Serán dos fotografías, dos imágenes de los rescoldos aún calientes de décadas de terrorismo, de violencia. En ellas aparecen sus víctimas. La más numerosa, la imagen dramática de las cientos de víctimas mortales y miles de heridos del terrorismo de ETA y, en menor medida, otras organizaciones terroristas. De quienes practicaron el tiro en la nuca, colocaron bombas y actuaron con la amenaza y la extorsión como guía. En la otra, menos abultada, más velada y en ocasiones silenciada, las víctimas de quienes desde instituciones del Estado quisieron combatirlo vulnerando la ley y atacando con malos tratos y torturas algunos de los derechos fundamentales que le asisten a cualquier ciudadano.

Las dos se captarán este fin de semana. Una este sábado en Bilbao, la otra mañana domingo en Madrid. A ambos momentos les une el dolor, el olvido y la injusticia. También su capacidad de seguir provocando rechazos, recelos y divisiones. Serán dos homenajes con ausencias y reconocimientos, con agradecimientos y lamentos. Dos realidades que casi una década después de que la violencia terrorista y la lucha contra ella desapareciera, siguen viajes paralelos y ajenos entre sí.

Esta mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao el Gobierno vasco reconocerá oficialmente a 35 víctimas de abusos cometidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil entre 1967 y 1978. Lo hará en un acto en el que les entregará el expediente y las resoluciones que acreditan, según la investigación hecha por su Comisión de valoración, que su denuncia de haber sufrido malos tratos o torturas a manos de funcionarios públicos se puede dar por cierta. Se trata de reconocimientos que en algunos casos podrían llevar aparejadas reparaciones en forma de indemnización económica. Casos sobre los que no existen sentencias judiciales ni autorías personales identificadas pero que desde hoy pasarán a engrosar la lista que el Ejecutivo vasco quiere elaborar con los casos de vulneración de derechos humanos cometidos por los distintos Cuerpos policiales.  

Será la primera ocasión en la que el ejecutivo vasco escenifique ese reconocimiento a víctimas de excesos cometidos por la Guardia Civil y la Policía. Todas ellas anteriores a 1978. En el acto intervendrán varias de ellas. Lo hará la familia de Felipe Suárez Delgado, jefe de Correos en Zestoa (Gipuzkoa), natural de Palencia, quien falleció tras un tiroteo de la Guardia Civil en 1976. O Belén Matabuena, militante de las Juventudes Obreras Católicas y de CCOO que fue detenida en reiteradas ocasiones y sufrió malos tratos y torturas, según concluye la Comisión que ha evaluado su caso. También hablará Inés Baraiazaharra, que denunció haber sido víctima de malos tratos entre 1972 y 1975 en las detenciones que padeció por ser miembro de un colectivo de protesta vecinal.

35 casos de malos tratos

La Ley aprobada en 2016 para evaluar posibles vulneraciones de derechos humanos “producidas en el contexto de violencia de motivación política” entre 1978 y 1999 establecía la constitución de una comisión de evaluación de posibles casos. En el año largo de trabajo que acumula este organismo, que preside Juana Balmaseda, ha recibido 1.017 denuncias. De todas ellas, por el momento tan sólo ha abordado 55 casos y de ellos se han resuelto definitivamente 35. En once casos la agresión terminó con la muerte de la víctima, dos con lesiones de bala, una con heridas por pelota de goma y en otros 36 casos con secuelas por los malos tratos recibidos, según se señala en los dictámenes concluidos.

Desde la Comisión, integrada por una decena de miembros entre los que figuran juristas, historiadores, forenses o psicólogos, insisten en que ellos no actúan como jueces, “no lo somos ni lo pretendemos ser”, aseguró el jueves la presidenta de la misma en el Parlamento Vasco. Pero sí determina autorías, no personalizadas en los agentes, pero sí de modo grupal sobre los Cuerpos. La Comisión basa su verificación y aval a la veracidad de las denuncias en las entrevistas a los denunciantes y en la documentación recabada sobre cada caso en los juzgados, hospitales, informes policiales, cementerios, etc.

Para concluir como veraces las denuncias y señalar la autoría de cada cuerpo policial no ha habido entrevistas a representantes de quienes se acusa de haber cometido los excesos: 33 casos a la Guardia Civil, 16 a la Policía y 4 a ambos cuerpos. En sus conclusiones se señala que tras los testimonios recogidos y las investigaciones llevadas a cabo se puede identificar “un cierto patrón de actuación por las técnicas empleadas y su etiología criminal: ‘la bolsa’, ‘la bañera’, golpes, el ‘pato’, ‘la rueda’, humillaciones constantes, privación sistemática del sueño…”. También concluye que fue reiterado otro patrón de comportamiento ante estos casos por parte de las instituciones gubernamentales y judiciales, como la “omisión del deber de investigar adecuadamente las violaciones de derechos humanos alegadas por varias de las víctimas” o haber cerrado los casos con investigaciones “inexistentes o radicalmente ineficaces”, señala.

