En plena polémica por las multas del Tribunal de Cuentas a los cabecillas del procés, Pedro Sánchez ha señalado que todo lo que aprueben los gobiernos autonómicos "debe estar sujeto a derecho", en alusión a la póliza de 10 millones de euros que la Generalitat ha suscrito para pagar dichas fianzas multas. Partiendo de esa premisa, ha agregado que la medida impulsada por Pere Aragonès esta siendo "objeto de estudio" y, "si no está sujeta a derecho, recurrirla".

El presidente del Gobierno ha hecho estas consideraciones en una comparecencia junto a la primera ministra de la República de Estonia, Kaja Kallas, a donde ha viajado al finalizar la reunión del Consejo de Ministros. A diferencia de la ministra portavoz, María Jesús Montero, que ha eludido este asunto en su comparecencia de todos los martes por presunta falta de información, Sánchez ha dado un paso más allá respecto a una medida sin duda controvertida.

Y es que el Gobierno catalán ha acordado este martes la creación de una póliza de crédito para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a más de una treintena de ex cargos de la Generalitat por la acción exterior en favor de la independencia de Cataluña. El Consell Executiu ha aprobado un Decreto ley por el que se crea una póliza de 10 millones de euros destinada a "cubrir las responsabilidades contables" de funcionarios y altos cargos de la Generalitat que no se encuentren cubiertos por otras pólizas de seguros ya contratados por la administración catalana.

"Desde el punto de vista jurídico está construido de tal manera que garantiza que no se hace una malversación de dinero público" ha explicado el consejero de Economía, Jaume Giró. El decreto establece la creación de un fondo de 10 millones de euros del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que a su vez pedirá el aval a una entidad financiera, que recibirá el contra aval del ICF a la fianza avalada.

Giró niega que haya malversación

"No hay desplazamiento patrimonial, hay un fondo que se vehicula a través de una entidad financiera regulada por el Banco de España que emitirá el aval que está esperando el Tribunal de Cuentas" ha insistido Giró. "El aval lo emitirá una entidad financiera" y cubrirá la responsabilidad contable "hasta que haya sentencia firme".

Un concepto que el Govern ha aplicado bajo un criterio como mínimo innovador: No se considerará sentencia firme la que dicte el Tribunal Supremo, en caso de condena, sino la de un eventual recurso a instancias europeas. Es decir, en caso de que el Tribunal de Cuentas condene a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la treintena de ex altos cargos investigados, el Decreto mantiene el aval para que recurran ante el Supremo. Y si este tribunal ratifica la condena, la Generalitat asumirá el pago de la fianza, mientras los condenados recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Supremo, en su condición de última instancia en España, obligará a hacer efectivos los pagos en caso de condena "pero la Generalitat considera como última instancia Europa y no exigirá el dinero hasta entonces" ha argumentado la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, para explicar ese criterio. Solo en caso de condena firme del TEDH, la Generalitat exigiría el pago a los ahora investigados. Una eventualidad que Giró ha considerado "muy lejana".

Giró no ha aclarado de qué partida presupuestaria saldrán los 10 millones de euros con los que se crea el fondo que gestionará el ICF, pero ha asegurado que la Generalitat y el Instituto de Finanzas "tiene pulmón financiero que le da capacidad de sobras para hacer ese aval". El consejero de Economía tampoco ha concretado qué entidad financiera emitirá el aval, que debe hacerse efectivo antes del 21 de julio, aunque ha explicado que "ya estamos en contacto con varias" entidades.

Principio de indemnidad

La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, ya había avanzado este lunes que los acusados tendrán garantizada su tutela en base al "principio de indemnidad", mientras la portavoz de ERC, Marta Vilalta, animaba a las entidades independentistas a impulsar una nueva recogida de fondos para satisfacer las fianzas millonarias impuestas por el Tribunal de Cuentas.

Esto es, para el Govern, la defensa está justificada en el marco legal español por el Estatut del funcionario público, que señala que un servidor público debe ser defendido por la administración cuando se enfrenta a un proceso judicial por una actuación en el ámbito de sus competencias. Pero no quieren asumir el avala de las fianzas ante el riesgo de ser acusado, también el nuevo ejecutivo, de malversación.

Elsa Artadi, portavoz de Junts, defiende sin embargo que la Generalitat debe dar "un primer paso contundente" y avalar "sin fisuras" a los afectados porque "han actuado en nombre y por directrices políticas del Govern". Para Artadi no sólo se trata de "defender a los trabajadores, sino la legitimidad misma del propio Govern".