"Tienen un chollo. Pagan ocho euros a un médico, 17 a un especialista, cuatro al podólogo, la sesión de fisioterapia a seis y la consulta básica de odontología a 11. ¿Tú encuentras un fontanero por 11 euros? Cobran mucho más por un servicio", describe el oftalmólogo andaluz J. Ignacio Guerrero, que lleva 28 años ejerciendo en la sanidad concertada. Él y otros miles de facultativos españoles de ejercicio libre en el sector privado han dicho basta y quieren que se cambien las reglas del juego para que no sean las aseguradoras y los grupos hospitalarios los que impongan unilateralmente los precios.

La Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel), de la que él es presidente y que defiende los intereses de unos 5.000 profesionales sanitarios del país, llamó el pasado mes de abril a las puertas de las instituciones comunitarias para que analizaran el caso español y determinaran si se están vulnerando las leyes de competencia. La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo les ha confirmado esta semana que han admitido a trámite la queja y que ha pedido ya a la Comisión Europea que lleve a cabo una "investigación preliminar" sobre los hechos relatados en la denuncia, dirigida jurídicamente por el bufete especializado en Derecho de la Unión Europea Navas & Cusí.

"El objetivo es que se homologue el mercado español. Hemos puesto en conocimiento del Parlamento europeo hechos que consideramos graves: las aseguradoras, que no son instituciones sanitarias, se han apropiado de la voluntad de los pacientes y de la libertad de los médicos y están poniendo en riesgo un sistema privado que en España agrupa ya a más de 13 millones de clientes. Queremos desinflar la burbuja para que no estalle como la de la construcción", razona Guerrero, que espera tener un pronunciamiento favorable en otoño. De momento, Bruselas les ha pedido que le aporten toda la documentación que acredite la situación que denuncian.

Los médicos de ejercicio libre en el sector privado denuncian que las aseguradoras imponen los honorarios y que éstos no se revisan desde hace más de 30 años

La principal queja es que los grupos aseguradores y hospitalarios "imponen sus honorarios a los profesionales mediante la determinación unilateral" de los baremos sin negociar con los médicos y sin que los pacientes conozcan cuánto perciben realmente los facultativos por el servicio que les ofrecen. En opinión de esta patronal, ello supone una vulneración de la directiva comunitaria sobre la distribución de seguros, que en su artículo 17.3 establece que los distribuidores de seguros no pueden establecer criterios de remuneración que afecten al "mejor interés de sus clientes". 

"Llevamos diez años sufriendo esta dictadura. El médico tiene que tragar con lo que dice la compañía. ¿Pero quién es la compañía para decidir por el paciente y por el médico si la relación médico-paciente -según la legislación europea- es libre, independiente e inviolable?", se pregunta retóricamente el presidente de Unipromel, que confía en que Bruselas "dé un tirón de orejas" por algo que "no pasa en ningún otro lado" y pueda cambiar la situación.

Baremo oficial de una compañía aseguradora: 7,81 euros por consulta, 6,66 euros si es una revisión.

A ello se suma que las tarifas no se revisan "desde hace 30 años", lo que arroja unas cantidades que están muy por debajo de lo que perciben médicos que ejercen la sanidad privada en otros países del entorno. "En España se paga la mitad que en Francia. Y en Alemania es tres o cuatro veces el de aquí. Hasta las consejerías autonómicas, cuando tienen que cobrarle a un ciudadano europeo por la política sanitaria transfronteriza, aplican cuatro veces lo que pagan estas compañías privadas", destaca.

Guerrero asegura que se trata de una "reivindicación histórica" de colegios profesionales, la Organización Médico Colegial (OMC) y asociaciones de especialidades que sigue sin lograrse. "Cuando pides que suban el IPC, la respuesta de la aseguradora es que no puede porque las pólizas son baratas y que, si incrementa el precio. pierde clientela. 'Si no le interesa, bórrese de la compañía', te dicen. Eso es lo último que hace el médico. ¿Cómo me voy con 4.000 historias que tengo? No puedo dejar a mis pacientes tirados", justifica.

La 'Ley ómnibus'

En virtud de la conocida como Ley ómnibus, en vigor desde finales de 2009 y que vino a adaptar la norma sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los médicos y los colegios profesionales tienen prohibido fijar baremos o precios mínimos. Por ello, el colectivo reclama al organismo regulador que tenga el mismo celo con el resto de actores con intereses en la sanidad privada a fin de que "se respeten las reglas del juego" y se corrija esta situación.

"No creo yo que se arruine Adeslas con casi 300 millones de euros de beneficios o Sanitas con 200 por empezar a pagar 20 o 25 euros en vez de nueve y 30 o 35 euros las consultas de especialidades, que es el IPC que no nos han subido en los últimos 30 años. ¿Que ellos dicen que es mentira? Yo les reto a que saquen el histórico de sus baremos y nos digan lo que pagaban en los 80, los 90 y en 2000 y lo que abonan ahora. Tenemos prohibido poder decirle al paciente el baremo bajo amenaza de expulsión de la compañía", señala.

J. Ignacio Guerrero se declara un "enamorado" del modelo de medicina privada asegurada, pero pide que las compañías "se dediquen a vender las pólizas y coberturas" y que el mercado sea "totalmente transparente". "Claro que hay médicos de ocho euros y usted lo puede elegir, como puede elegir un hotel de una estrella o un menú de carretera de seis euros. Pero que no vendan ninguna moto. No me diga que tengo por Vivaz Seguros, la que anuncia Matías Prats, toda la sanidad privada por 15,95 euros porque eso está poniendo el sistema a un nivel de estrés y la gente busca un precio cada vez más barato", indica.

"Currantes y sacrificados"

A sus 58 años, Guerrero se ha marcado permanecer siete más al frente de Unipromel, periodo en el que espera que la "reivindicación histórica" que han llevado al Parlamento europeo se haya logrado y los profesionales reciban unos honorarios acordes con su preparación. "Somos los más currantes y sacrificados de todos los autónomos españoles. Un fontanero o un electricista, que tienen todo mi respeto, viven mucho mejor que un médico. Se hacen en una tarde tres avisos por 150 euros o te arreglan tres lavadoras en un día y se llevan 200 euros. A mí me quedan diez euros netos por paciente", apostilla.

Constituida en Sevilla en noviembre de 2019 pero de ámbito nacional, la Asociación Unión Médica Profesional trata de agrupar a todos los profesionales de ejercicio en la medicina de ejercicio libre para defender sus intereses económicos, profesionales y de protección social. En la actualidad cuenta ya con unos 5.000 asociados, entre directos y los que pertenecen a asociaciones con las que existen acuerdos.