El abogado del Estado ha emitido un informe, a petición del presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, sobre los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), entidad financiera pública propiedad de la Generalitat, a los líderes del proceso independentista de Cataluña para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros impuestas por este tribunal. En el escrito al que ha tenido acceso El Independiente, se solicita elevar la cuestión a la Abogacía General del Estado para que sea este órgano el que decida.

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El abogado del Estado-Jefe ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, eleva la consulta a la cúpula, encabezada por Consuelo Castro, abogada general del Estado, para que valore si existe un "posible conflicto de intereses", dado que la petición del informe que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas se ha producido "en el marco de un procedimiento de actuaciones previas en el que esta representación -en referencia a la propia Abogacía del Estado- interviene como parte".

El abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas ha planteado sus dudas sobre la capacidad de la Abogacía de emitir un informe cuando este órgano actúa como parte en las Actuaciones Previas y, a la misma vez, ejerce las funciones de asesoramiento jurídico. Por lo tanto, García Monteys teme que este aspecto pudiese "afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva". El Tribunal de Cuentas manifestó al pedir el informe a la Abogacía del Estado sus "dudas" sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales.

Asimismo, considera que se trata de un asunto de "gran complejidad jurídica, por tener una especial transcendencia social, por afectar a un elevado número de interesados y por su especial interés general, así como por su relevancia jurídica y pública". Un total de 34 antiguos altos cargos de la Generalitat, liderados por los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas o por el ex vicepresidente Oriol Junqueras, consiguieron los avales para cubrir su responsabilidad por los gastos en la promoción exterior de la independencia, realizados entre los años 2011 y 2017, a cargo de presupuestos públicos.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones. A él le siguen la que fuera interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.