El procedimiento del Tribunal de Cuentas que ha llevado a exigir una fianza de 5,4 millones de euros a 34 líderes independentistas -entre ellos a los ex presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y al ex vicepresidente Oriol Junqueras- por promocionar el proceso independentista catalán con dinero público en el extranjero entre los años 2011 y 2017 destapa las irregularidades en las que presuntamente incurrió el Govern.

Según la instrucción que se ha seguido en el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, el Ejecutivo catalán llevó a cabo durante años un sinfín de actos y encuentros internacionales con diputados, periodistas, académicos y grupos de presión a fin de dar a conocer la situación política en Cataluña, reivindicar el derecho de los catalanes a decidir y defender la legalidad de la consultas populares. Todo ello financiado por el presupuesto público.

En sus informes, el Tribunal de Cuentas considera que el Govern incumplió repetidamente las normas de contratación del sector público para encargar a empresas internacionales informes a favor de la independencia de Cataluña o contratar asesores para las delegaciones internacionales de la comunidad, las denominadas 'embajadas catalanas', con unas condiciones mejores que las de los trabajadores públicos de la Administración catalana a pesar de que sus sueldos se costeaban con los fondos de la Generalitat y estaban adscritos a ésta.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas revela el descontrol del gasto público en las delegaciones de la Generalitat entre los años 2011 y 2017

El Govern habría evitado plasmar en documentos la verdadera finalidad de hasta 45 viajes internacionales al extranjero de los presidentes Mas y Puigdemont o de los consejeros de sus gobiernos que tuvieron un coste de casi medio millón de euros (479.633 euros). "Dichos viajes tenían por objeto en la mayoría de los casos impartir o participar en conferencias o reuniones cuyo objeto consistía en promocionar y dar a conocer el proceso soberanista con la intención de obtener respaldo y reconocimiento internacionales, implicando no sólo la utilización de fondos públicos para la satisfacción de particulares intereses, sino la contravención del principio de 'lealtad institucional mutua' previsto en el artículo 3 LAE", se puede leer en el informe redactado por el fiscal del Tribunal de Cuentas acerca del destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de Cataluña y al que ha tenido acceso El Independiente.

"España ha vuelto a su pasado dictatorial"

La instrucción desarrollada en el Tribunal de Cuentas destapa irregularidades económicas con relevancia penal que fueron elevadas a juzgados de Barcelona que ahora investigan los hechos por si fueron constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos o prevaricación.

Respecto a las que se quedaron en el ámbito de la responsabilidad contable, el órgano fiscalizador destaca la cobertura de los gastos de coloquios periodísticos y charlas por toda Europa en las que se ofreció la versión de que Cataluña era un "pueblo prohibido" o que España había vuelto "a su pasado dictatorial" por no permitir un referéndum de independencia para la región.

El 24 y 26 de abril de 2017, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) -cuyas cuentas también se han revisado en el procedimiento- organizó, junto con las delegaciones del Govern ante la Unión Europea y Francia, actos en Bruselas, París y Ginebra bajo el título '¿Un referéndum para Cataluña?', en los que el ex presidente de la Generalitat Puigdemont conversaba con un periodista local que hacía de moderador de un fórum con el director canadiense de una película que se proyectaba después, titulada Le peuple interdit (El pueblo prohibido). El gasto final asumido por Diplocat para dicho acto "ascendió a 8.434 euros, un 37 % más de lo presupuestado. Por su parte, la delegación de Francia pagó al menos 4.908 euros y la de la UE al menos 1.679 euros, por lo que el coste total de la actividad ascendió a 15.013 euros", se puede leer en uno de los informes del órgano.

Contratos menores para evitar el concurso

Los informes consultados en los que se basa el acta de liquidación provisional a través de la que se exige a los impulsores del procés fianzas millonarias, que serán cubiertas finalmente por un fondo de 10 millones abierto por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), destacan la opacidad de los contratos del Ejecutivo autonómico en su acción exterior.

Según éstos, las delegaciones internacionales "realizaron pagos por servicios de asesoramiento o de elaboración de informes cuya finalidad u objeto no constan o resultan ajenos a las competencias de las delegaciones y de la propia comunidad autónoma". También llaman la atención sobre el hecho de que, en la mayoría de los casos, "no existe contrato firmado" pese a tratarse de servicios periódicos y se desconoce el tipo de prestaciones reales. "Además, las facturas no detallan los servicios efectivos prestados, recogiendo conceptos indeterminados o genéricos. El importe conjunto de estos pagos ascendió a 515.675 euros", cuantifican.

En la mayoría de las ocasiones, según el órgano fiscalizador, la Generalitat tramitó a través de sus delegaciones las contrataciones como contratos menores a pesar de que en ocasiones se daban a la misma empresa y los importes eran superiores a las cantidades para no tener que pasar por concurso público que exigen las normas estatales de gasto público. Destacan los casos de las empresas ID y HCSS. En el caso de la primera, cobró entre 2013 y 2014 de la delegación del Gobierno de Cataluña en Estados Unidos 92.843 euros "sin que conste tramitación de ningún expediente de contratación ni documentación justificativa de las prestaciones realizadas". La misma compañía también fue contratada por Diplocat con supuestas irregularidades.

