La jueza que ha decidido mantener suspendida la devolución de nueve menores a Marruecos acordada por la Delegación del Gobierno de Ceuta por indicación del Ministerio del Interior ha evidenciado que el Gobierno no respetó la ley de Extranjería para tomar la decisión y, por lo tanto, considera que no se respetaron los derechos de los menores.

"Únicamente es posible llevar a cabo dicha repatriación si ésta se realiza con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico", expone la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta en una resolución a la que ha tenido acceso El Independiente. Y, según repasa, dicho respeto no existió en los trámites de la Delegación del Gobierno en Ceuta a los que instó el equipo del ministro Fernando Grande-Marlaska.

"No consta que se haya cumplido con ninguno los preceptivos trámites. No se ha aportado información alguna de los menores afectados que permitan conocer los datos que han determinado su repatriación; no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores; ni a la Ciudad Autónoma pese a asumir ésta la guarda de los menores; ni al Ministerio Fiscal, sin que en modo alguno pueda entenderse que se cumple con los trámites exigidos la mera remisión a Fiscalía del listado de menores que ese mismo día se van a repatriar; y tampoco se ha aportado la resolución motivada susceptible de ser recurrible", expone la jueza en el auto de este martes con el que resuelve las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y la Fundación Raíces.

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha notificado que mantiene la suspensión cautelar urgente de la repatriación de los nueve menores migrantes que fue solicitada por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes.

Esta asociación, junto con la Fundación Raíces, solicitó el pasado 16 de agosto la suspensión de la devolución de 12 menores, pero tres de ellos ya estaban en Marruecos. La jueza acordó que se suspendiera el procedimiento para los nueve que no llegaron a cruzar la frontera, y ahora ratifica esa decisión.

El papel de Interior

La Delegación del Gobierno en Ceuta acordó la repatriación a Marruecos de los jóvenes que llegaron a la ciudad en la entrada masiva del 17 de mayo. Respondió a una comunicación del Ministerio del Interior en la que se "rogó que se procediera a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses y derechos", informó posteriormente Interior.

En la comunicación se mencionaba un acuerdo entre Marruecos y España que la jueza recuerda no puede estar por encima de la Ley 1/1996 de Protección
Jurídica del Menor, ni de la Convención Derechos del Niños de Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989.

Incide en la resolución en que "no puede tomarse en consideración el número de menores que hay en Ceuta con motivo de la situación generada el 17 de mayo para justificar el incumplimiento de las disposiciones legales".

Una vez conocida la decisión de la magistrada del Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta habrá que estar a la espera de si la Ciudad o la Abogacía del Estado la recurren, ya que, tal y como se resalta en el auto, “cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto".