Consejeros del Tribunal de Cuentas, el órgano que estimó la pasada semana en 5,4 millones de euros el desvío de fondos públicos para promover en el extranjero a Cataluña como territorio independiente entre 2011 y 2017 a través del Consejo de Diplomacia Pública del Govern (Diplocat), temen que el Gobierno impulse una reforma legal a través del PSOE en el Congreso para destituirles.

La pasada semana, el Tribunal de Cuentas citó a los presuntos responsables de dicho desvío -más de 30 ex altos cargos independentistas entre quienes se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Oriol Junqueras- y les entregó el Acta de Liquidación Provisional en la que se fijó la fianza millonaria que deben entregar antes de dos semanas con riesgo de ver sus bienes embargados si no lo hacen. En el caso de Mas, la cantidad asciende a 2,8 millones y en el de Junqueras y Puigdemont, a 1,9 millones.

Se trata de la fianza impuesta tras la fase de instrucción, no la exigencia de una responsabilidad contable como tal que se dirimirá en la siguiente fase, la propiamente jurisdiccional que comienza a partir de ahora. La magistrada Margarita Mariscal de Gante será la encargada de dictar la sentencia en la que se fije el dinero que se considera malversaron los políticos catalanes. Después de dicha sentencia habría una segunda instancia o apelación, que se resuelve por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. Ambas decisiones serían recurribles en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Ataques del Gobierno

La decisión del órgano fiscalizador llega en un momento poco apropiado para el Gobierno. Entorpece la ruta de "diálogo" y aproximación al Govern independentista de Pere Aragonés abierta por el presidente Pedro Sánchez, iniciada con el indulto a los líderes del procés condenados a penas de prisión por los delitos de sedición y malversación. El perdón del Gobierno no exime a los políticos independentistas de responder ante el Tribunal de Cuentas, al que el propio Sánchez atacó la semana pasada tras conocer su primera conclusión.

Consideró que es un "anacronismo" que la consejera de cuentas Mariscal De Gante, ministra de Justicia del primer gobierno de José María Aznar, "sea quien vaya a decidir sobre los expedientes de los ex responsables políticos de la Generalitat", criticó el presidente durante una entrevista en La Sexta. Para las fuentes próximas a los miembros del Tribunal de Cuentas consultadas por El Independiente, estas palabras dejan claro cuáles son sus intenciones para con el órgano y sus miembros. Ven que arranca una campaña de "desprestigio del órgano desde el Gobierno" y de "injerencia política similar a la vivida en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al no poder renovarlo sin la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados".

Pendiente de renovación

Se da la circunstancia de que en dos semanas vence el mandato de nueve años de los actuales consejeros del Tribunal de Cuentas. Su composición actual se conformó en 2012, proponiendo el Partido Popular (partido del Gobierno con mayoría en el Congreso) a siete consejeros y el PSOE, a cinco. Uno de ellos, Lluis Armet, renunció por enfermedad y no ha sido repuesto. Por lo tanto, el Gobierno se encuentra en este momento clave para el futuro de sus relaciones con el Govern con una minoría de miembros propuestos por el PSOE en el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público que tiene que decidir sobre las multas millonarias a los políticos independentistas.

El Partido Popular, principal partido de la oposición, se mantiene en su posición de bloqueo. No está dispuesto a llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar este órgano, ni el CGPJ -que lleva dos años y medio en funciones-, así como tampoco el tercio del Tribunal Constitucional que está de salida.

En estas circunstancias, los consejeros de cuentas que hasta ahora han realizado su labor fiscalizadora y jurisdiccional "al margen del juego político, elaborando detallados informes técnicos basados en datos económicos de entes públicos y administraciones tanto en manos del PP como del PSOE", según trasladan fuentes próximas a sus miembros, temen un ataque político sin precedentes destinado a poner en duda su profesionalidad.

La semana pasada, sin ir más lejos, el ministro de Transportes José Luis Ábalos afirmó que el Tribunal de Cuentas estaba "empedrando" el camino para el reencuentro con Cataluña. Sánchez habló del órgano como "una instancia administrativa, no judicial". En una decisión sin precedentes, el tribunal emitió una nota aclaratoria en la que se afirmó que "el tribunal ejerce su función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos".

El órgano está regulado en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y su funcionamiento en la Ley del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en las que se especifica que no pueden ser removidos de sus cargos hasta que haya otros consejeros que les sustituyan y que la elección de éstos debe salir adelante con la votación favorable de 3/5 del Congreso y del Senado.

A pesar de que el partido en el Gobierno (PSOE) y sus socios de coalición de Unidas Podemos no alcanzan la mayoría necesaria en el Parlamento, las fuentes próximas al órgano consultadas consideran que el Gobierno a través del PSOE promoverá una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas con la que buscar una vía para remover a los consejeros de sus cargos consiguiendo los apoyos de los independentistas y otros partidos minoritarios hasta llegar a la mayoría requerida para aprobarla.

No lo tendrían fácil porque la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece en su artículo 22 que los consejeros de cuentas "continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hayan de sustituirles".

En caso de que los consejeros apreciaran una injerencia del Poder Político en su actividad, podrían dirigirse al Tribunal Constitucional y plantear un conflicto de atribuciones, como marca el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Una opción a la que no descartarían recurrir llegado el momento, según trasladan las fuentes próximas a éstos consultadas.