La vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, pidió este martes a España que renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese a la “complejidad de la situación política”.

“Tomamos nota de la realidad y la complejidad de la situación política, de cierto proceso de bloqueo, pero tenemos que reiterar que es necesario que el CGPJ funcione”, dijo Jourová en una rueda de prensa para presentar el segundo informe que publicó hoy la Comisión Europea sobre la evaluación del Estado de Derecho en los Veintisiete, según recoge Efe.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo que tuvo “la oportunidad” el pasado viernes de mantener una reunión con la nueva ministra de Justicia española, Pilar Llop, durante el encuentro informal que celebraron en Eslovenia los titulares del ramo de la Unión Europea.

Según el informe que publicó hoy Bruselas sobre la situación de Estado de Derecho en España, la falta de renovación del CGPJ, pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los “retos” a los que “sigue enfrentándose” la Justicia española.

No obstante, destaca como “hecho positivo” que se retirase la propuesta de rebajar de mayoría cualificada a absoluta la necesaria para elegir a los miembros del CGPJ, como planteó el Gobierno ante la negativa del Partido Popular para reformar el órgano. La reforma “habría aumentado la percepción de que el Consejo es vulnerable a la politización”, recogió el informe.

“Es importante que se tengan en cuenta las normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas”, subrayó la auditoría. Respecto a la gestión de la pandemia de coronavirus, el informe señala que las Comunidades Autónomas fueron designadas como competentes para la aplicación de medidas de emergencia por la pandemia, unas actuaciones que generaron un “aumento exponencial” de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo, quien está en funciones desde 2017.

Por otra parte, reconoce que “España sigue mejorando el marco institucional y jurídico para prevenir y combatir la corrupción”, pero señala que “no existe una estrategia anticorrupción específica que oriente las medidas preventivas y represivas para luchar de forma integral”.

Y pone el acento en que los fiscales señalan que la falta de recursos adecuados afecta a la rapidez de la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción, incluidos los de alto nivel.