La batalla por la reforma laboral está servida. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en que se derogará antes de fin de año, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe que Bruselas vigila y se resiste a tirarla abajo. El pacto que hizo posible la coalición habla de derogar la reforma de 2012, aunque luego baja a la concreción de lo que se consideran los aspectos más lesivos de la misma y el sector socialista del Ejecutivo quiere vincularla a lo que Nadia Calviño denomina "nuevo Estatuto de los trabajadores del siglo XXI".

Junto con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, esta es otra de las cuestiones que más enfrenta a los aliados. Ha sido motivo de conversación entre Sánchez y Díaz, pero no hay acuerdo más allá de residenciar los cambios en la mesa de Diálogo Social.

Socialistas y populares discrepan sobre el alcance de la reforma

En todo caso, además de la simplificación de los contratos, el jefe del Ejecutivo coincide con las organizaciones sindicales en que "hay que devolver su poder a la negociación colectiva", según ha trasladado en conversaciones privadas y que tras la reforma de Fátima Báñez quedó prácticamente desactivada. Es una manera de contentar a los sindicatos y darles el protagonismo que perdieron en época de Mariano Rajoy, aunque la medida no agrade a la Patronal.

En esto sintoniza Sánchez con su vicepresidenta segunda, que cree que los convenios colectivos y sectoriales deben prevalecer sobre el de las empresas para fijar salarios y condiciones laborales. El pacto escrito entre socialistas y morados señala en su literalidad que "derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos". Pero no interpretan del mismo modo el alcance de los acuerdos. Los morados hablan de "derogación" mientras que los socialistas insisten en una reforma parcial.

En concreto y con carácter urgente, el acuerdo alcanzado proponía tirar abajo la posibilidad de despido por absentismo por enfermedad, que ya se modificó, además de suprimir las limitaciones del convenio colectivo y la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Proponían, asimismo, revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos y también había un compromiso explícito para limitar la subcontratación laboral.

Silencio sobre el abaratamiento del despido

Uno de los aspectos del que apenas se habla es del abaratamiento del despido, que fue tan polémico en 2012, aunque ya comenzó en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, y que no parece que ni PSOE ni Unidas Podemos quieran tocar.

Desde el Gobierno insisten en que la reforma -sea total o parcial- "pretende mejorar las condiciones de la contratación", una forma de eludir el hecho de que los trabajadores puedan ser despedidos incluso con 12 días por año trabajado, que se elevan a 20 por causas económicas o técnicas -que es al que se aferran la mayor parte de las empresas- y 33 en caso de despido improcedente.

Europa mira con lupa la reforma laboral española. El Ejecutivo comunitario ya advirtió en su Informe sobre España 2020 de que debía preservar los "logros" de la reforma Báñez y a pesar del tiempo transcurrido, no ha cambiado de criterio.

"Se reconoce que las reformas del mercado de trabajo adoptadas en 2012-2013 para hacer frente a la crisis han desempeñado un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva en empleo que se inició en 2014 -dijo aquel informe- Será importante que cualquier nueva medida se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores», indicaba el Ejecutivo comunitario.

Negociación con los agentes sociales

El Plan de Recuperación y de Resiliencia enviado a Europa para recibir los fondos europeos incluye la voluntad de afrontar reformas tanto del mercado laboral como del sistema de pensiones, aunque sin concreciones. La Comisión exige que se negocie con los agente sociales y que tenga voluntad de permanencia aún en caso de que cambie el Gobierno de color político.