Es tiempo de pasar de fase. La primera, la de los traslados de los presos a cárceles vascas o próximas a Euskadi, ya se ha completado. Lo sabe el Gobierno y lo reconoce la izquierda abertzale. El acercamiento de los últimos militantes de ETA producido el pasado día 1 supuso el final de un proceso iniciado por el Ejecutivo el verano de 2018. Ahora, desde el entorno de EH Bildu y de las organizaciones de apoyo al colectivo de presos se ha iniciado una campaña para activar una nueva etapa que pasa por el acercamiento del total de reclusos a prisiones vascas o navarras. Además, se reclama que se aceleren las progresiones de grado y el acceso a beneficios penitenciarios.

En los últimos días distintas iniciativas han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que dé pasos en esa dirección. El último llamamiento se produjo ayer por parte de familiares de una treintena de presos de ETA que reclamaron acabar con la “excepcionalidad penitenciaria y jurídica” así como con la “conculcación de derechos”. El entorno afín a los presos y cercano a EH Bildu lleva semanas promoviendo que se ponga en marcha una nueva fase en la que, una vez completados los traslados, se comience a facilitar el acceso a terceros grados, permisos penitenciarios y redenciones de pena.

Actualmente en las tres prisiones de Euskadi cumplen su condena un total de 51 presos. La mayor parte en la cárcel de Zaballa, en Álava, donde ya están ingresados 19. En la prisión de Martutene los sucesivos acercamientos han elevado el número de reos de ETA a 13 y a 7 en el centro penitenciario vizcaíno, Basauri. A todos ellos se suman una docena de reclusos que por sus condiciones de salud cumplen condena en centros médicos especiales o en su casa.  En el caso de Navarra, la cárcel de Pamplona acoge ya a nueve presos de la banda terrorista.

Los traslados sucesivos autorizados de semana en semana han convertido a las cárceles cántabras y riojanas en las que más presos de ETA tienen. En el caso de Cantabria, limítrofe con el País Vasco, están ingresaos 23 y en la de Logroño, 24. Tras ellas destacan Zaragoza, con 16 presos y Palencia con 13. Actualmente en la red de prisiones españolas cumplen condena 165 presos de la banda. La prisión más alejada de Euskadi es la ubicada en Ávila, a 475 kilómetros. A ellos hay que sumar 24 presos más que cumplen condena en prisiones francesas, la mayoría en centros situados cerca de la frontera.

Itinerarios de 'reintegración'

El llamado Foro Social, de apoyo a los presos, a los que considera presos de “motivación política”, hizo un llamamiento al Gobierno para que comience ahora un nuevo tiempo de traslado de presos a cárceles vascas y navarras. Recuerda que la mayor parte de los presos, 119, están en segundo grado y por haber cumplido la mitad de su condena ya deberían estar en tercer grado y tener acceso a permisos penitenciarios y otros beneficios. Solicita además que se establezcan itinerarios personalizados para facilitar la “reintegración” de los presos en su camino hacia la libertad condicional y la reintegración en la sociedad y que para ello se habiliten las políticas y recursos institucionales necesarios.

En este sentido la izquierda abertzale recuerda que la reciente transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno vasco debe reflejarse en un cambio de política penitenciaria que se aplique a los presos, también a los de ETA. La competencia no la ejercerá de facto el Gobierno de Iñigo Urkullu hasta el próximo 1 de octubre. Por el momento los responsables del Ejecutivo vasco han señalado que su apuesta será la de reforzar las políticas de resocialización en las prisiones y favorecer itinerarios a los presos que permitan su resocialización completa a la salida de la cárcel. Insisten en que será un modelo aplicable al conjunto de reclusos y que no se contempla ninguna singularidad ni privilegio para el colectivo de presos de ETA.

La izquierda abertzale volverá a llevar a cabo su campaña estival de apoyo a los presos de ETA con las concentraciones en las playas. En esta ocasión la ha convocado para el 1 de agosto próximo bajo el lema “Stop a las políticas de excepción”.

Denuncia de víctimas

Desde algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, como al AVT, se ha denunciado no sólo la culminación del acercamiento de los presos, con el traslado de 201 presos desde 2018. También se ha arremetido por el siguiente paso que consideran que será el ingreso de todo el colectivo en prisiones vascas y navarras. La semana pasada subrayaron que los cuatro traslados se producían sobre presos que ya habían sido trasladados inicialmente y que ahora eran acercados a cárceles de Euskadi: “Ha quedado demostrado que el siguiente paso del Ejecutivo en materia penitenciaria es, una vez trasladaos todos los presos, que sean trasladados a prisiones vascas”.   

La AVT denuncia que este es el primer paso “para acortar la estancia en la cárcel de los terroristas presos. Aseguran que sus reclamaciones en ningún caso buscan la venganza sino “la aplicación de la ley, toda la ley para quienes son los responsables de estos terribles crímenes”. Defienden que cualquier mejora de la situación penitenciaria de estos presos debería ir acompañada de una “colaboración efectiva con la justicia “para el esclarecimiento de los cientos de crímenes pendientes.

Precisamente esta semana el Parlamento Europeo ha anunciado que enviará una delegación de diputados a España con el fin de investigar por qué sigue habiendo 379 asesinatos de ETA sin resolver. Lo ha acordado el Comité de Peticiones de la Eurocámara con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y Vox y el voto negativo de PSOE, Podemos y los nacionalistas. Este organismo tramitaba la reclamación presentada por la asociación de víctimas especializada en litigar en los tribunales contra el terrorismo Dignidad y Justicia, que ha hecho bandera de esta iniciativa que pretende acabar con la impunidad de los asesinos.