La nueva ministra de Justicia recién designada por Pedro Sánchez hereda uno de los retos más difíciles de la nueva era del Gobierno que pretende iniciar el presidente. La magistrada experta en violencia de género Pilar Llop (Madrid, 47 años) recibe de manos del hasta ahora titular de la cartera de Justicia Juan Carlos Campo la tarea de desencallar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones desde finales de 2018, el período más largo sin renovación de la historia del órgano.

La falta de acuerdo entre el partido del Gobierno (PSOE) y el principal de la oposición (PP) ha hecho imposible elegir a nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces. Hasta en tres ocasiones ambos partidos han estado cerca de anunciar el acuerdo cuyos términos llevan ya un año sellados: un reparto al 50% para elegir a los consejeros proponiendo el PSOE al presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo.

Campo, que fue vocal del CGPJ y tiene una buena relación con el consejero de Justicia madrileño y experto en Justicia del PP Enrique López se encargó de llevar a cabo las negociaciones por parte del Gobierno con éste en nombre del partido de la oposición, pero el acuerdo ha saltado por los aires cada vez que ha llegado a la línea de negociación directa entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado.

La nueva ministra Llop conoce bien el funcionamiento del CGPJ puesto que trabajó como letrada del Gabinete Técnico de éste entre 2011 y 2015. Allí ocupó la jefatura de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y de Género, fue secretaria de la Comisión de Igualdad, del Foro Justicia y Discapacidad y del Comité de Dirección del órgano de dirección de los jueces, según repasó este domingo Europa Press.

Después, la magistrada pasó a la política como diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, donde fue portavoz en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento de la Asamblea y Estatuto del Diputado. Desde diciembre de 2019 hasta la fecha ha presidido el Senado.

En los últimos días, las asociaciones judiciales han vuelto a reclamar a los partidos políticos que cumplan con su obligación de renovar el órgano de dirección de los jueces y dejar de bloquear las instituciones como modo de hacer política. La nueva ministra también hereda la negociación para renovar el tercio del Tribunal Constitucional (el presidente, la vicepresidenta y dos magistrados) que están de salida desde 2019.

La reforma de la sedición

Pilar Llop, entre el círculo de dirigentes socialistas de confianza de Sánchez, también tendrá que abordar la modificación del Código Penal que su antecesor en el cargo, Campo, llevaba más de un año y medio anunciando que se haría para rebajar las penas previstas para los delitos de sedición y rebelión y acompasarlas a las que existen en otros países de la Unión Europea.

Una reforma que quedó aparcada con la aprobación de los indultos para los líderes del procés condenados a penas de prisión contra los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía que ha supuesto la salida de prisión de éstos, la decisión más relevante de la cartera de Justicia durante la etapa de Campo.

Los grupos independentistas catalanes y vascos en el Congreso reclaman a la vez la aprobación de una reforma legal (impulsada por PNV) para eliminar el control previo de inconstitucionalidad introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy. La desaparición de éste permitiría impulsar referéndums de independencia sin el control previo del Alto Tribunal, una reivindicación de los grupos nacionalistas que tendrá que superar aún la etapa de enmiendas en el Congreso de los Diputados para pasar al Senado.