El Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición planteada por algunos ex altos cargos del Govern para que se ampliara el plazo de depósito de la fianza de 5,4 millones de euros por los gastos vinculados a la internacionalización del procés y al referéndum del 1-O, por lo que el margen termina este miércoles. De no aportar ellos o la Generalitat el dinero, le serán embargados bienes hasta cubrir las cuantías de la que se les hacen responsables.

Fuentes del supremo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público han confirmado este lunes a El Independiente que la solicitud presentada por algunos de los antiguos altos cargos y funcionarios contra los que se dirige el procedimiento no ha tenido éxito. "El Tribunal lo ha denegado", han trasladado.

A finales del pasado mes de junio, el Tribunal de Cuentas cifró en 5.422.411,10 euros -468,38 euros menos de lo cuantificado inicialmente- la liquidación provisional practicada en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (conocido como Diplocat) a la espera de que se enjuicien los hechos.

Entre las personas alcanzadas figuran los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras; los ex consellers Andreu Mas-Colell (Economía), Raül Romeva (Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia) y Francesc Homs (Presidencia), y la ex interventora Mireia Vidal. El órgano fiscalizador les dio de plazo hasta el 21 de julio, que continúa siendo efectivo tras rechazar la petición.

El Gobierno de Pere Aragonès ha acordado abrir un fondo para afianzar los 5,4 millones requeridos, de modo que no tengan que responder con su patrimonio las personas que están siendo investigadas por el Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable que, según el Govern, no pueden ser perseguidas por acciones realizadas en el ejercicio de su cargo, tal y como justificó en el decreto con el que se aprobó el sistema para proteger económicamente a los ex altos cargos independentistas. De su gestión se encargará el Instituto Catalán de Finanzas hasta que se formalice un aval con una entidad financiera.

El plazo expira este miércoles mientras el 'Govern' negocia con bancos para que avalen la fianza

Procedente de una partida de fondos extraordinarios para "gastos de diferentes consejerías", el Ejecutivo autonómico ha transferido ya una partida de 10 millones que operará como contraaval de la fianza. El Govern ha mantenido en los últimos días que "si los servidores públicos sufren un daño o perjuicio en la realización del servicio, sin que concurra culpa o negligencia, tienen que ser resarcidos". De ahí que creara el complejo sistema de cobertura de las finanzas denominado 'Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya'.

Según explicaron fuentes del Gobierno catalán, éste consiste en "un fondo que se vehicula a través de una entidad financiera regulada por el Banco de España que emitirá el aval que exige el Tribunal de Cuentas". De tal manera, la entidad financiera que avale cubrirá la responsabilidad contable hasta que haya sentencia firme, aunque la 'trampa' del Ejecutivo catalán es considerar sentencia firme la que dicte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), no el Tribunal Supremo.

De momento, ninguna entidad financiera ha respaldado el sistema descrito y el Gobierno central avisó de que lo revisará a fondo por si con él se estuviera desviando dinero público al pago de dichas fianzas, como denunciaron los partidos de la oposición (PP y Ciudadanos) que anunciaron denuncias por malversación. Cabe la posibilidad de que en el último momento -según fuentes conocedoras del procedimiento- los afectados anuncien que la denominada caja de resistencia de las entidades en apoyo al proyecto independentista catalán aporten la cantidad exigida y no haya que recurrir al mecanismo de fianza del Govern.

De momento, Vox ha presentado ya una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y los consejeros Laura Vilagrá (Presidencia) y Jaume Giró (Economía y Hacienda) por la creación del citado fondo, al entender que dicha decisión puede ser constitutiva de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.