuficiente para alcanzar el elevado nivel lingüístico que ahora se les reclama. Por ello, uno de los investigadores solicitó a la institución académica la liberación plena, recogida en la ley de apoyo del euskera, y que autoriza estar plenamente liberado -5 horas y media diarias durante un máximo de tres años- para lograr el objetivo lingüístico. Esta liberación autoriza a acudir únicamente al Euskaltegi –academia de euskera- para formarse en el conocimiento de la lengua en aras a la obtención de la acreditación. La petición le fue denegada argumentando que la elevada especialización de estos técnicos los hacía insustituibles y afectaría al funcionamiento de su unidad.

12 años ocupando la plaza

Tras esta resolución y ante la posibilidad de perder la plaza que ahora ocupan de forma interina, ambos científicos decidieron denunciar la situación ante el Juzgado Contencioso número 1 de San Sebastián por un posible delito de discriminación lingüística. Se trata de dos investigadores que acumulan 12 y 15 años en el puesto que ocupan. Junto a otra técnica, el equipo es el responsable del manejo de maquinaria de alta precisión. Precisamente uno de los argumentos para denegar la liberación plena fue la llegada a una nueva máquina de investigación en otoño.

Por el Servicio General de Investigación de la UPV (Sgiker) pasan no sólo investigaciones de la Universidad sino también otros promovidos por otros centros de investigación y compañías, por los que abonan los servicios a la propia UPV. En su conjunto, en Sgiker trabajan alrededor de una treintena de técnicos superiores de distintas especializaciones, entre ellos los tres expertos en resonancias magnéticas nucleares. En total, se investiga más de un centenar de proyectos.

“Se trata de técnicos superiores que llegaron tras una OPE para una bolsa de trabajo, pero su situación es de interinidad. Ahora en la OPE anunciada en 2019 se incluían sus plazas y ven que, después de tantos años, se establece como requisito acreditar el PL3 de euskera y tan sólo les autoriza liberarse dos horas diarias para estudiar. Poder lograr ese nivel antes de diciembre del año que viene sin una liberación completa es imposible”, asegura José Cuesta, representante legal de los demandantes.

Desde la UPV se señala que “nadie va a perder su trabajo” y que en este caso se actuará “con la máxima flexibilidad”. Señalan que existe una disposición absoluta para resolver la situación. Advierten que no está previsto modificar el nivel de exigencia requerido a los técnicos superiores, el PL3, ya que se trata de un requisito establecido en la relación de puestos de trabajo heredada del anterior equipo rectoral. Desde la dirección de la Universidad se insiste en que se les facilitarán vías para obtener la acreditación idiomática. Recuerdan que existen muchas opciones para liberarles para el estudio de euskera y que no necesariamente deben pasar por una liberación plena que afecte al normal funcionamiento de la unidad de resonancia nuclear. Señalan que se serán flexibles y que incluso no se descarta poder revisar los plazos de preceptividad lingüística establecidos.

Administrativos y personal de mantenimiento

Desde el sindicato UGT también respaldan la necesidad de resolver en los tribunales esta cuestión por considerar que se genera una situación injusta por el modo en el que se han fijado los perfiles y las limitaciones en las que se les obliga a acreditarlas. “El problema es que se les exige un nivel pero no se les libera asegurando que son personal imprescindible porque su trabajo no lo puede hacer nadie. Si no se puede liberar a este personal por sus condiciones, ¿por qué se les pone una exigencia que no podrán cumplir? Eso hay que pensarlo antes”, asegura el secretario de Universidad de UGT, Miguel Henares. Apunta que si en diciembre de 2022 no lo acreditan, técnicamente podrían ir a la calle.

En 2019 un acuerdo con sindicatos como UGT, ELA y CCOO estableció que la UPV adaptaría determinados puestos con un “plan personalizado” para situaciones como esta. También que lo presentaría antes de julio pasado. No lo ha hecho. La segunda vía a la que se comprometió fue dejar la puerta abierta a ampliar los plazos de acreditación más allá de 2023, algo que por ahora no ha establecido.

Desde algunas centrales aseguran que este tipo de situaciones se vienen dando por la prioridad que en muchos casos se otorga a la exigencia de euskera y en un nivel muy elevado de conocimiento que resulta en algunos casos difícil de justificar. Henares señala el caso de determinados puestos administrativos, que inicialmente tenían asignados PL2 –equivalentes a un B2- “y ahora se lo han subido a un PL3_ “Las ‘jefas de negociado, responsables administrativas, están que se suben por las paredes. Es gente con un graduado escolar al que exigirles ahora ese nivel se les hace un mundo. También está el caso de los oficiales de mantenimiento, a los que se les demanda acreditar perfiles de euskera. Son cosas difíciles de entender”.

Henares recuerda el caso de una reciente sentencia contra la exigencia de euskera en todas las plazas para la Policía Municipal de Irún. Señala que lo que debe asegurar la Administración pública es ofrecer el servicio en ambas lenguas oficiales a la ciudadanía pero que eso no conlleva que todas las plazas deban tener perfil de euskera. En el caso de la UPV asegura que la exigencia de euskera es mucho mayor a la que existe en otros muchos ámbitos y muy superior al porcentaje de la población vasca que habla euskera. “En Euskadi el 53% de la población sabe euskera y en la UPV se exige al 70% y lo quieren seguir aumentando al 77%. Son plazas a las que no pueden acceder si no hablas euskera. Vamos a recurrir esa resolución que se aprobó el pasado 21 de mayo”.