En la primera lista de víctimas hecha pública por esta comisión y que hoy reconocerá oficialmente en un acto institucional, también hay miembros de ETA. Se trata de militantes de la organización terrorista que habrían padecido malos tratos y abusos policiales tras ser detenidos. Durante décadas, los militantes de la organización criminal denunciaron de modo sistemático haber padecido abusos policiales tras sus arrestos. Muchos eran falsos, otros no. Los tribunales españoles apenas han reconocido casos. Algunos de quienes los sufrieron llegaron incluso a buscar el amparo de la justicia europea que ha condenado en varias ocasiones a nuestro país por no investigar este tipo de actuaciones. Ahora la Comisión del Gobierno vasco asegura en su primera batería de expedientes que existieron casos que afectaron a presos de la banda y que se pueden dar por acreditados con “rigor”. Lo hace al menos en nueve casos en los que los denunciantes pertenecían a ETA y en otros tres que estuvieron acusados de colaborar con la banda.  

Presos de ETA

No son los primeros reconocimientos de víctimas de abusos policiales. La Ley anterior a la ahora en vigor –tras pactar Sánchez la retirada de recurso de inconstitucional presentado por el Gobierno Rajoy y modificar algunos de sus artículos- ya reconoció a 187 víctimas anteriores a 1978. Las 35 que ahora se suman también lo son de ese periodo –salvo un caso de 1985-. La ley actual abarca entre 1978 y 1999, si bien se abrió un periodo excepcional de posibles casos anteriores que aún no se hubieran investigado.

Ni el PP ni Vox acudirán al acto organizado hoy. Tampoco varias de los casos de víctimas que hoy serán reconocidas y que, en su mayor parte, se produjeron en el entorno de ETA y la izquierda abertzale. Aún restan una veintena de casos por cerrar de los 55 expedientes en marcha, entre ellos el de Mikel Zabalza, que apareció muerto en el río Bidasoa tras ser detenido por la Guardia Civil. Como el suyo, otros casos continúan pendientes de resolver a la espera de nueva documentación.

Fueron víctimas de un modelo policial y de lucha contra la violencia terrorista que en muchos casos se saltó la ley. Casos como los GAL y sus crímenes fueron la máxima expresión de ese modo de actuar. Unos años en los que la amenaza terrorista alcanzó uno de sus momentos más crueles.

Si en Bilbao a las víctimas de malos tratos y torturas recibirán un reconocimiento oficial, en Madrid serán las víctimas del terrorismo, fundamentalmente de ETA, las que serán homenajeadas mañana. También lo harán en un clima de división y ausencias. Como desde hace doce años, el Congreso celebrará, coincidiendo con el aniversario del asesinato de la que se considera primera víctima del terrorismo, Begoña Urroz –un bebé de 22 meses asesinado en San Sebastián en 1960 a consecuencia de una bomba del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL)- un homenaje a las víctimas del terrorismo. Este año tampoco acudirán ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la mayoritaria, ni el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE).

Ausencias

Las ausencias no son nuevas, pero sí profundizan la distancia entre las víctimas y el Gobierno. La AVT ha decidido homenajear por su cuenta a las víctimas. Lo hará en el exterior de la Cámara Baja, donde se celebrará el acto oficial, y mostrando una posición crítica contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su política de acercamiento de presos de ETA. Desde el verano de 2018 Instituciones Penitenciarias ha trasladado a la práctica totalidad de presos de la banda a prisiones vascas o cercanas a Euskadi. Los últimos, esta semana. A ellos suma la tranferencia de la competencia de prisiones a Euskadi que ha suscita recelos en la AVT.

Para esta asociación que agrupa a cerca de 4.000 víctimas del terrorismo, «no es moral ni ético ceder a una de las reivindicaciones históricas de ETA, el fin de la política de dispersión y luego celebrar un homenaje honrando a las víctimas». Recuerda a Sánchez que no se puede estar al mismo tiempo «con las víctimas» y con «los verdugos». Señala que el Ejecutivo parece más preocupado «por los derechos de los terroristas y sus familias que por los de las familias de los que han asesinado»: «No vale traicionarnos durante todo el año y el día 27 de junio llenarse la bica con buenas intenciones y falsas promesas»

Desde Covite, que no ha asistido nunca a este homenaje que fue instituido por el entonces presidente del Congreso, José Bono en 2011, la crítica se enfoca más en lo que considera que es un homenaje incoherente al celebrarlo con la presencia de EH Bildu. La coalición de la izquierda abertzale ya ha anunciado que por tercer año consecutivo asistirá al acto de la Cámara Baja.

La presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez, asegura que por coherencia y dignidad no pueden acudir a una institución, el Congreso, «en la que tiene representación partidos políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista en un ejercicio de cinismo». Ordóñez cree que no se puede homenajear a las víctimas del terrorismo en el Congreso mientras la mayoría de las fuerzas políticas sigan mostrándose indiferentes ante la presencia de EH Bildu en la Cámara Baja, «los herederos del brazo político de ETA».