Coincidiendo con la primera reunión bilateral estatutaria Gobierno-Generalitat en tres años, el Ministerio de Política Territorial ha dado a conocer acuerdos con otros territorios al objeto de rebajar la litigiosidad y los recursos al Tribunal Constitucional, pero también para disimular las concesiones que se puedan hacer a la Generalitat. Todo ello a sabiendas de que el foco estaba puesto este lunes en una cita de la que depende la agenda catalana de Pedro Sánchez para los próximos dos años, así como el futuro de los Presupuestos Generales del Estado, con la necesidad de apoyos parlamentarios externos, concretamente de ERC.

En este mes de julio, según informó el ministerio de Isabel Rodríguez, se han alcanzado distintas "soluciones pactadas en el marco de las comisiones bilaterales de cooperación", acaso para dejar claro que este mecanismo de colaboración con el Ejecutivo central no existe sólo con Cataluña sino con el resto de las Comunidades Autónomas y ahorrarse así críticas de otros barones territoriales como la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, en una entrevista este lunes en Telecinco, dijo creer que "todo el mundo sabe desde hace años que hay una hoja de ruta, que hay un camino emprendido por parte de los independentistas que se ha acelerado en los últimos años y, por tanto, cada concesión que se les da siempre es en detrimento de España". 

Reducir la litigiosidad

Son un total de siete territorios, incluido el que gobierna Pere Aragonès, esto es, Cantabria, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Galicia, Asturias y Castilla y León. El pacto alcanza a una serie de normas "sobre las que existían discrepancias por el ámbito competencial constitucionalmente reconocido a cada una de ellas". No se trata, por tanto de traspasos o inversiones en infraestructuras, por poner dos ejemplos, pero sí el intento de trasladar el mensaje de que no sólo Cataluña centra el interés de Moncloa.

El procedimiento de negociación, recogido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), "constituye un instrumento jurídicamente habilitado para que el Gobierno pueda llevar a cabo una cogobernanza eficaz con las comunidades autónomas, bajo la premisa del principio de colaboración", dice el Ministerio de Política Territorial.
Este departamento, "ha promovido, en su voluntad de diálogo y cooperación permanente con las comunidades autónomas, procedimientos que han dado buen resultado".

Con Galicia, el acuerdo es de calado. El Gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo modificó en febrero pasado la ley de salud gallega que habilitaba a las autoridades sanitarias autonómicas a multar a los ciudadanos que se negaran a vacunarse. Fue una iniciativa polémica habida cuenta de que la inmunización no es obligatoria en España. La Xunta de Galicia se compromete a introducir en el texto de la Ley una disposición adicional relativa a la aplicación de las medidas de vacunación "en el marco de las competencias estatales de coordinación general de la sanidad y de la estrategia nacional de vacunación".

Acuerdo tributario renta garantizada de ciudadanía

El pacto bilateral con Cantabria afecta al Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada (Cantabria) por cuestiones competenciales referidas al sobrevuelo. En el caso de Valencia se refiere a la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, de modo que el gobierno de Ximo Puig "se compromete a llevar a cabo modificaciones normativas" reclamadas por la administración central.

Con el Principado de Asturias se trata de un acuerdo parcial en materia tributaria y con Castilla y León afecta a la renta garantizada de ciudadanía, modo que esta "tiene naturaleza de prestaciones de carácter social hasta el importe que correspondería a las personas beneficiarias por dicha renta, sin que en ningún caso constituyan un complemento específico de prestaciones contributivas".

También se acordó ayer este lunes en la reunión bilateral con los representantes de la Generalitat catalana, reducir la conflictividad institucional para intentar arreglar las discrepancias antes de que acaben en el alto tribunal. Isabel Rodríguez expresó su «voluntad de seguir avanzando» y apelado a que Cataluña «no puede quedarse al margen».