La noticia sorprendió a muchos españoles en plenas vacaciones. 'Juan Carlos I abandona España', titularon los periódicos. "Ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen. Hace un año te expresé mi voluntad y deseo dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones, y a ti como Rey, comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España", escribió el rey emérito a su hijo Felipe VI el 3 de agosto del año pasado según comunicó la Casa Real.

Un comunicado acordado con el que se buscó desvincular al jefe de Estado de los escándalos de su padre. No fue hasta catorce días después cuando se supo que el destino elegido por el rey Juan Carlos para su huída de España tras iniciar la Fiscalía del Tribunal Supremo una investigación alrededor de posibles actividades de corrupción durante su reinado era Emiratos Árabes. La Casa Real confirmó que se había instalado en el país a cuyos dirigentes le une una estrecha amistad.

Pagos millonarios a Hacienda

Un año después, la investigación fiscal que se inició para averiguar si Juan Carlos I cobró una comisión de 100 millones de dólares por mediar en la adjudicación de un contrato de ampliación del AVE a La Meca a una unión de empresas españolas se ha ramificado y sacado a la luz dos delitos posibles fiscales cometidos por Juan Carlos I una vez había abdicado (desprotegido ya de la inviolabilidad como jefe de Estado) y que ha sorteado al pagar más de cinco millones de euros a Hacienda por medio de dos regularizaciones fiscales.

Desde Abu Dabi, el rey emérito recibe los avances de la investigación de la Fiscalía española, cuyos miembros están dispuestos a presentar una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (la única que puede investigarle) si constatan que disfrutó de más fondos depositados en cuentas en el extranjero que no fueron declarados a la Agencia Tributaria, según trasladan fuentes del Ministerio Público a El Independiente.

Denuncia por hostigamiento en Reino Unido

Al cerco del Ministerio Público alrededor del monarca de la Transición se suma también ahora la ofensiva de su examante, la empresaria germano-danesa Corinna Larsen.

En 2012, un accidentado viaje de caza a Botswana (África) en el que Juan Carlos I se rompió la cadera, sacó a la luz su relación extramatrimonial con Corinna Zu Zayn-Wittgenstein (su anterior nombre de casada con el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn). Fue el primer escándalo de una caída en picado del exjefe de Estado español que ha acabado con la decisión de la Casa Real de enviarle fuera de España para desvincularle de la institución.

La pugna entre el comisario todopoderoso José Manuel Villarejo y su principal enemigo, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, hizo aflorar el escándalo mejor guardado por el primero con el que sabía que más daño podía hacer al jefe de los servicios de Inteligencia: el supuesto acoso al que habría sometido a Larsen para que no contara lo que sabía sobre el emérito.

Villarejo fue detenido por delitos de corrupción en noviembre de 2017 e ingresó en prisión preventiva. Siempre achacó su caída a los infiernos a una maniobra del CNI. Meses después de su ingreso en la cárcel, El Español y Okdiario publicaron la grabación de una conversación entre Corinna Larsen y Villarejo en un hotel de Londres en 2015 en la que la mujer afirmó que el emérito pidió una comisión de 100 millones de dólares por mediar en la adjudicación del AVE a La Meca. La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación y la Audiencia Nacional la archivó al considerar que el emérito era inviolable por su condición de jefe de Estado en el momento de los hechos desvelados por Corinna (2012).

El fiscal suizo Yves Bertossa sí que comenzó una investigación por presunto delito agravado contra Larsen, Dante Canónica y Arturo Fasana, dos gestores de sociedades opacas que diseñaron la manera para que Juan Carlos I cobrara los 100 millones saudíes que su defensa relaciona con un regalo entre reyes, desvinculándolos de cualquier contrato, en una cuenta suiza a través de la fundación Lucum de la que era beneficiario.

En la conversación que Corinna mantuvo con Villarejo en 2015 también sostuvo que había sido víctima de un acoso por parte de los servicios de inteligencia españoles y concretamente de Félix Sanz Roldán, que según denuncia la visitó para amenazarla. La empresaria, que ha visto su horizonte procesal complicado por su relación con Juan Carlos I, quien le traspasó a una cuenta de Bahamas 65 de los 100 millones saudíes, ha iniciado una ofensiva contra el exjefe de Estado español en Reino Unido. Le ha denunciado por hostigamiento desde 2012 al considerar que fue él quien envió al exdirector del CNI a amedrentarla.

La investigación de Bertossa

La investigación que inició el fiscal Bertossa alrededor de Corinna Larsen y los gestores Fasana y Canonica ha permitido aflorar fondos millonarios disfrutados por el emérito y no declarados en España con cargo a cuentas suizas vinculadas a las fundaciones Lucum y Zagatka, esta última constituida por su primo lejano Álvaro de Orleans, que niega ante el fiscal suizo y los españoles ser un testaferro.

Además, este último año también se conoció que Juan Carlos I sufragó entre 2016 y 2018 viajes y otros gastos suyos y de miembros de su familia gracias a entregas de dinero que le habría hecho un amigo, el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, a través de una cuenta en la que estaba como titular su ayudante de campo, el coronel del Ejército Nicolás Murga. Gastos en especie muy superiores a los 120.000 euros que tampoco fueron declarados a Hacienda, como exige la ley. Unas operaciones que comenzó investigando la Fiscalía Anticorrupción, pasando a la investigación conjunta del equipo dirigido por el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campo.

Tanto por estos gastos como por los viajes costeados por Zagatka, la defensa de Juan Carlos I reunió 4,4 millones de euros por un lado y 680.000 euros por otro y presentó dos regularizaciones a Hacienda. El rey emérito reconocía así haber incurrido en dos delitos fiscales pero evitaba que se presentara una querella contra él al adelantarse a la reclamación por parte de la Administración Tributaria.