Los socios del Gobierno de coalición en Cataluña dejaron entrever sus discrepancias durante la celebración de la mesa bilateral estatutaria que reunió a representantes del Ejecutivo central y de la Generalitat el pasado lunes. Así al menos lo percibió Moncloa tras una cita de algo más de dos horas en la que el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, planteó cuestiones fuera de agenda como los fondos europeos o la exigencia de que se incluyeran en bloque las 56 exigencias planteadas por la Generalitat.

Lo cierto es que la agenda de la cita "se negoció entre la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrá, y no con el vicepresidente", explican fuentes gubernamentales.

No se trataba de puentear a Puigneró, de Junts, frente a la consejera, de ERC. Por decisión del ejecutivo autonómico le correspondía a Vilagrà presidir la delegación catalana, del mismo modo que en la próxima reunión, dentro de siete u ocho meses, será Puigneró el cabeza de delegación. ERC y Junts sortean así su siempre delicado reparto de fuerzas interno, lo que no impide que surjan discrepancias.

Rodríguez y Vilagrà pactaron los cinco puntos del acuerdo, esto es, reducir la conflictividad institucional; que la Comisión Mixta de Transferencias culmine el traspaso de becas y ayudas al estudio; generar un grupo de trabajo para la viabilidad de otros traspasos, reactivar la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales y la Comisión de Inversiones e Infraestructuras. Y a esas cuestiones se atuvo el Gobierno central a pesar de que la propia Vilagrà afirmara en vísperas de la cita que «tenemos 56 traspasos pendientes, los queremos todos y los queremos rápido».

La ministra Isabel Rodríguez cerró agenda con Vilagrá (ERC) y no con Puigneró (Junts)

La realidad es que Puigneró puso sobre la mesa la gestión de los fondos europeos, así como la exigencia de que se negociaran en bloque todos esos traspasos. Respecto a lo primero, les derivaron a las conferencias sectoriales que deciden, precisamente sobre el reparto de esos fondos, y Cataluña se sumó, con retraso, pero se sumó, a la que presidió este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En cuanto al amplio listado de reivindicaciones de la Generalitat, desde Moncloa apuntan que "se irán viendo, no todas, porque algunas son inasumibles", sin mayores concreciones.

Las diferencias entre los socios del Gobierno catalán se reprodujeron en su comparecencia posterior en la librería Blanquerna. En el Ministerio de Política Territorial lamentan que "la versión que quedó de la cita fue la de Puigneró, pero Vilagrà fue más contemporizadora". Y es que el vicepresidente catalán calificó los acuerdos de "insuficientes" para pasar a advertir a continuación que ya pondrían "precio" a su apoyo presupuestario. De hecho, Junts presiona a ERC para aprovechar la "debilidad" de Pedro Sánchez ante la negociación de las cuentas para el año que viene y sacar contrapartidas como la amnistía y un referéndum de independencia.

Será el dirigente de Junts el que presida, esta vez en Barcelona, la próxima bilateral estatutaria, ya en enero o febrero del año que viene, y que no hay confundir con la mesa de diálogo político convocada para la tercera semana de septiembre. No es esa una buena noticia para Moncloa dada la mayor disposición al diálogo de ERC respecto a Junts.

Puigneró presidirá la próxima bilateral en Barcelona

La cita de 2022 servirá para "analizar el fruto de este proceso" pues estará precedida de reuniones de distintos grupos de trabajo, entre los meses de septiembre y octubre, que analizarán otras materias "susceptibles de ser traspasadas". En noviembre, el inaugurado diálogo con la Generalitat continuará en la comisión de Infraestructuras y en diciembre en la de Asuntos Económicos y Fiscales.

En cambio, el vicepresidente se atribuye el éxito del desbloqueo de las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat. Fue él el que, al margen de la bilateral, cerró la negociación con la ministra de Transportes y ex alcaldesa de Gavá, Raquel Sánchez, en una cita fuera de agenda. Esto ha generado malestar en sus socios de ERC. Los de Carles Puigdemont se arrogan todo el mérito sobre un acuerdo que tendrá traducción real, por 1.700 millones de euros de inversión, pero que no culminará hasta dentro de nueve años.