La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado este miércoles que la Abogacía del Estado elaborará "cuanto antes" el informe que le ha solicitado el Tribunal de Cuentas para determinar si el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) puede avalar la fianza de 5,4 millones de euros exigida a 34 ex altos cargos de la Generalitat por los gastos para las denominadas 'embajadas' catalanas en el exterior.

Interrogada sobre la opinión del Ejecutivo acerca de la legalidad de los avales presentados por el ICF, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en El Escorial, Llop ha señalado que, dado que se trata de un asunto en trámite, "el Gobierno no puede interferir de ninguna manera".

"Lo que sí le puedo decir es que se ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas y que se elaborará cuanto antes, se está estudiando por los Servicios Jurídicos" del Estado, ha indicado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ante las dudas "sobre suficiencia y legalidad" que la instructora Esperanza García ve en los avales presentados por el ICF, fuentes del órgano contable informaron el martes de que se ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.

En cualquier caso, Llop ha defendido que "es un tema que hay que analizar con toda la normalidad", al ser preguntada sobre si este asunto podría entorpecer la nueva etapa de diálogo entre Moncloa y el Govern.

"Es un tema que tiene sus consecuencias jurídicas y eso es lo que tenemos que analizar, lógicamente", ha enfatizado la nueva ministra sobre la causa en el Tribunal de Cuentas.

5,4 millones por responsabilidad contable

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex dirigentes catalanes cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern, si bien todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras -también beneficiado por la medida de gracia- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.