Al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy le deben estar pitando mucho los oídos los últimos días. A la reiterada aparición de su nombre en distintas comparecencias judiciales que tienen que ver con el que fuera su tesorero Luis Bárcenas -declaraciones que van estrechando el cerco en torno suyo- la cuestión catalana le ha devuelto también a la actualidad.

Cuando el pasado lunes 21 trascendió la noticia de que el Consejo de Europa instaba a España a no perseguir al independentismo por sus ideas, excarcelara a los presos y retirara la demanda de extradición de Carles Puigdemont, además de reformar el delito de sedición, asumiendo todos y cada uno de los postulados de los secesionistas y comparando a España nada menos que con Turquía, se generó un enorme estupor entre el constitucionalismo. ¿Qué es lo que había fallado? ¿Cómo era posible que las autoridades españolas no hubieran hecho un trabajo diplomático previo? ¿Acaso el ponente, Boriss Cilevics, socialista letón, no había hablado con sus compañeros de filas españoles?

Y, casi lo que es más importante, ¿nadie evaluó el uso que el independentismo iba a hacer del informe del Consejo? Fuera por desidia, desinterés o equivocación, el informe "bebe" de los datos de Òmnium Cultural y del defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó. Parece que se reclamó información a la Fiscalía española, aunque nada apunta a que se tuviera en cuenta nada de la misma.

Pero lejos de asumir ninguna responsabilidad, el Ejecutivo de coalición ha encontrado una culpa y un culpable. Resumiendo, la culpa es de las imágenes del referéndum ilegal del 1-O de 2017 y, por tanto, "el culpable es Rajoy", afirman literalmente fuentes gubernamentales.

Se trasladó el mensaje de que los independentistas fueron represaliados por sus ideas"

Cuatro años después de aquellos acontecimientos y tres de gobierno de Pedro Sánchez, Moncloa aduce que el modo en que el ejecutivo popular administró el referéndum ilegal "hizo mucho daño a la imagen de España. Se trasladó el mensaje de que los independentistas fueron represaliados por sus ideas". Lo que pasó el 1-O "no se entendió en el resto de Europa", insisten, aunque también admiten que "el independentismo lo ha hecho bien" a la hora de trasladar sus tesis en este organismo. Todo ello para llegar a una conclusión final: "La culpa es de Rajoy". Y con el mismo aplomo arguyen que "este Gobierno ha levantado la imagen de España en el exterior".

En cambio, los populares se malician de que detrás de lo acontecido no hubo desidia ni desinterés por parte del Gobierno, sino, muy al contrario, "una pista de aterrizaje" para los indultos, según señala en conversación con El Independiente el diputado popular Pablo Hispan, uno de los parlamentarios que tomó la palabra en la sesión plenaria del Consejo para defender que en España no se persigue a la disidencia salvo que se salte la ley.

"Falló Exteriores y el PSOE", dice el PP

A su juicio, la principal responsabilidad es de Exteriores "que tiene una embajada permanente en Bruselas y sabía perfectamente lo que iba a pasar" desde enero de 2019, que es cuando arranca este asunto. También "falla el PSOE" porque a fin de cuentas Cilevics es de su misma familia política.

De hecho, los socialistas delegaron en la representante del Partido Pirata islandés la intervención en el pleno y lo hizo a favor del informe que cuestionaba a la justicia española. Los populares, en cambio, eligieron a la ex ministra de Exteriores griega Dora Bakayannis, hermana del primer ministro de ese país, mujer de prestigio, que defendió la posición de nuestro país y las cuatro enmiendas del PP contra los puntos más sensibles de ese dictamen.

El propio Hispán, asegura, se puso en contacto con todos los miembros del PPE, aunque admite que algunos votaron a favor "porque el informe se refiere en un 90 por ciento a Turquía", lo que sirvió para ocultar en buena medida el resto del contenido. Matiza, eso sí, que el informe no es siquiera una recomendación y que su impacto en el resto de Europa es más limitado al que ha tenido en España, sobre todo entre el secesionismo y el modo en que le ha servido al Gobierno para afianzar su discurso sobre los indultos.

"Grave fracaso de la diplomacia española"

Gobierno y PP han venido desde entonces protagonizando un enfrentamiento a cuenta de este fiasco. Los populares apuntan a la ministra de Exteriores, Arantxa González-Laya, a la que acusan de "grave fracaso de la diplomacia española", según le espetó el pasado martes en el Senado Rafael Hernando.

La aludida, por su parte replicó que "menos 'ladrar' y más trabajar" al tiempo que puso en valor el trabajo, a todas luces insuficiente, de "sus colegas senadores y congresistas españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que son quienes han defendido la postura española".