El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el uso supuestamente irregular de fondos públicos en las delegaciones catalanas en el extranjero y en el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) fija el gasto destinado a ganar apoyos internacionales para una Cataluña independiente en más del doble que la fianza de 5,4 millones de euros exigida por el órgano a 34 responsables de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont que tendrán que depositar este miércoles.

Según el extenso informe que aborda los "recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior" entre 2011 y 2017 al que ha tenido acceso El Independiente, los gastos totales de Diplocat durante el periodo analizado ascendieron a 15,8 millones de euros. El órgano fiscalizador llega a la conclusión de que, de todas las actividades desarrolladas por el consejo de diplomacia catalán en los años estudiados, "el 74,3% han tenido como fin último publicitar, impulsar, promover y promocionar el proceso soberanista". Es decir, se habrían destinado 11,7 millones de euros desde éste para promover la independencia catalana.

Para conseguirlo, se pagaron 1,4 millones de euros una organización norteamericana sin ánimo de lucro para ayudar al Gobierno de Cataluña a avanzar en sus "objetivos diplomáticos" o se costeó con más de 64.000 euros la visita a la región de una treintena de diputados y eurodiputados nacionales e internacionales entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2017, coincidiendo con el referéndum ilegal del 1-O, por poner dos ejemplos recogidos en el extenso documento.

De acuerdo con los distintos informes del fiscal del Tribunal de Cuentas, la instructora del procedimiento decidió imponer una fianza bastante menor al gasto mencionado, de 5,4 millones de euros, en el acta de liquidación provisional entregada a los líderes independentistas. La responsabilidad contable que se les pide se corresponde con las cantidades que no se han podido justificar de ninguna manera, explican fuentes del órgano fiscalizador a este diario. Esa cifra de poco más de cinco millones, a la que apuntó el fiscal en sus informes, se ciñe a los gastos de los que se ha comprobado que hay soporte documental pero se considera que no se destinaron a los fines permitidos por las normas de gasto público.

Mayoría de fondos procedentes de la Generalitat

Según se expone en el informe consultado, la mayoría de fondos recibidos por el Diplocat los años analizados procedían de la Generalitat: "Los recursos económicos del Diplocat están constituidos por transferencias procedentes de los impuestos de la Generalitat de Cataluña, aportaciones de otros miembros, donativos y subvenciones de otras personas y entidades y, si fuera necesario, de la retribución de los servicios que preste", se explica.

"Durante el periodo fiscalizado, el importe total de los derechos reconocidos por el Diplocat ascendieron a 13.612.616,33 euros, de los que el 92,14% procedía de transferencias corrientes, en su mayor parte con origen en la Generalitat (esta habría aportado un total de 12.271.035,91 euros). El resto de transferencias provienen de instituciones sin ánimo de lucro (996.995,39 euros), de la Diputación de Barcelona (176.000 euros), del Ayuntamiento de Barcelona (89.218,06 euros), de entidades autónomas de la Generalitat (40.000 euros) y de la Diputación de Lérida (39.366,97 euros)", trasladan los consejeros de cuentas.

Éstos también recuerdan en el reporte que el Tribunal Supremo, en la sentencia con la que rechazó el recurso contra la supresión y liquidación del Diplocat tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña, afirmó que "es verdad que nada impide que los distintos Departamentos de la Generalidad con competencias en las distintas materias sobre las que recaían aquellas actividades que se pueden llamar ordinarias de promoción exterior de Cataluña las asuman y prosigan. Pero, al margen de esta posibilidad cierta, se debe insistir en que, identificado el consorcio como instrumento al servicio de la secesión, no resulta desproporcionado suprimirlo cuando es la supervivencia de la propia Constitución la que estaba en juego".

Precisamente el Tribunal Supremo tendrá que resolver los recursos contra la sentencia del Tribunal de Cuentas -cuando la haya, pues el asunto está de momento en la fase de instrucción- de los líderes a los que se piden fianzas millonarias, entre ellos los ex presidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Francesc Homs y Raül Romeva.

1,4 millones de euros a una organización de EEUU

El informe repasa a qué se destinaron los 11,7 millones de euros mencionados. Destaca el pago de 1,4 millones de euros a una organización estadounidense para que ayudara al Govern a avanzar en sus "objetivos diplomáticos" que fue seleccionada por "su pericia en relaciones internacionales y cuestiones de secesión" y su experiencia "en representación de gobiernos no soberanos y en cuestiones de autodeterminación". Para los consejeros del Tribunal de Cuentas, unos y otros son "ajenos al ámbito de las competencias de una comunidad autónoma e invaden las competencias que corresponden en exclusiva al Estado".

El supremo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público también destaca que Diplocat firmó 13 contratos menores con una suerte de observadores internacionales de procesos electorales con un coste de 206.371 euros "de sus honorarios y de las actuaciones vinculadas a su tarea".

Para el referéndum ilegal del 1 de octubre también se emplearon otros gastos.. Se destinaron casi 35.000 euros a una actividad denominada 'Workshop de expertos Europa' que consistió, según el órgano fiscalizador, en el pago del traslado a Barcelona y los gastos de estancia de 12 personas que realizaron labores de apoyo a los observadores. Otros casi 65.000 euros con cargo a Diplocat sirvieron para costear la visita de una treintena de diputados y eurodiputados nacionales e internacionales a Cataluña entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.