Correos y Telégrafos reforzará la seguridad de su red de oficinas antes de final de año con la colocación de casi 1.700 cámaras de vigilancia que reforzarán las medidas ya existentes. El presupuesto asciende a 664.701 euros, lo que arrojaría un coste unitario de casi 400 euros en el improbable caso de que se adjudicase el contrato por el importe máximo. 

La Subdirección de Compras de la sociedad estatal ha sacado este lunes a licitación el suministro e instalación de 1.694 cámaras de circuito cerrado de televisión en 743 sucursales repartidas por todo el país y su conexión al videograbador existente en cada una de ellas. El concurso se ha dividido en siete lotes (correspondientes a las distintas zonas territoriales), oscilando el plazo de ejecución entre los 45 y los 90 días.

El pliego de condiciones técnicas y particulares elaborado por el área de Seguridad de Correos está fechado el pasado 6 de mayo, dos semanas después de que trascendiese que varios dirigentes políticos y altos cargos -como los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo); el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez- recibieran cartas amenazantes con balas en su interior.

La mayoría de estas misivas pasaron por el Centro de Tratamiento Automatizado de Vallecas (Madrid) sin que saltaran las alarmas. En el caso del envío a Díaz Ayuso, realizado también en vísperas de las recientes elecciones a la Comunidad de Madrid, fueron empleados de una oficina de Correos en San Cugat del Vallés (Barcelona) los que detectaron el sobre con los proyectiles en su interior.

Después de estos episodios, la empresa pública ha adoptado diversas medidas para intentar reforzar la seguridad tanto de sus trabajadores como de los usuarios a los que presta servicio. Como informó este diario, ha pedido ofertas para contratar a una empresa de seguridad que se encargue de la inspección de envíos postales mediante perros detectores de explosivos en el Centro de Tratamiento Internacional (CTI) de Madrid-Barajas, por donde pasan las cartas recibidas y con destino a otros países. Este procedimiento se había declarado desierto en 2018 al no recibirse ninguna propuesta y se volvió a sacar a licitación el pasado 23 de junio, sin que se haya resuelto todavía.

Correos saca la licitación tras los envíos amenazantes a políticos en vísperas de las elecciones madrileñas

La mejora de la vigilancia de las dependencias de Correos incluirá también la instalación de más cámaras en las instalaciones del operador postal público, lo que facilitará sobre el papel la investigación en caso de envíos sospechosos. Los sistemas a colocar deben tener capacidad para registrar como mínimo 15 días, según se detalla en el pliego que regirá el concurso.

"El fin perseguido con esta contratación es la incorporación en oficinas de Correos de medidas de seguridad de CCTV [circuito cerrado de televisión] complementarias a las existentes, mediante la ampliación del número de cámaras necesarias para cada centro, adaptándose a los nuevos escenarios de necesidades, nivel de riesgo, coberturas (...) y deberán ser compatibles con el videograbador existente", especifica la empresa.

Las cámaras se ubicarán a una altura de entre 2,5 y tres metros y cubrirán diversos escenarios: la entrada del personal, el acceso a la oficina de empleados y clientes, el área de atención al usuario, el patio de operaciones, el recinto de caja, la entrada secundaria y los muelles de carga. Los proveedores que resulten seleccionados tendrán que crear una red de vídeo "exclusiva e independiente" de la red operativa de cada centro de trabajo para evitar que se altere el funcionamiento de la explotación del negocio.

Distribución de las cámaras de vigilancia en las zonas en las que se colocarán.

Casi un tercio de las cámaras -concretamente 550- se instalarán en 242 dependencias que Correos tiene en la zona 4, integrada por las provincias de Madrid, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Cáceres y Badajoz. Le siguen con 350 la zona 6 (Andalucía, Ceuta y Melilla) y la 2 (Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Soria) con 327. El polo opuesto (51) lo representa el área geográfica que abarca Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Baleares.

Contraluz y visión nocturna

En cuanto a las características técnicas, el suministro deberá estar formado por cámaras de red profesional (IP) que sean compatibles con la plataforma de acceso a recursos electrónicos Ovid, de alta resolución y dotadas con dispositivo contraluz y visión nocturna. En las dependencias en las que el videograbador no permita la conexión de este tipo de cámaras se podrán sustituir por otras digitales de alta definición, detalla el pliego.

En aplicación de la Ley de seguridad privada, únicamente podrán optar a este contrato las empresas que pertenezcan a este sector y que se encuentren inscritas en el Registro del Ministerio del Interior. El precio que se oferte tendrá un peso en la decisión final de hasta el 70 %, correspondiendo el 30 % a las mejoras técnicas que ofrezcan los licitadores: reducción del plazo de ejecución del contrato, equipamiento material, la cualificación del personal técnico asignado, la memoria descriptiva...