Lejos de calmar las aguas, el parón estival ha enturbiado aún más las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos. La alianza entre los socios de Gobierno se ha ido deteriorando prácticamente desde que Sánchez partiese a Lanzarote para iniciar su descanso veraniego, donde permaneció hasta el pasado viernes pese a la gravedad de la situación en Afganistán, de cuya gestión no tomó las riendas presencialmente hasta el pasado 20 de agosto. Con el jefe del Ejecutivo ya de vuelta a Madrid, la coalición gubernamental regresa al trabajo con la vista puesta en la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Este mismo martes, Sánchez reúne al primer Consejo de Ministros desde el paréntesis vacacional para dar el pistoletazo de salida a cuatro meses de infarto, con el foco puesto en la aprobación de unas cuentas públicas que aseguren el mandato de Sánchez en la recta final de su legislatura, sin perder de vista la recepción de los fondos europeos.

Fuentes de ambos bloques del Gobierno coinciden en que la relación entre la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, es "fluida" y se han mantenido los contactos en las últimas semanas, lo cierto es que la parte socialista del Gobierno prevé retomar las negociaciones de forma activa nada más comenzar el mes de septiembre y mantener el objetivo que ya planteó Moncloa en julio: aprobar las cuentas públicas "en tiempo y forma", lo que implica la presentación de un borrador presupuestario en el Congreso de los Diputados antes de que finalice el mes de septiembre.

Aunque la titular de Hacienda aseguró hace unas semanas que la elaboración de los nuevos Presupuestos se encontraba ya en una fase avanzada, lo cierto es que el Gobierno deberá pisar el acelerador si quiere cumplir con la fecha objetivo y dejar aprobado el proyecto "antes de final de año", como prometió también Pedro Sánchez el pasado mes de junio. Para cumplirlo, el documento deberá ser remitido a las Cortes antes del 30 de septiembre, momento en que daría comienzo una tramitación parlamentaria de unos tres meses de duración.

El ajustado plazo para la presentación de los Presupuestos no es el único desafío que tendrá que encarar el departamento de Hacienda, que deberá abrir un espacio de entendimiento con Unidas Podemos en un momento en que el ambiente entre los dos bloques gubernamentales está especialmente enrarecido a cuenta de los múltiples choques que han protagonizado socialistas y morados durante el mes de agosto. El calor no ha hecho sino dejar al descubierto las grietas entre los socios de Gobierno, que libran una guerra con muchos frentes abiertos y sin aparente solución en el corto plazo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya avanzó que la única línea roja en la negociación será el cumplimiento del acuerdo que las dos fuerzas políticas suscribieron en 2019, aunque se prevén escollos tan importantes como inclusión de la reforma fiscal en las cuentas de 2022 que defienden los morados, y que en el bloque socialista no prevén su entrada en vigor al menos hasta el 2023. Y no será el único: la reforma laboral planea desde hace meses en el cuartel general de Unidas Podemos, así como una ley para la regulación del precio de los alquileres, el despliegue de un amplio programa social o la introducción de propuestas para reducir el precio de la factura de la luz.

Pese a todo, la intención del departamento que dirige María Jesús Montero es cerrar un principio de acuerdo con la formación morada en las próximas semanas para iniciar entonces una ronda por los diferentes grupos parlamentarios, en la que se priorizará a aquellas formaciones "que durante la legislatura han mostrado su compromiso con las políticas progresistas y han apoyado las cuentas otros años", aunque también lo intentará tanto con Ciudadanos como con el Partido Popular, tal y como trasladan fuentes gubernamentales. En otras palabras: Sánchez priorizará las negociaciones con ERC, PNV y Bildu para atar en corto el voto del bloque de investidura, a cuyas formaciones seguirán el resto de partidos minoritarios, como son Más País, Compromís, el PRC, Teruel Existe, Nueva Canarias y el PdeCat, que ya dieron su 'sí' a los Presupuestos de 2021.

La convivencia PSOE-Podemos, a prueba

La convivencia entre PSOE y Podemos se hace cada vez más cuesta arriba para diversos miembros del Ejecutivo. Desde que Moncloa echase el cierre a principios de agosto, las dos fuerzas gubernamentales se han enfrentado por casi media docena de cuestiones que anticipan un inicio de curso 'caliente' en el seno del Gobierno de Sánchez. Ni la gestión de la evacuación afgana, elogiada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y por el presidente del Consejo Euroepo, Charles Michel; ni la tímida recuperación de los puentes diplomáticos con Marruecos ha servido para exhibir unidad entre los dos socios de Moncloa.

El choque de trenes se ha producido especialmente a cuenta de una factura energética desbocada que ha alcanzado máximos históricos en el mes de agosto, y que ha provocado fuertes críticas por parte de Podemos a sus socios de Gobierno por no abrirse a las propuestas de la formación morada para limitar "ya" el precio de la luz, y que han ido desde abordar la creación de una empresa pública de energía hasta la limitación del precio de la energía nuclear e hidroeléctrica a golpe de decreto.

Por el momento, las iniciativas no han convencido al departamento que dirige Teresa Ribera, desde el que argumentan que intervenir los mercados vulneraría las normas de la Unión Europea. "Si algo nos ha enseñado la última década es que, en política, 'no se puede' o 'trae inseguridad jurídica' (...) son los padres", contraatacaba Pablo Echenique en Twitter, el mismo mensaje que ya publicó el portavoz parlamentario de Podemos a mediados de agosto.

Y no ha sido el único motivo de fricción. Las dudas legales en torno a la devolución de cientos de menores inmigrantes a Marruecos que ha avalado el Ministerio del Interior; la subida del Salario Mínimo Interprofesional; el cuestionamiento del acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat que pactó el propio Pedro Sánchez con la Generalitat; o la autorización de la 'opa' de Naturgy que desde Podemos tildaron de "error" han enfriado las relaciones de morados y socialistas, a la espera de que la negociación de los Presupuestos sirva finalmente para volar todos los puentes o para comenzar a reconstruirlos.