Faltaban unos días para las elecciones generales del 20-D (2015) y Fernández Díaz, ministro del Interior y cabeza de lista del PP por Barcelona en aquella cita, realizó una confesión inesperada. "Yo tengo también mi ángel de la guarda (...) Marcelo, llamo al mío. Me ayuda en pequeñas cosas, como aparcar el coche. Y también en las grandes, siempre ayuda", contó en tono relajado al periodista Víctor Amela. El día que La Vanguardia publicó la entrevista, 'Marcelo' se convirtió en tendencia en Twitter.

De existir, el custodio protector no ha podido interceder para evitar que Fernández Díaz sea procesado por el espionaje a Luis Bárcenas. Es una de las 11 personas que previsiblemente se sentarán en el banquillo de los acusados por la Operación Kitchen, el dispositivo desplegado por la Policía durante su etapa como máximo responsable de Interior para robar presuntamente al ex tesorero del PP documentación comprometedora que custodiaba de dirigentes del partido y evitar que llegara al juez que investigaba la pieza separada sobre los Papeles de Bárcenas dentro del caso Gürtel.

"En una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, al parecer, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y máximo responsable político de este departamento, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez Vázquez, quien fuera primero su jefe de gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial", relata el juez Manuel García-Castellón en el auto que dictó el pasado jueves dando por terminada la investigación y acordando la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Es el paso previo al procesamiento.

Después de casi tres años de pesquisas, el titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional sitúa la supuesta responsabilidad en la cúpula de Interior -el titular del departamento y su número dos- y rechaza la existencia de una "trama política" ajena a dicho ministerio tras el operativo. Según la interpretación que hace el juez de los indicios reunidos durante la instrucción, la iniciativa de lo que el comisario José Manuel Villarejo bautizó posteriormente como Operación Kitchen habría sido de Fernández Díaz, que no informó a sus superiores. Ello explica el sobreseimiento de las actuaciones para María Dolores de Cospedal y que no se haya citado a declarar a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP cuando se llevó a cabo el dispositivo policial objeto de la investigación.

Al juicio le quedan meses para que empiece, pero el ex titular de Interior ya ha pagado una condena previa. La dirección del PP encabezada por Pablo Casado, salida del congreso celebrado en julio de 2018 después de que renunciara Rajoy tras prosperar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, precipitó su retirada de la primera línea política. El partido rechazó la posibilidad de que Fernández Díaz formara parte de la lista a las elecciones al Parlamento europeo de mayo de 2019, como aquél deseaba.

El juez acusa al ex ministro de poner en marcha una "misión" para robarle papeles a Bárcenas; él dice que se enteró por la prensa

Entonces hacía varios meses ya que García-Castellón había desgajado una pieza del caso Villarejo para investigar si el Ministerio, en la etapa de Jorge Fernández, había destinado fondos reservados para espiar ilegalmente a la familia Bárcenas Iglesias -el ex tesorero estaba entonces en prisión preventiva- y tratar de robarle documentos que pudieran ser incriminatorios para dirigentes de la formación. Casado no quería asumir riesgos y evitó así que pudiera salpicarle el escándalo.

A esas alturas era conocido otro episodio -no suficientemente aclarado aún- y que tenía también al ex ministro del Interior también como protagonista: las grabaciones de los dos encuentros que en octubre de 2014 mantuvo con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, el magistrado Daniel de Alfonso, en los que hablaban de compartir información para desgastar al independentismo. El contenido de las cintas lo difundió el diario Público días antes de las elecciones generales del 26-J (2016) -en las que Fernández Díaz concurría como número uno por Barcelona en la lista del PP a la Cámara Baja- y el conocimiento de los hechos fue determinante para que Rajoy no siguiera contando con él como ministro del Interior y confiara la cartera al ex alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido.

Fernández Díaz fue una de las personas señaladas por la comisión de investigación constituida en el Congreso de los Diputados a fin de depurar responsabilidades políticas por el uso partidista de los medios de su departamento para desacreditar a dirigentes de otras formaciones políticas, especialmente los independentistas catalanes. "En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez [ex director general de la Policía], por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las Brigadas de Análisis de Revisión de Casos, BARC), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa)", concluyó. El dictamen de los comisionados avalando la existencia de una ‘policía patriótica’ se aprobó en el pleno del Congreso del 21 de septiembre de 2017.

Los SMS a su 'número dos'

Desde el 18 de septiembre de 2020, Fernández Díaz tiene la condición procesal de investigado en el caso Kitchen. En la decisión del juez de llamarlo al procedimiento en calidad de imputado, como le había pedido la Fiscalía Anticorrupción, fueron fundamentales los SMS que aquél envió a su número dos durante el desarrollo del dispositivo con instrucciones precisas. Francisco Martínez protocolizó ante notario esos mensajes y se los entregó a los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional cuando en marzo de 2020 se personaron en su domicilio. Fernández Díaz sostiene que están manipulados.

Años antes ya había tenido que dar explicaciones por Villarejo, uno de los policías procesados ahora en el caso Kitchen. En marzo de 2015, Fernández Díaz destacó los "relevantes servicios" prestados por el comisario ya retirado, entonces en la recta final de su carrera profesional (se jubiló en junio de 2016). Fue al día siguiente de que El País desvelara que el entonces agente encubierto estaba vinculado a una docena de sociedades que sumaban un capital social de 16 millones de euros.

