El general jefe de la Base Aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz Cabañete, asegura que recibió una orden del Estado Mayor del Ejército del Aire, a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores, para no pedir el pasaporte al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, cuando este llegó a España a través de la capital aragonesa, el 18 de abril, en un avión medicalizado.

Así lo asegura en las contestaciones que Cabañete da a las preguntas que le formuló el titular del juzgado de instrucción número 7, Rafael Lasala, sobre las circunstancias de la llegada de Ghali a España el 18 de abril.

Estas respuestas han servido al abogado Antonio Urdiales para presentar ante el juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza un escrito en el que solicita la apertura de diligencias por la llegada de Ghali, al entender que este hecho podría ser constitutivo de los delitos de uso de documento falso, prevaricación y encubrimiento personal.

En sus respuestas al requerimiento judicial, el jefe de la Base Aérea relata que un avión de la República Argelina aterrizó en Zaragoza a las 19.25 horas del 18 de abril de conformidad con lo ordenado telefónicamente por el Estado Mayor del Ejército del Aire, que también ordenó que el personal que viajaba en el avión no pasara control de pasaportes y aduanas, "por lo que se desconoce su identidad".

Cabañete añade que una persona que viajaba en el avión en una camilla medicalizada, de la que se desconoce la identidad al no haberle solicitado el pasaporte, fue trasladada en ambulancia.

La Base Aérea, agrega, tiene un procedimiento por el que las personas que aterrizan en ella procedentes de países de fuera de la zona Schengen deben de pasar el control de pasaportes, pero que en esa ocasión no se siguió el procedimiento por orden del Estado Mayor.

Fuentes de Exteriores aclaran que la práctica tradicional en España, aplicada con carácter habitual por ejemplo en la Base Aérea de Torrejón, es no someter a control los pasaportes que portan los pasajeros que llegan en un vuelo oficial (por tanto, con las pertinentes autorizaciones). Defienden que se trata de una cortesía diplomática frecuente en muchos países, aunque los pasajeros están obligados a llevar encima su documentación de viaje por si en algún momento fuese requerida por la autoridad competente.

Cabañete precisa que desde el Estado Mayor le confirmaron que estas órdenes de no realizar trámites le fueron transmitidas por el gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

A la vista de esas contestaciones, el abogado Antonio Urdiales ha presentado este jueves la referida denuncia, en la que manifiesta su "hilaridad y sorpresa" por el asunto, que se ha gestionado, dice, de forma "burda y tercermundista".

Urdiales, que en declaraciones a Efe ha pedido la dimisión de González Laya, muestra su deseo de que esta denuncia "sirva para conocer la verdad y regularizar de una vez por todas las relaciones entre España y Marruecos".

Asegura en su escrito que no entiende cómo una orden verbal posibilitó la entrada en España de un investigado "por presuntos delitos de genocidio, en concurso con otros de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones".

También dice que a tenor de la información proporcionada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional a instancias de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el paciente era Brahim Ghali, provisto con un pasaporte diplomático argelino falso a nombre de Mohamed Benbatouche, con el que se registró en el hospital San Pedro de Logroño.

Para el letrado, no cabe duda de que el personal militar es "totalmente ajeno" a los hechos, y que fue "engañado" por el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, del que recibió las órdenes.

Por todo ello, pide al juez que ordene al general del Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier Salto, si se incoó expediente administrativo por las instrucciones recibidas del ministerio y si todas las comunicaciones con Asuntos Exteriores se hicieron por teléfono, y que proporcione el nombre de las personas que intervinieron en las comunicaciones.

Del ministerio requiere información sobre la existencia o no de un expediente sobre la llegada del avión y que identifique a la persona que contactó con el Estado Mayor para dar las órdenes.