El lehendakari Iñigo Urkullu será hoy el único que acudirá a Salamanca con un acuerdo recién firmado bajo el brazo. Lo rubricó ayer, un día antes de la Conferencia de Presidentes prevista para hoy, su consejero de hacienda y le permitirá ver cómo engordan las arcas de la recaudación de las tres haciendas vascas a partir de ahora. Lo harán en al menos 220 millones de euros más al año. Con ellos, y con el resto de la recaudación, será con lo que se financie el entramado institucional vasco. A ello suma la autorización para fijar en el 0,9%, o lo que es lo mismo, 707 millones de euros, el déficit del Gobierno vasco y su deuda en el 15,6% (12.255 millones de euros). El acuerdo arrancado al Ejecutivo Sánchez incluye además la autorización de un 0,2% de déficit para cada una de las Diputaciones forales.

El Concierto Económico vasco ha vuelto a ser el marco sobre el que el lehendakari ha logrado mejorar la capacidad de recaudación de la Administración vasca. El Ejecutivo de Urkullu lo ha valorado como un nuevo paso para consolidar el autogobierno vasco y apuntalar la que considera su ‘piedra angular’: el Concierto Económico, que ahora ve ampliado su campo de acción. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, no oculta que supone una mejora en la "autonomía financiera" de las haciendas vascas y que supondrá, junto al acuerdo sobre el límite de deuda, una mejora para la recuperación económica y la creación de empleo.

Entre los principales impuestos que ya se recaudan en Euskadi destacan el Impuesto Sobre la renta de la Perseonsa Físicas, el Impuesto de Sociedades y el IVA. Además, existen otra serie de tributos menores que también recaudan las haciendas vascas y a las que ahora se suma el concierto de tres impuestos más. Se trata del impuesto sobre transacciones financieras, el ITF o también conocido como ‘Tasa Tobin’, el Impuesto sobre Servicios Digitales o ‘Tasa Google’ y la recaudación del IVA del Comercio Electrónico.

Como en ocasiones anteriores, también ahora, aunque en menor medida, han surgido las voces críticas por el trato brindado a Urkullu en víspera de la cita de presidentes y presidentas autonómicos. Desde Madrid se han calificado de “cesiones” el concierto de tributos pactado con el País Vasco y el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha cuestionado que “derechos constitucionales”, como el Concierto Económico, puedan terminar convirtiéndose en “privilegios”. Esta vez, incluso la presidenta de Navarra, comunidad con sistema financiero similar, en Convenio navarro, ha cuestionado el proceder, por el tiempo y la forma, en víspera de la cumbre autonómica, de Urkullu.

Recaudación 'delegada' desde 1878

El último gran acuerdo en torno al Concierto Económico fue el suscrito con el Gobierno de Rajoy. En 2016, en plena negociación presupuestaria, el Ejecutivo del PP acordó con el PNV la renovación de la ‘Ley Quinquenal del Cupo’ que regula el procedimiento de cuantificación del pago anual que debe hacer Euskadi por las competencias no transferidas y ejercidas por el Estado en el País Vasco. Unos servicios por los que la administración vasca abona el 6,24% del coste total en España. Aquella renovación, que se encontraba paralizada, permitió actualizar el Cupo vasco.

En el PNV insisten en que el Concierto Económico no es ningún privilegio sino el marco de relaciones financieras establecido en la Constitución con el Estado que también se reconoce en el Estatuto de Gernika. En Euskadi el respaldo a esta norma es trasversal, incluido el PP y el PSE. No sucede así en el resto de España donde las críticas y acusaciones de privilegio siempre han acompañado a los acuerdos económicos y tributarios basados en la ‘singularidad foral’ vasca.

Los dirigentes nacionalistas gustan recordar que el Concierto Económico tiene ya 142 años de antigüedad y que su existencia no es fruto en ningún caso de una “conquista” sino más bien de una “imposición”. El origen del Concierto se remonta a 1878 y el final de las Guerras Carlistas. Hasta entonces en las tres provincias vascas regía un sistema foral de pago de impuestos. Ante la falta de infraestructura y aparato administrativo propio del Estado, el presidente Cánovas del Castillo acordó que fueran las tres diputaciones vascas las que siguieran recaudando los tributos y que posteriormente entregaran la parte correspondiente a las arcas del Estado. Este sistema delegado de recaudación fue pactado el 28 de febrero de 1878. Pese a nacer con vocación de provisionalidad, en 1887 lo ratificó la Reina regente María Cristina avalando el II Concierto Económico vasco.

Protegido por el TC

Después llegaron las sucesivas renovaciones de aquel acuerdo; 1894, 1906, 1925, 1952, 1976, 1981 y 2002. Franco suspendió el Concierto Económico en Bizkaia y Gipuzkoa por considerarlas ‘provincias traidoras’. Esta singularidad financiera fue restablecida en toda Euskadi en la Constitución de 1978 y desde entonces rige las relaciones tributarias entre la Administración vasca y el Estado central.

El Concierto goza además de un refuerzo legal ante posibles recursos. En 2016, tras la presentación de diversos recursos por parte de algunos Gobierno autonómicos, el Tribunal Constitucional estableció que las normas tributarias vascas no podrían ser recurridas ante la Justicia ordinaria. La resolución del TC determinó que sólo él podría resolver los posibles recursos que se presentaran contra las normas aprobadas por las Cámaras territoriales o Juntas Generales de Bizkaia, Álava o Gipuzkoa.