Es probablemente el logro más viable que el PNV podrá arrancar al Gobierno esta legislatura. Así lo creía al menos cuando el 31 de mayo de 2018 se sumó al grupo que auparía a Pedro Sánchez a La Moncloa. Sin embargo, transcurridos algo más de tres años desde aquella moción de censura que arrinconó a la oposición al PP, los nacionalistas vascos empiezan a inquietarse. El cumplimiento del Estatuto de Gernika de 1979 no hace sino acumular retrasos y ministros. Este sábado el presidente del Gobierno renovó gran aparte de sus ministerios, entre ellos uno de los más relevantes para el PNV: Política Territorial.

Isabel Rodríguez será la cuarta persona que dirija el ministerio desde 2018, la cuarta interlocutora del Gobierno vasco para hacer cumplir el principal compromiso adquirido hasta ahora por el Gobierno socialista. La era ‘Sánchez’ en el Gobierno arrancó con un saldo negativo de 37 materias pendientes de  transferir de un estatuto, el vasco, aprobado hace más de cuatro décadas y que es, junto al de Galicia, el único que no ha sido renovado.

A Isabel Rodríguez le precedió Miquel Iceta, a éste Carolina Darias y a la hoy ministra de Sanidad, Meritxell Batet, antes de asumir la presidencia del Congreso. El cambio de titular en la cartera que debe hacer realidad el cumplimiento íntegro del Estatuto no hace sino generar nuevas incertidumbres sobre el futuro de la cuestión. El primer acuerdo sobre la materia lo cerró Batet apenas seis meses después de haber facilitado la investidura de Sánchez. El Gobierno vasco ya tenía elaborado el documento con las 37 competencias que consideraba que se le deben para dar por completado el Estatuto.

En noviembre de 2018 se llevaron a cabo las primeras transferencias, todas ellas menores, como la gestión del tramo de autopista entre Burgos y Armiñón y dos líneas de ferrocarril. Dos meses más tarde, en enero de 2019, se pactó el cronograma completo con 33 materias que seguían pendientes, entre ellas prisiones y el estudio inicial del régimen económico de la seguridad social. Ese calendario acordado con Batet establecía que para enero de 2020 Euskadi ya tendría completado su estatuto.

Escrivá, resiste

Han pasado 18 meses y el grueso de aquella promesa sigue sin cumplirse. En este año y medio el ministerio de Política Territorial ha visto dos relevos. Tras la repetición electoral y la conformación del nuevo Congreso de los Diputados Batet fue designada para presidirlo. Carolina Darias le sustituyó y las negociaciones con el PNV y el Ejecutivo Urkullu continuaron. Lo hicieron incluso pese al impacto que en las relaciones y prioridades de ambos Gobierno tuvo la pandemia.

En junio del año pasado Darias firmó el traspaso de tres nuevas materias al País Vasco: la legislación de productos farmacéuticos, la gestión de seguros escolares y la gestión de las ayudas previas a la jubilación a trabajadores afectados por expedientes de empleo. En enero de este año, Darias dio el salto a Sanidad y Miquel Iceta se convirtió en el tercer interlocutor de Urkullu para completar el Estatuto. No sería el último.

En un primer momento el perfil de Iceta parecía gustara al Gobierno vasco. Con una posición más favorable hacia las singularidades territoriales, el ministro siempre se mostró dispuesto a acelerar el paso con el País Vasco. Los avances con los que se encontró el desde ayer ministro de Cultura permitieron que sólo tres meses después pudiera firmar el traspaso de una de las competencias más ansiadas por el Gobierno vasco, la gestión de prisiones. En abril se rubricó el acuerdo y en octubre será efectiva la gestión por parte de la administración vasca de las tres cárceles ubicadas en Euskadi.

La esperanza Iceta no ha durado mucho. “Demasiado breve, más de lo que me hubiera gustado”, ha reconocido el propio ministro. A su sucesora, la ministra Isabel Rodríguez le corresponderá retomar la negociación y hacerlo apagando un incendio en marcha sobre una de las materias; el Ingreso Mínimo Vital. El PNV no ha ahorrado críticas contra uno de los supervivientes de la ‘macroremodelación’ gubernamental: José Luis Escrivá. El ministro de la Seguridad Social, amigo personal de Sánchez, se ha convertido en un escollo importante en la relación entre el Ejecutivo vasco y el español, entre el PNV y el PSOE. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar ha llegado a calificarlo como un “déspota ilustrado” que está dificultando la cesión del IMV con una actitud que podría derivar en una discrepancia “dura y global” que salpique al propio presidente Sánchez.

Una treintena de competencias

La ministra de Política Territorial tiene sobre la mesa casi una treintena de materias aún por cerrar. Completada la de prisiones, el reto más delicado pasa por el IMV que el Gobierno se comprometió a ceder para octubre próximo. Para entonces también debería haberse completado el grueso de las materias pendientes. Parece complicado que en este contexto el calendario pueda cumplirse. Y a medio plazo, el PNV querrá librar la batalla de las batallas, la negociación del régimen económico de la seguridad social. El cronograma acordado se limita a plantear unos estudios sobre su viabilidad y a presentarlos antes de mayo próximo. Sin embargo, los nacionalistas insisten en que la gestión económica está recogida en el propio Estatuto de Gernika y por tanto tendría que ser transferida.   

A todo ello se suma que a la vuelta del verano el PNV quiere resucitar su proyecto de nuevo estatus vasco. Un documento articulado que permita dar un nuevo encaje a Euskadi en el Estado y con el que superar el actual marco estatutario. Si bien previamente los nacionalistas aspiran a lograr un amplio acuerdo en la Cámara vasca, en el que se incluiría al PSE, la negociación se quiere acelerar para poderla llevar hasta su aprobación definitiva esta legislatura en el Congreso de los Diputados. Una cuestión que también correspondería desbrozar con la recién nombrada ministra.   

Por si acaso, el PNV ya ha recordado al Gobierno Sánchez que si quiere contar con sus votos para la aprobación de los próximos presupuestos el Gobierno deberá acelerar los pasos para cumplir sus compromisos. Es cierto que la formación de Ortuzar mantiene su disposición al diálogo y respaldo al Ejecutivo pero no oculta su sorpresa por la continuidad de ministros como Escrivá o la salida de otros, como Ábalos, con quien la relación era fluida.

La marcha de Abalos del ministerio de Transporte también supone una oportunidad. Las discrepancias que en torno al Tren de Alta Velocidad y su llegada a las capitales vascas se habían acentuado en los últimos días tendrán que abordarse de nuevo con la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Tras la cuestión estatutaria y territorial, el avance en las obras del TAV se han convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno Urkullu. Los trabajos, cuya financiación corresponden a la Administración central, no hacen más que acumular demoras. El cuestionamiento de la llegada soterrada del tren de alta velocidad a Bilbao y Vitoria ha sido el último motivo de disputa entre ambas administraciones.