Moncloa alarga los plazos. No cree que en año y medio se supere el conflicto con el mundo independentista, entendido por superado una rebaja de la inflamación secesionista que amaine las ansias por la ruptura. De hecho, hablan de "dos o tres años", esto es, más allá de la actual legislatura nacional que el jefe del Ejecutivo está seguro de reeditar a pesar contar en estos momentos con sondeos adversos.

La cita de casi tres horas en Moncloa el pasado martes entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès lejos de incrementar el optimismo hacia una apuesta arriesgada ha elevado la prudencia en Moncloa. La reacción del presidente de la Generalitat de poner en marcha entre el mes de julio y agosto lo que ha llamado "Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación", así como confirmar su plante a la Conferencia de Presidentes que se reunirá en Salamanca la última semana de julio, no es una buena manera de arrancar el nuevo clima de diálogo que ha inaugurado con Sánchez.

La cita de tres horas en Moncloa ha elevado la prudencia del Gobierno

Aragonès quiere acudir a la mesa bilateral de septiembre con una posición consensuada entre los partidos independentistas y todas las organizaciones de su órbita para tener más peso negociador.

También ha sorprendido el sarcasmo del portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuando en el debate de este miércoles respondió a la aseveración del jefe del Ejecutivo de que "nunca jamás" permitirá un referéndum de autodeterminación. «También prometió que no habría indultos… denos tiempo», le espetó ayer desde la tribuna de oradores.

En todo caso y fuera de foco, los republicanos independentistas señalan que "todo lo que sea sentarse y hablar es bueno", independientemente de cuál sea el resultado final de esa mesa bilateral Gobierno-Generalitat que se reunirá en la tercera semana de septiembre y de la que todavía se desconoce su composición por parte del Govern. La principal novedad en lo que afecta a la delegación del Gobierno central será la inclusión de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en sustitución de Pablo Iglesias.

Levantarse de la mesa

Precisamente, Moncloa no descarta que ese foro de diálogo vaya pasando por distintas vicisitudes, incluida la posibilidad de que en algún momento los independentistas "se levanten de la mesa" aunque sea para volver después.

A la comisión que no hay que perder de vista es a la bilateral de inversiones y traspasos, convocada para este mes de julio. El Gobierno espera que, al margen de las grandes cuestiones identitarias como la amnistía y el referéndum, se pueda avanzar en asuntos más pegados al terrero que den satisfacción a ese sector del independentismo menos hiperventilado.

Este miércoles Sánchez reiteró en sede parlamentaria una oferta que estaba ya contenida el punto 23 de la llamada "Agenda para el Reencuentro", esto es, el apoyo a los Juegos Olímpicos de 2030 Pirineos-Barcelona. De este proyecto se ha apeado Aragón, disconforme con la denominación de los mismos por entender el ejecutivo del socialista Javier Lambán que no están "en igualdad de condiciones con Cataluña".

Ya hubo este mes de mayo las primeras reuniones exploratorias entre el Comité Olímpico Español y el COE con la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, y el secretario general de Deporte, Gerard Figueras. La fecha límite para presentar la candidatura coincide con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, después de retrasarlos un año por la pandemia.

El tema central de la mesa de traspasos será la financiación autonómica

Pero la madre del cordero de esta mesa paralela será el nuevo modelo de financiación autonómica, pendiente de renegociación desde 2014. Los Gobiernos de Mariano Rajoy no abordaron este asunto en plena gestión de la anterior crisis, y el Covid volvió a retrasar una renovación que exigen todas las autonomías por considerarse infrafinanciadas.

Sánchez se comprometió con el anterior presidente de la Generalitat Quim Torra a impulsar un sistema de financiación autonómica "que cuente con la participación de los territorios y que permita garantizar la lealtad y solidaridad entre los territorios y la igualdad de todos los españoles a la vez que asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia", según rezaba la agenda en su punto 5.

Su negociación es de una enorme complejidad y corresponde al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero comenzar a dar los primeros pasos.