El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que las Comunidades autónomas recibirán 10.500 millones de los 19.500 que se van a recibir de los fondos europeos antes de fin de 2021. Este está siendo uno de los ejes principales de su intervención en la 24 Conferencia de Presidentes que ha arrancado hoy en Salamanca.

Según ha podido saber El Independiente de fuentes asistentes al foro, en una intervención de unos 30 minutos, el jefe del ejecutivo también ha informado de que en los próximos dos días se tramitarán dos órdenes ministeriales para la gestión y control del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con la única ausencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, Sánchez se ha rodeado de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y
Economía Social; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la ministra de Hacienda y Función Pública; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno y la ministra de Sanidad.

El reparto de los fondos europeos es uno de los objetivos de la cita, pero no son pocos los presidentes autonómicos, de distintos signo político, que reclaman un paraguas jurídico para poder aplicar medidas que restrinjan la movilidad y permitan controlar la pandemia. Es el caso del vasco Íñigo Urkullu, del canario Ángel Víctor Torres o del castellano-manchego Emiliano García Page. Y es que los tribunales superiores de justicia están dictando sentencias contradictorias según los territorios.

Críticas de Urkullu y Feijóo

El gallego Alberto Núñez Feijóo ha propuesto una Ley de Pandemias, quejado de que "no se puede dar mejor trato a quien no ha venido hoy aquí", en alusión a Aragonès, y criticado lo que considera de escaso papel en la cogobernanza de los fondos, de modo que las Comunidades van a hacer, poco menos, que "de gestoría para los ministerios".

Por su parte, Urkullu, el primero en intervenir por antigüedad de Estatuto, ha coincidido con Feijóo en que debe haber trabajos preparatorios de estas citas y también reclamado mayor capacidad de gestión de los fondos.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado sus críticas respecto a que las últimas conferencias no se están convocando ni preparando como se debía así como su temor a un reparto "arbitrario de los fondos europeos". Pero sobre todo, ha defendido la fiscalidad de Madrid, entendiendo por armonización una subida de impuestos que afecta a la región. "Estoy en contra de eso que llaman fiscalidad justa que consiste en subirle los impuestos a Madrid", ha dicho, según ha podido saber El Independiente.

Page exige "igualdad" en materia de financiación

También el socialista Emiliano García Page cree que en materia de financiación "los derechos se debe poder ejercer en igualdad de condiciones sea cual sea el lugar de residencia" y alertado del riesgo de que los fondos vayan a proyectos que "consoliden gasto estructural futuro".

El murciano Fernando López Miras ha expresado su preocupación respeto al reparto de los fondos. "Pido al Gobierno central que ejerza una labor de control, justicia y equidad ara que los fondos lleguen a las comunidades cumpliendo una función esencial de cohesión territorial", ha dicho el presidente popular para quien el modelo de las conferencias sectoriales no es válido si "quien vote en contra se quedará su fondos".