En cuanto a las segunda, según la información que obra en el procedimiento, "durante septiembre y octubre de 2017 se abonó a HCSS un total de 243.200 euros con cargo a la delegación de Cataluña ante la Unión Europea y la delegación de Ginebra". El órgano fiscalizador tampoco encuentra la documentación que revele la causa real del contrato con esta empresa.

El Tribunal de Cuentas destaca en sus informes que las delegaciones del Gobierno catalán en el extranjero destinaron fondos a la organización de cócteles, comidas y cenas para cuyas facturas no se solicitó especificar cuántas personas acudieron a éstos ni la identidad de los comensales.

Cena con "ocho botellas de vino"

Uno de estos ágapes tuvo lugar en noviembre de 2016. Entre las facturas de la Delegación en Francia figura un gasto de 609,61 euros correspondiente a un viaje realizado a Suiza con motivo de un encuentro con diputados del país helvético. En esas fechas, el director de Diplocat se desplazó a Suiza con "el intergrupo de diputados" y tuvo lugar una cena que supuso un gasto de 1.915 euros, a razón de 191,50 euros por comensal. En dicha comida se sirvieron "ocho botellas de vino" con un coste de 633 euros. El elevado pago del cubierto, según el Tribunal de Cuentas, es "contrario a las normas sobre dietas y gastos protocolarios".

Tampoco pasan por alto que la Delegación en Reino Unido sufragara el cáterin servido en Londres el 3 de mayo de 2016 tras el desarrollo de un seminario que llevaba por título '¿Qué está pasando en Cataluña?' y organizado por la Asociación Soberanía y Justicia. "Hay que indicar que esta asociación tiene como objetivo 'contribuir a la concienciación de la necesidad de un Estado propio e independiente para Cataluña", se lee en uno de los informes de fiscalización.

La documentación del procedimiento destapa igualmente el descontrol en la contratación de personal en las delegaciones en el exterior y la Unión Europea, en cuya selección "en ningún caso constan realizados procesos basados en los principios de mérito y capacidad". Los trabajadores de estas delegaciones en los ejercicios 2012 y 2014 "no sufrieron la eliminación de una paga extraordinaria (o equivalente) en virtud de lo dispuesto en el Real-Decreto ley 20/2012, de 13 de julio en la LP 2014". El personal laboral fijo de la Generalitat desplazado en la delegación ante la UE "experimentó incrementos anuales incompatibles con las limitaciones establecidas en las leyes de presupuestos, circunstancia que no se produjo en otras delegaciones, ni en esa misma delegación respecto del personal vinculado a través de una relación laboral diferente".

Urnas para el 20-N

El Tribunal de Cuentas también llega a la conclusión de que las delegaciones del Govern en Alemania, Francia, Reino Unido, Estados unidos (Nueva York), la Unión Europea, la Casa de Perpiñán y varias de las oficinas sectoriales de ACCIO (Argentina, Japón, Australia, Canadá, México, Estados Unidos [San José, California], Italia, Colombia, China, Brasil, Dinamarca, Chile) utilizaron sus locales para que se realizara la votación convocada para el 9 de noviembre de 2014, a pesar de que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y posteriormente declarada ilegal. Los gastos de las delegaciones en estas actuaciones ascienden al menos a 2.863 euros y otros 358,52 euros relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017, precisa uno de los documentos de la instrucción.

Otro capítulo en el que el órgano fiscalizador ha encontrado irregularidades es en los encargos de informes. La Delegación de la Generalitat en Estados Unidos hizo un desembolso de 10.188,09 euros el 27 de agosto de 2017 -apenas un mes antes del 1-O- por la emisión de un trabajo sobre "los escenarios políticos posibles para Cataluña en el futuro cercano y sus consecuencias legales". No se tiene constancia de las características del contratista (residente en EEUU), tampoco si se hubiera contactado con otras empresas, ni siquiera de la recepción del trabajo ni de su contenido. "Pero sí el pago", enfatiza.

Ése fue tan sólo uno de los cuatro coautores a los que las delegaciones del Govern en Francia, Estados Unidos, Portugal y Ginebra encargó informe para tratar de dar legitimidad al referéndum del 1 de octubre, pagándoles en total al menos 41.045 euros. Dos de los autores se desplazaron a Barcelona, corriendo también el presupuesto público con dichos gastos.

La Generalitat anunció esta semana que las fianzas exigidas por el desvío de fondos públicos a la promoción de una Cataluña independiente en el extranjero se cubrirán con un complejo fondo cuyo mecanismo se publicó esta semana en el boletín oficial de la comunidad. El Gobierno catalán defiende que los líderes independentistas deben ser protegidos puesto que se les exigen estas cantidades por labores desarrolladas en el ejercicio de su cargo público.

De momento se trata de fianzas provisionales puesto que acaba de concluir la fase de instrucción en el Tribunal de Cuentas. Todavía queda la publicación de una sentencia sobre el procedimiento por responsabilidad contable en el órgano fiscalizador que podría recurrirse ante éste y ante el Tribunal Supremo.