La representante legal de Repsol, compañía imputada en el caso Villarejo como persona jurídica, ha defendido este lunes ante el juez Manuel García-Castellón que la compañía contrató en 2011 los servicios de la empresa Cenyt del comisario jubilado e investigado por su prestigio y porque era la elegida por otras grandes empresas del Ibex 35 para asuntos de seguridad corporativa.

María Díaz Aldao, gerente de Asuntos Penales y Prevención Legal en la energética ha argumentado, como adelantó El Independiente, que CaixaBank (también investigada como persona jurídica en el caso Tándem) y la petrolera decidieron compartir el servicio de seguridad corporativa contratado con la empresa Cenyt para amortiguar los posibles efectos de los movimiento de Luis Del Rivero, consejero de la compañía y presidente de Sacyr que quería hacerse con el control de Repsol de la mano de la mexicana Pemex adquiriendo el 30% de las acciones de la compañía española sin presentar una OPA.

La representante de Repsol ha asegurado a preguntas de los fiscales Anticorrupción que ni el expresidente de La Caixa Isidro Fainé ni el presidente de Repsol Antonio Brufau -investigados en la causa por presunto cohecho- sabían quién estaba detrás de Cenyt. Fue el jefe de Seguridad de Repsol y expolicía Rafael Araujo, según ha declarado Díaz Aldao, quien eligió a la compañía sin saber que Villarejo estaba en aquél momento en activo en el Cuerpo Nacional de Policía.

Precisamente la acusación particular que ejerce Del Rivero en la pieza 21 del caso Tándem (denunciando que el comisario accedió al tráfico de sus llamadas y a información personal suya y de su familia) se basa, igual que la de la Fiscalía Anticorrupción, en que quien contratara a Villarejo para realizar labores de investigación desde su empresa mientras estaba en activo en la Policía pudo incurrir en delitos de cohecho y revelación de secretos.

La línea de defensa de Repsol va en la línea de que Araujo decidió contratar a la empresa de Villarejo porque éste le insinuó que iba a trabajar para el presidente de Sacyr en contra de los intereses de la energética y decidió adelantarse, como adelantó este diario.

Continuará la declaración de CaixaBank

Este lunes también ha comenzado la declaración de Ignacio Redondo Andreu, el representante legal de CaixaBank, también investigada por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos por el contrato suscrito conjuntamente con Cenyt. Cada una de las compañías pagó 160.000 euros a la empresa del comisario cumpliendo con un contrato que fue verbal puesto que se permitía en aquél momento, según han defendido ambas compañías.

En la línea de la declaración del expresidente de CaixaBank, el representante legal de la compañía ha defendido que se sumaron a la contratación de Repsol después de que Brufau se lo propusiera a Fainé porque les pareció que tenía un interés estratégico para ambas compañías.

En este sentido, Repsol reconoce que, como se recogió en un informe interno de la compañía al que los investigadores dan mucha importancia, los presidentes de ambas empresas hablaron de la necesidad de compartir servicios de seguridad corporativa. Sin embargo, la representante legal de la compañía defiende que en ningún momento Brufau y Fainé mencionaron a la compañía Cenyt porque no sabían cuál era la compañía elegida, algo de lo que se habría encargado el jefe de Seguridad Araujo.

El juez Manuel García-Castellón ha interrumpido las comparecencias de ambos representantes legales que se han prolongado durante casi cuatro horas y retomará este martes -salvo cambios de agenda de última hora- tomando declaración al representante legal de CaixaBank cuya declaración no finalizó.