El Gobierno da por conseguida la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos frente a la postura de los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que mantienen que el dinero desembolsado no ha servido para cerrar la brecha retributiva en su totalidad y que siguen sin cumplirse cláusulas clave del acuerdo firmado antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

En respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del grupo mixto Pablo Cambronero, el Ejecutivo asegura que "sí se ha llevado a cabo la equiparación salarial" firmada el 12 de marzo de 2018 "gracias al esfuerzo y la gestión del actual Gobierno y del actual equipo del Ministerio del Interior", liderado por Fernando Grande-Marlaska. "El Ejecutivo anterior sólo había formulado un acuerdo genérico sin haber realizado una gestión de cómo llevarlo a cabo tanto en el plano presupuestario como en el plano operativo", reprocha.

El histórico acuerdo firmado en marzo de 2018 por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), con los representantes de cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y de siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, Unión de Oficiales, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) preveía el desembolso de 807 millones de euros en tres años para saldar la diferencia salarial con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. Ese dinero se ha abonado en las anualidades previstas (310 millones en 2018, 250 millones en 2019 y 247 millones en 2020) y ha permitido reducir la desigualdad retributiva de forma notable, pero ha sido insuficiente para lograr el objetivo anunciado.

Según las estimaciones realizadas por algunos sindicatos representativos del Cuerpo Nacional, un policía nacional sigue ganando hoy 569 euros menos al mes que un mosso si se prorratean las pagas extras y se incluyen otros conceptos que perciben los funcionarios de la Generalitat, como los servicios extraordinarios.

Para hacer posible en su momento el acuerdo a la vista de las diferencias entre lo que se exigía y lo que se ofrecía, el anterior equipo de Interior se comprometió a contratar los servicios de una auditora externa que fijara "criterios objetivos de análisis" para garantizar que los 807 millones prometidos suponían la igualdad salarial "total y absoluta". "Dicha consultoría analizará las cifras de equiparación puesto a puesto y fijará las correcciones que sean necesarias, que serán incorporadas una vez finalizado el trabajo de la consultora", detalla la cláusula primera.

En su respuesta a la pregunta del diputado Cambronero, el Ejecutivo mantiene que la compañía contratada para realizar dicho trabajo -Ernst & Young Abogados SLP- certificó que el cálculo de los 807 millones de euros realizado por la Secretaría de Estado era "correcto y ajustado a la realidad retributiva existente", de lo que se deduce que no se plantea someter a revisión la cantidad ya pagada por si no se hubiera corregido la brecha íntegramente.

807 millones: ni un euro más

Como informó El Independiente, Interior devolvió el primer informe que le presentó la auditora externa después de que ésta concluyera que el montante comprometido no alcanzaba para igualar las nóminas de policías nacionales y guardias civiles con las de los Mossos d’Esquadra. "En nuestra opinión, la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva", se lee en las conclusiones del primer dosier entregado por Ernst & Young a la Secretaría de Estado de Seguridad.

En opinión de la auditora, Interior incluyó en su cálculo varios conceptos de manera errónea y que, "de no haberse tenido en cuenta", habrían arrojado una cantidad superior: los pluses de vestuario y residencia y la acción social, dado que tienen un "carácter indemnizatorio" y en consecuencia "no debiera ser considerado como retribución".

Dicho trabajo fue devuelto con el argumento de que no se ajustaba al pliego de condiciones que reguló el concurso, dándole 45 días hábiles a la multinacional para que rehiciera el trabajo. La instrucción expresa que se dio entonces a los técnicos es que debían ceñirse en sus cálculos a la citada cantidad de 807 millones, lo que distorsionaba el espíritu de la cláusula primera del acuerdo: analizar las cifras puesto a puesto y fijar las correcciones que fueran necesarias a fin de que la equiparación fuera "total y absoluta".

"Tal y como nos ha sido requerido por la Secretaría de Estado de Seguridad, nuestro informe parte de la interpretación de la Administración contratante consistente en que ‘los 807 millones acordados entre las partes firmantes del Acuerdo’ son el ‘marco total y absoluto’ del que debe partirse para ejecutar los servicios incluidos en el pliego por parte de Ernst & Young", se detalla en los antecedentes del segundo y definitivo informe. Éste sí fue recepcionado por Interior.

El Gobierno asegura que sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han "verificado" que se han cumplido los términos económicos del acuerdo de 2018

Existe otra circunstancia que cuestiona que el cálculo de los 807 millones sea preciso. Como hicieron constar los técnicos de la consultora, el informe no detalla "las percepciones retributivas individuales por puesto" dado que las solicitudes de información fueron ninguneadas por la Generalitat. De esta forma, no dispusieron de datos esenciales para llevar a cabo la comparación de manera adecuada.

El Gobierno recuerda que el acuerdo incluyó la creación de una comisión técnica de seguimiento tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil y que tanto los sindicatos como las asociaciones profesionales "han verificado el cumplimiento de los términos económicos del acuerdo" en dichos órganos. Los representantes de los agentes han certificado que se han abonado los 807 millones prometidos en su momento, pero ni han dado nunca por definitiva dicha cantidad ni siquiera se han puesto de acuerdo en cómo debía llevarse a cabo el reparto entre los dos cuerpos.

Al margen de si el montante de los 807 millones es suficiente para eliminar las diferencias retributivas con los Mossos, Interior sigue sin dar cumplimiento a otras dos cláusulas firmadas por Zoido con los representantes de policías y guardias civiles. Una de ellas es la relativa a la consignación de una partida anual de 100 millones de euros durante el trienio 2018-2020 para incentivar el reingreso al servicio activo del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada. No se ha dotado a fecha de hoy "cantidad alguna", como ha certificado el secretario general del Consejo de Policía. 

Proposición de ley del PP

Tampoco se ha producido avance alguno en relación con el impulso de las medidas legislativas al que se comprometía el ministerio a fin de garantizar que en el futuro no se volviera a producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones, como prevé el acuerdo en su cláusula octava. Es otra de las grandes asignaturas pendientes.

La "falta de cumplimiento" por parte del Ministerio del Interior del compromiso establecido en dicha cláusula octava llevó precisamente la pasada semana al grupo del PP en el Congreso de los Diputados a presentar una proposición con la que plantea la modificación de la Ley orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que se adopten medidas que "impidan la desigualdad en el régimen retributivo".

Los populares proponen la inclusión de un artículo sexto bis en dicha norma que proclame que "las retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y autonómicas serán en todo caso iguales", que ninguna administración pueda acordar "aumentos" salariales que excedan el límite fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para estos funcionarios y que no pueda percibirse "participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las administraciones públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas".

El eventual incumplimiento por parte de Interior de las citadas cláusulas del acuerdo firmado en marzo de 2018 por el anterior equipo está avalado por el Consejo de Estado. La comisión permanente dictaminó en marzo de 2019 que el acuerdo alcanzado por el equipo de Zoido no resultaba "ni jurídicamente exigible ni vinculante" para los actuales gestores ministeriales.