Pablo Casado gana fuerza y al "cambio de ciclo" político del que presumen en el primer partido de la oposición tras la victoria de Díaz Ayuso el 4-M se suma también un balón de oxígeno económico. El Partido Popular cerró el pasado año con 4.632 afiliados más de los que tenía a principios de 2020, corrigiendo la tendencia provocada por la irrupción de Vox en 2019. Con todo, la cifra total sigue siendo inferior en unas 83.000 personas si se compara con el censo que la formación decía tener en víspera de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del principal partido de la oposición en sustitución de Mariano Rajoy, hace ahora tres años.

De acuerdo con las cuentas anuales correspondientes a 2020, presentadas hace un mes ante el Tribunal de Cuentas para su fiscalización y consultadas por El Independiente, el PP contaba el diciembre pasado con 778.046 afiliados frente a los 773.414 que sumaba el 1 de enero. El montante de las cuotas, sin embargo, disminuyó en 183.807,33 euros (un 6,17 %) en relación a 2019 tras pasar de 2.981.805,19 a 2.797.997,86 euros. Esta cifra es un 63 % de lo que la formación ingresó por este concepto en 2013: 4.436.327,94 euros, la cifra más elevada al menos de los últimos ocho años.

Mejor comportamiento tuvieron en 2020 las aportaciones realizadas por afiliados y cargos electos y públicos, que aumentaron en 511.174,45 euros hasta 2.586.867,01 euros (un 24,6 % más). Este importe es el de mayor cuantía al menos desde 2013.

Desglose de las cuotas y aportaciones de afiliados en los dos últimos ejercicios.

Con motivo del último congreso nacional, celebrado en Madrid en julio de 2018 y en el que Pablo Casado fue proclamado presidente tras imponerse a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias, el PP cifró en 861.430 el número de afiliados: 542.370 hombres y 319.060 mujeres. A la luz de estos datos, que se pueden consultar en su web, el partido arrancaba 2021 exactamente con 83.384 afiliados menos de los que aseguraba tener cuando el actual líder cogió las riendas.

El PP arrancó este año con 83.384 afiliados menos de los que decía tener cuando Pablo Casado llegó a la presidencia

La recuperación de la afiliación se certificó en un ejercicio en el que la formación conservadora volvió a los números negros. En concreto, el PP saldó el pasado año con un superávit de 4.334.419,04 euros, cifra que contrasta con las pérdidas de 5.730.880,18 euros con que cerró 2019. Ese año obtuvo el peor resultado en unas elecciones generales, al obtener tan sólo 66 escaños en la cita del 28 de abril. La repetición de los comicios en noviembre le permitió ganar algo de oxígeno y sumó otros 23 diputados, circunstancia que repercutió positivamente en sus cuentas.

En 2020, el Partido Popular tuvo ingresos de origen público por un montante de 30.916.332,95 euros, lo que representó el 83 % del total (seis puntos menos que el año anterior). El dato no puede compararse con el de 2019 (79.050.571,97 euros), por cuanto en dicho ejercicio se celebraron dos comicios y recibió más aportaciones del Estado para sufragar los gastos electorales.

El positivo comportamiento de las cuentas constatado el pasado año se sustenta en una importante reducción de los gastos. Así, la factura por servicios exteriores se redujo en 9,83 millones de euros debido a la pandemia de la Covid-19, que impidió la celebración de actos, reuniones y viajes. Por su parte, la partida de personal disminuyó en 2,93 millones de euros tras reducirse la plantilla en 21 trabajadores (de 350 a 329).

En paralelo, la tesorería aumentó en 1.468.355 euros hasta los 13,96 millones y las deudas financieras se recortaron en 15,25 millones, principalmente por la amortización de los créditos contratados para financiar los distintos procesos electorales. Al cierre de 2020, el PP debía a los bancos 22,61 millones, el 86,2% a largo plazo.

Casi la mitad de la cantidad que adeudaba a las entidades financieras lo representaba el capital correspondiente al préstamo hipotecario que pidió en abril de 2006 a Banesto -hoy Grupo Santander- para comprar el edificio que alberga la sede nacional de Génova 13 y que aún no ha devuelto. Según se detalla en las cuentas de 2020, el PP amortizó en dicho ejercicio 1.093.979 euros (a razón de 91.164 euros al mes) y redujo la cantidad pendiente de pago a 10.245.281,08 euros. De mantenerse este ritmo, habrá abonado los 37 millones del principal crédito y sus correspondientes intereses (a Euríbor + 0,8 %) en marzo de 2030, seis años antes del plazo de vencimiento inicialmente pactado.

A mediados del pasado mes de febrero, Pablo Casado anunció por sorpresa durante un comité ejecutivo que había tomado la decisión de trasladar la sede de los populares a otro enclave dentro de la almendra central madrileña, en un intento de romper con el pasado por la vinculación del edificio a episodios relacionados con la corrupción de anteriores cúpulas directivas del PP.

Entonces, el líder de la oposición aseguró que la mudanza tendría carácter inmediato: el PP venía de sufrir un enorme varapalo electoral en Cataluña, un desgaste político que se vinculó sin ambages a la reactivación del escándalo de la 'caja B' por parte del ex tesorero del partido Luis Bárcenas. La decisión supuso un giro de 180 grados en la estrategia de Casado, que tan sólo unos meses atrás descartaba toda opción de desprenderse del buque insignia del PP. "Los edificios no delinquen", defendían.

Pero, de repente, el tablero político dio un vuelco. La fallida moción de censura del PSOE y de Ciudadanos en Murcia y los posteriores efectos del 'ciclón Ayuso' obligaron a escribir un guion distinto y apaciguaron las prisas de Casado: aún no hay fecha para una mudanza llena de incógnitas. La primera es si la dirección decidirá finalmente si arrienda o vende el actual inmueble, situado en una zona muy cotizada junto a la madrileña Plaza de Colón, aunque fuentes populares aseguran que, hoy por hoy, la opción que parece pesar más es la del alquiler. El gran interrogante reside en cuál será la nueva ubicación que escogerá Casado para huir definitivamente de los fantasmas del pasado.

3,2 millones en avales

Los 8.703.765,51 euros restantes que el PP adeuda a largo plazo a los bancos corresponden a 22 préstamos (21 de ellos hipotecarios) suscritos con 14 entidades diferentes -Caixabank, BBVA, Santander, Sabadell y Unicaja, entre otras- con fechas de vencimiento que oscilan entre 2022 y 2045. A corto plazo, el pasivo asciende a 3,66 millones, mayoritariamente también por créditos hipotecarios.

De otro lado, el importe de los avales que el PP mantenía en vigor en diciembre ascendía a 3.169.920,30 euros, un 4,5 % menos que el año anterior. De esa cantidad, 1.449.352,72 euros corresponden a la fianza depositada en la causa por la reforma de la sede nacional con la 'caja B' -ya enjuiciada en la Audiencia Nacional y a la espera de sentencia y 1.667.567,58 euros están vinculados a las elecciones generales y europeas de 2019 y a los últimos comicios vascos.