Irene Montero y Juan Carlos Campo en calidad de ministros coproponentes de la nueva ley LGTBi, han comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros en compañía de la ministra portavoz, María Jesús Montero. La titular de Igualdad ha destacado que esta ley "es también una muestra de la fortaleza del Gobierno de coalición, una forma de hacer política feminista, de que somos capaces de dialogar y de acordar para hacer políticas que mejoran la felicidad de las personas de este país" obviando el año de enfrentamiento con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

No ha perdido la ocasión de volver a su lenguaje "inclusivo" a la ahora de hablar de las personas que se sienten "solas, solos y soles", aunque la última palabra tenga significado propio, y también ha insistido en los "niños, niñas y niñes". Dice de ésta que es una "ley feminista" a pesar de la oposición de amplios colectivos con la llamada "autodeterminación de identidad género", que la ley recoge por mucho que el departamento de Carmen Calvo lo niegue.

Entre sus líneas generales destacan que todas las mujeres tendrán derecho a la inseminación asistida: a la filiación de los hijos de mujeres lesbianas sin necesidad de matrimonio; se prohíben las terapias de conversión; reconocimiento de las personas intersexuales y se penaliza la discriminación. "Tienen un gobierno aliado para convertir en ley los derechos que pueden ver vulnerados y que trabaja para la felicidad de las personas", ha explicado.

Campo ha elogiado el trabajo de Carmen Calvo, cosa que no ha hecho Irene Montero

A diferencia de la ministra de Igualdad, Campo ha elogiado el papel "fino" de la vicepresidenta primera, como coordinadora de toda ley que exige el concurso de varios ministerios. Como responsable de los registros, Justicia ha dado la clave para el acuerdo que ha hecho posible "remover obstáculos". Ha indicado que de 12 a 14 años habrá que valorar la madurez y la estabilidad como los elementos que van a permitir el cambio de mención registral y será una resolución judicial quien lo determine.

De 14 a 16 deberá acudir con los padres o con un defensor pero con un mecanismo más sencillo consistente en una primera comparecencia ante el encargado del registro civil donde recibirá un formulario e información sobre medidas de protección y de apoyo. Se exige una nueva comparecencia a los tres meses para confirmar el cambio registral. Entre 16 y 18 años ya no hará falta el consentimiento paterno.

El anteproyecto de la Ley LGTBi, más conocida como Ley Trans, ya es una realidad. El Consejo de Ministros la ha aprobado este martes, a tiempo de sumarse a las fiestas del Orgullo, cuyos organizadores amenazaron con excluir al PSOE, y sin que hayan desaparecido las discrepancias entre los socios de Gobierno y dentro de las filas socialistas. Un sector del feminismo clásico lo ve como una claudicación.

Precisamente, justifica Irene Montero que leyes de este calado "siempre generan debate social", pero que pasado un tiempo pasará como con otras iniciativas que están perfectamente insertadas ya en nuestra sociedad. Por ello ha insistido en que "es una ley feminista". Hasta la ministra portavoz ha asumido el nuevo discurso de que quedan "salvaguardados los derechos de las mujeres". En definitiva, se declara partidaria "del texto que ha aprobado el Consejo de Ministros" que "es el mejor texto que este Gobierno ha podido producir".

Negociación "larga y difícil"

En vicepresidencia primera han negado hasta el último momento la mayor, esto es, que se acepte la autodeterminación de sexo, aunque en la práctica todo se reduce a una inscripción registral, aspecto que también era susceptible de crítica por falta de garantías jurídicas.

Campo poco menos que ha negado discrepancias internas y lo ha atribuido más al ruido externo. Se ha trabajado "tranquilamente", lo que ha hecho extensiva a la ley del consentimiento sexual que también llegará "de manera inmediata". Pero la Ley confirma el triunfo de la ministra de Igualdad, que ha admitido que la negociación ha sido "larga y difícil" y aún le queda al texto pasar por los órganos consultivos y el trámite parlamentario. En este sentido no ha querido aclarar si la actual ley sólo se ha desbloqueado por intervención directa de Pedro Sánchez.