El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, a que se pronuncie sobre la legalidad del sistema de avales creado por el Gobierno de Pere Aragonés a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que el órgano fiscalizador exige a 34 líderes independentistas por el supuesto desvío de fondos públicos en la promoción del proceso independentista en el exterior a través de las denominadas embajadas catalanas y el Diplocat.

Ante las dudas surgidas sobre la "suficiencia y legalidad de los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas" a los que se han acogido los ex altos cargos del Govern y funcionarios contra los que se ha abierto una instrucción por la supuesta responsabilidad contable que pudieron tener en la promoción exterior del procés, el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, José Manuel Suárez Robledano, ha solicitado a la Abogacía del Estado ante este tribunal un informe "razonado y comprensivo" con carácter urgente para determinar si la prestación de aval con garantía de fondos públicos de la Generalitat de Catalunya constituye "el afianzamiento de las posibles responsabilidades contables" que se sustancian en el procedimiento.

Las principales dudas de la instructora son si se pueden amparar o no "posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave", que asumiría la propia Administración autonómica perjudicada: la Generalitat. Ese aspecto, según trasladan a El Independiente fuentes del órgano, se considera que no se especifica en el decreto del Govern con el que se aprobó el sistema de avales.

El informe de los servicios jurídicos del Estado debe arrojar luz también acerca de si la concurrencia de dolo o culpa grave en las personas de los presuntos responsables está amparada por el decreto-ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo o si, por el contrario, el principio de indemnidad sólo opera en supuestos en los que no concurran dichas imputaciones contables.

"Si, en definitiva, nuestro sistema de responsabilidad contable residenciado en los jueces contables de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña (art. 2 del Estatuto de Autonomía), la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable de los cuentadantes que puedan haber incurrido en responsabilidad contable por dolo o culpa grave, únicos supuestos legales en los que está prevista legalmente dicha responsabilidad reparadora por los perjuicios originados al pueblo de Cataluña y a su erario público, en su caso", añade el escrito.

El Tribunal de Cuentas quiere saber si tiene base legal que se afiance con dinero público el dinero reclamado a quienes pueden tener responsabilidad contable

En los últimos diez días, el Ejecutivo catalán entabló negociaciones con diversos bancos a fin de que avalaran la cantidad reclamada por el Tribunal de Cuentas, pero ninguna de las entidades accedió. Esa situación llegó al Govern a ejercer directamente de avalistas a través del ICF, lo que motivó que tres directivos de este organismo renunciaran a sus cargos para no tener que asumir en el futuro eventuales responsabilidades penales. Vox ya ha presentado una querella contra Aragonés y dos consellers, al entender que destinar recursos públicos a este afianzamiento puede suponer la comisión de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

El órgano supremo fiscalizador de las administraciones públicas acordó la pasada semana conceder un margen de 48 horas para iniciar el procedimiento de embargo de los bienes de los líderes independentistas a los que investiga por posible responsabilidad contable derivada del presunto uso irregular de fondos públicos para la promoción del proceso independentista en el extranjero. El plazo ha expirado sin que se haya cubierto la cantidad totalmente, según han confirmado fuentes del Tribunal de Cuentas.

4,4 millones formalizados

Los ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña habían formalizado a última hora de la tarde de este lunes avales por 4,4 millones de euros de los 5,4 millones reclamados. Las fuentes consultadas por este diario han informado de que, de los 34 ex altos cargos y funcionarios, 32 han atendido el requerimiento del Tribunal de Cuentas y han presentado avales, dinero en efectivo o bienes para cubrir la fianza de 5,4 millones fijada en la liquidación provisional. Otras dos personas, cuya identidad no ha trascendido hasta el momento, no han depositado la cuantía que se les reclama y verán embargados sus bienes.

Entre las personas alcanzadas figuran los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras; los ex consellers Andreu Mas-Colell (Economía), Raül Romeva (Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia) y Francesc Homs (Presidencia), y la ex interventora Mireia Vidal.