Isabel Díaz Ayuso ha pisado el acelerador. La presidenta madrileña no tiene tiempo que perder en una legislatura anormalmente corta, que finalizará en tan sólo dos años. En ese tiempo, la dirigente ha prometido que pondrá en marcha las casi 50 medidas que anunció en su discurso de investidura. De hecho, en cuestión de días ha aprobado su primera ley en la Asamblea: la referente a la reforma de Radio Televisión Madrid para relevar a la actual cúpula directiva del ente público y nombrar a un nuevo administrador provisional, que será escogido en Consejo de Gobierno el próximo miércoles 14 de julio.

Para llevar a cabo tal cometido, Ayuso confió en los seis consejeros que ya tenían un asiento reservado en su gabinete la pasada legislatura, cuando gobernaba en coalición con Ciudadanos. Finalmente no redujo el número de departamentos gubernamentales a la mitad, como le exigía Vox, sino que suprimió cuatro de las trece consejerías que ostentaban PP y Ciudadanos antes de las elecciones del 4-M y sumó a su equipo a Concepción Dancausa, Carlos Izquierdo y a la ex dirigente naranja Marta Rivera de la Cruz. Es decir, un 30% menos respecto al anterior gobierno y un ahorro para las arcas públicas regionales de más de 400.000 euros. "Si todos nos tenemos que apretar el cinturón, empecemos por los gobernantes", pronunciaba Díaz Ayuso hace un par de semanas en la sesión de investidura, en la que remarcaba el "esfuerzo" que supone un recorte de estas características en favor de la "austeridad" por la situación de crisis que atraviesa el país, sin escatimar en críticas a Pedro Sánchez por mantener 23 ministros y cuatro vicepresidencias.

Pero el discurso de la presidenta madrileña se vio un tanto desdibujado días después, cuando trascendió la decisión de crear un nuevo ente gubernamental para colocar en él a Toni Cantó, el flagrante fichaje del PP para la campaña de las elecciones madrileñas. Se trata de un departamento cuyo objetivo es "impulsar" el español y promocionar Madrid como capital europea de la lengua patria, y cuya dirección está remunerada con un salario anual de 75.000 euros. Este gesto fue suficiente como para acelerar las críticas de la oposición madrileña, pero tampoco gustó a Vox, cuya fuerza ha exigido desde el principio a Ayuso que la reducción de consejerías vaya aparejada, al menos, de un recorte equivalente en el número de altos cargos, esto es, direcciones generales, comisionados, oficinas, secretarías, viceconsejerías o presidencias de entes públicos. Los sueldos de estos cargos oscilan precisamente entre los 75.000 y los 100.600 euros anuales, cifra que perciben los miembros de mayor rango dentro de la estructura orgánica regional.

Tal y como informó El Independiente, el reparto de altos cargos se cerró en la anterior legislatura en alrededor de 135, sin contar con la presidenta y con los trece consejeros de entonces. Esta cifra suponía un gasto medio que rondaba los 12 millones de euros que iban destinados exclusivamente a pagar los salarios de altos cargos. Actualmente, con un gobierno en solitario, Ayuso ha decidido meter también la tijera en los puestos de máxima responsabilidad para limitar el gasto, aunque el recorte no será proporcional a la reducción de las consejerías: de los mencionados 135 puestos se pasa a unos 110, según aparece recogido ya en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid tras la aprobación de la nueva estructura en Consejo de Gobierno.

Esta reducción de un 20% de los altos cargos en la Comunidad de Madrid conlleva, además, un ahorro de 2,3 millones de euros, a los que habría que sumar los más de 400.000 en sueldos de la vicepresidencia y las consejerías que desaparecen esta legislatura. No es suficiente recorte para Vox, que exigía una reducción drástica de departamentos gubernamentales y "chiringuitos" políticos -en cuyo saco meten el de Toni Cantó- al menos a la mitad. El portavoz del ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, ya deslizó, no obstante, que la reducción de consejerías no tenía que ir aparejada necesariamente de un recorte de altos cargos, porque "las competencias están ahí", por lo que el efectivo adelgazamiento de la Administración se entiende como un éxito dentro el equipo de Isabel Díaz Ayuso.

Así las cosas, el departamento con más entes dependientes es el de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige el popular Enrique López, en el que se enmarcan un total de 24 altos cargos, entre los que se encuentra su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. La más modesta es la consejería que dirige Carlos Izquierdo, la de Administración Local y Digitalización, con tan sólo dos departamentos a su cargo. En el resto, -salvo Educación, que consta de 18 directivos- el número de altos cargos oscila entre los siete y los 12 puestos.