El primer partido de la oposición no ha escatimado en críticas al Gobierno tras un "nuevo varapalo judicial", esta vez asociado al escándalo del rescate de la aerolínea Plus Ultra. El Ejecutivo aprobó el pasado mes de marzo una serie de préstamos por valor de 54 millones de euros dentro de un plan de viabilidad para mantener a flote la compañía que la ministra María Jesús Montero, justificó frente a los ataques de sus rivales políticos. "No dar una ayuda a una empresa que cumple los requisitos es prevaricación", defendió la titular de Hacienda. PP y Vox presentaron sendos recursos para paralizar la operación, y hoy la Justicia les ha dado la razón.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha ordenado suspender la entrega de los 34 millones de euros que forman parte del rescate de la aerolínea, cuyo desembolso estaba previsto para el próximo 28 de julio, al entender que se puede tratar de una "entrega no justificada" que supondría "un menoscabo patrimonial importante", dando la razón tanto a PP como a Vox. En este punto, el jefe de la oposición, Pablo Casado, no sólo ha querido apuntarse el tanto de este nuevo golpe judicial a Sánchez, sino que ha ligado directamente la destitución del ya ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de la compañía aérea.

El pasado sábado 10 de julio, Sánchez ejecutó una remodelación ministerial que se convirtió en una auténtica purga del Consejo de Ministros. Y José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, no se salvó de la quema. Pablo Casado no duda a día de hoy que, con esta decisión -inesperada hasta para el propio Ábalos-, lo que pretendía Sánchez era evitar que el escándalo de Plus Ultra salpicase a su nuevo gabinete ministerial en los dos años que restan de legislatura y que, por ello, decidió sacrificar a uno de sus más fieles peones.

"Su cese no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos", ha expresado Casado este jueves a través de un mensaje en Twitter. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha añadido que el grupo parlamentario exigirá una comisión de investigación en el Congreso para ver "cuál era el objetivo del Gobierno, cuál era el pacto oculto con el régimen chavista", y ha utilizado la resolución judicial para exigir la puesta en marcha de una "autoridad independiente" que "gestione los fondos europeos".

Por su parte, Vox también se ha querido anotar el tanto de la victoria judicial contra el Gobierno y ha solicitado directamente la comparecencia en las Cortes Generales de la nueva ministra de Transportes y sustituta de José Luis Ábalos, Raquel Sánchez, para que dé explicaciones sobre el escándalo en las Cortes Generales. La vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, ha subrayado, además, que la formación política seguirá adelante con la "actuación en los juzgados" para esclarecer las "vinculaciones societarias de los miembros del capital social de Plus Ultra" con el régimen venezolano.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha coincidido con Pablo Casado y ha exigido "más responsabilidades" al Gobierno de Pedro Sánchez al margen de la destitución de José Luis Ábalos. "No pararemos hasta que se sepa toda la verdad y los responsables tengan que pagar por ello", ha advertido la dirigente del partido liberal.

El pasado mes de marzo trascendió que el Gobierno, en una operación urdida por José Luis Ábalos, había decidido rescatar a Plus Ultra. El 47% de las acciones de la aerolínea, según adelantó Vozpópuli el pasado mes de marzo, pertenecen a la sociedad Snip Aviation, presidido por Rodolfo José Reyes Rojas, un empresario de la órbita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.