La nueva consejera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha reclamado de nuevo que la Policía Nacional abandone el histórico edificio de la Jefatura en la Vía Layetana de Barcelona para instalar allí el Memorial Democrático creado por la Generalitat en recuerdo de las víctimas de la dictadura. Ciuró se ha estrenado esta semana en el Parlament dejando claro que no va a abandonar esa reivindicación, que comparte Ada Colau desde el Ayuntamiento, pese a las reiteradas negativas del Ministerio del Interior.

El ministro Fernando Grande-Marlaska, ha dejado claro su rechazo a la propuesta, la última vez el pasado abril. Fue en el transcurso de una sesión de control en el Senado, cuando Marlaska aseguró en respuesta a una pregunta de ERC que "no vemos motivos operativos para trasladarla". 

El titular de Interior remarcó que el Gobierno "no contempla" el traslado porque no quiere "privar a la sociedad catalana" de la posibilidad de que las fuerzas de seguridad "operen en las infraestructuras adecuadas". Además, subrayó, que, desde hace más de 40 años, los policías cuando visten el uniforme lo hacen con los "valores constitucionales".

Nueva Ley de memoria histórica

La ex convergente compareció este lunes en el Parlament para presentar las líneas maestras de su proyecto al frente de Justicia. Entre ellas, la redacción de una nueva Ley de memoria histórica para endurecer las sanciones contra los homenajes al franquismo. Será "un instrumento legislativo ajustado a los principios internacionales de justicia, reparación y no repetición," que incluirá medidas para usar archivos y fondos documentales como prueba de actos ocurridos durante la dictadura y la Transición.

El anteproyecto de ley que prepara el Govern Aragonès incluirá restricciones para "evitar actos públicos de exaltación o de homenaje al franquismo y contrarios a la dignidad de las víctimas y sus familiares", además de un régimen de sanciones en caso de incumplimientos.

En este contexto, Ciuró ha explicado que su objetivo es trasladar el Memorial Democrático, ahora ubicado en el Raval, al edificio de Jefatura. El independentismo lleva años reclamando el cierre de estas instalaciones, en las que se instaló durante el franquismo la Brigada de Investigación Social, conocida como la política-social.

Blanco independentista

Identificada con los abusos y torturas policiales contra los opositores al régimen hasta el final de la dictadura, la comisaría de Vía Layetana ha sido señalada ya con una placa en la que el Ayuntamiento de Barcelona quiso recodar este pasado. Placa muy protestada por los sindicatos policiales, que se sienten injustamente estigmatizados por el recordatorio de los abusos franquistas.

Este pasado ha convertido a la Jefatura en el blanco perfecto para las protestas del independentismo, que asimila las prácticas de la dictadura con las de la policía democrática. Desde 2017, prácticamente todas las protestas con incidentes más o menos violentos han pasado en algún momento por este punto de la capital catalana. Ahí se originó la que después se conocería como la "batalla de Urquinaona" tras la publicación de la sentencia del procés.

Paradójicamente, también se ha convertido en punto de peregrinación del constitucionalismo catalán. Frente a ella desfilaron las manifestaciones constitucionalistas de octubre de 2017. Tras los incidentes posteriores a la sentencia del procés, decenas de personas acudieron a la Jefatura a felicitar a los agentes de guardia frente al edificio.

Cs reclama el cese del jefe de prisiones

Durante la comparecencia la consellera ha defendido, además, el nombramiento del agente de los mossos César Galván como nuevo director de Prisiones. Un nombramiento que Cs ha exigido que revoque tanto por su falta de experiencia en la materia como por su pasado político, como regidor de Convergencia.

Ciuró ha recuperado esta dirección general para Galván, que carece de experiencia en la gestión de prisiones, pero fue regidor de CiU en Castellar del Vallés (Barcelona). Tras su reingreso en los mossos, Galván asumió la jefatura de la oficina de relaciones con la comunidad en Sabadell, localidad en la que Ciuró ejercía como concejal hasta entrar en el Govern.

Galván seguirá al frente de prisiones, bajo las órdenes del secretario general de medidas penales, Amand Calderó, pese al cambio al frente de la consejería de Justicia, antes en manos de ERC, ahora de Junts. Calderó fue el responsable de gestionar el paso de los condenados por el 1-O por las prisiones catalanas de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric. Una gestión polémica por las denuncias de trato de favor a los líderes del procés.