El ministro encargó un informe al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago -entonces en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía y hoy procesado también en el caso Kitchen- que concluyó que Villarejo no incumplía la Ley de incompatibilidades al servicio de las administraciones públicas porque su actividad privada "no supone un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes", "guarda respeto absoluto al horario asignado al puesto de trabajo que desempeñe" y "no tienen relación con asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia". Esa conclusión es rechazada por los fiscales y el juez, que entienden que el policía compaginaba su labor como funcionario con su faceta como empresario sin contar con la autorización correspondiente.

Pablo Casado precipitó la retirada de la política de Fernández Díaz al negarse a incluirlo en la lista de las elecciones europeas de 2019

Cuando Fuentes Gago declaró como investigado en la Audiencia Nacional el 7 de marzo de 2019 reconoció que aquel informe se hizo "con premura", sin que se comprobara en organismos oficiales la información facilitada por el propio policía sobre sus empresas y sin analizar el objeto social de las compañías que controlaba el funcionario. En su opinión, ese documento era un "informe propuesta sin más" que debió haberse acompañado posteriormente de una resolución en la que la Dirección General de la Policía avalara o se desmarcara de sus conclusiones. No se hizo. Y Villarejo siguió con su actividad privada.

Se da la circunstancia de que el comisario más mencionado en los medios de comunicación en la historia de la Policía Nacional había sido condecorado años antes -concretamente en 2012- con una medalla al mérito policial con distintivo rojo, que apareja como recompensa una pensión vitalicia equivalente al 10 % del sueldo base. Era la segunda que recibía esta distinción tras la que le otorgó el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba -ya fallecido- en 2009.

A sus 71 años, Fernández Díaz ha recibido esta semana dos noticias indeseadas. Una es la decisión del juez de colocarlo a un paso del banquillo de los acusados como máximo responsable político del operativo de espionaje a la familia Bárcenas Iglesias, que incluyó el acceso sin autorización judicial al estudio de arte que tenía alquilado la esposa del ex tesorero popular. La otra ha sido la decisión del partido de darle de baja provisionalmente como militante después de décadas de afiliación.

Relación estrecha con Rajoy

Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Barcelona e inspector de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Fernández -reformista de centro- está vinculado a la formación conservadora desde principios de 1983 (entonces AP), tras haber militado en la UCD y posteriormente en el Centro Democrático y Social (CDS). Subdelegado y delegado del Ministerio de Trabajo en Barcelona, gobernador civil de Asturias, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, senador por designación autonómica, Secretario de Estado (primero de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, y posteriormente de Relaciones con las Cortes), diputado y vicepresidente tercero del Congreso, ministro del Interior y nuevamente parlamentario han sido sus responsabilidades entre 1979 y 2019 junto con diversos cargos orgánicos tanto en el PP catalán como a nivel nacional.

Gran parte de ese viaje en el barco de la política lo ha hecho junto a Mariano Rajoy, con el que trabajó y colaboró desde febrero de 1991. En aquella época él era diputado por Barcelona en el Congreso y secretario nacional de Política Autonómica del PP. Rajoy llevaba menos de un año como vicesecretario general del partido -cargo para el que fue designado tras la llegada de José María Aznar a la presidencia de la formación- y era diputado por Pontevedra, cuya Diputación había presidido. Con el tiempo se fue consolidando una sólida amistad.

"Él estaba en el partido en Pontevedra, yo en Barcelona. Estuvimos en las elecciones con Hernández Mancha y ganamos en las elecciones a Miguel Herrero de Miñón y a todos, en fin, y a Rato y estábamos todos juntos en esa aventura política, ¿no? Pero, vamos, ya de empezar junto con él siendo el secretario general del partido, secretario de Política Autonómica y tal y luego en cada ministerio que él ha ido, él es presidente del Gobierno, yo ministro del Interior, en febrero hará 24… y te puedo asegurar que es un hombre, la discreción personificada", detalló a Daniel de Alfonso en la conversación mantenida el 16 de septiembre de 2014 y difundida por el diario Público año y medio después. 

"Míreme a los ojos: ¡No!"

Fue precisamente Rajoy la persona a la que Fernández Díaz pidió que en octubre de 2019 presentara su libro Cada día tiene su afán (Ediciones Península), en el que el que el ex ministro narra su experiencia de 40 años en primera fila política. En su intervención, el ex presidente del Gobierno se mencionó los "injustos ataques" que aquél sufrió como ministro del Interior y dijo que tenía motivos "para estar orgulloso y satisfecho" de su trayectoria política.

En la entrevista en la que el entonces ministro del Interior confesó que tenía un ángel de la guarda, el periodista le preguntó: "¿Seguro que no espía usted a nadie?". Fernández Díaz fue tajante en su respuesta: "Míreme a los ojos: ¡No! Jamás daría esa orden ilegal, ni servidor público alguno la obedecería". Años después, el veterano político está a punto de ser procesado por una operación "parapolicial", según expresión de la Fiscalía Anticorrupción. Él niega que conociera la existencia de un dispositivo de espionaje a Bárcenas y asegura que se enteró por la prensa.